Además de ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podría tener que comparecer ante el Congreso para explicar sus declaraciones en las que aseguró que no se había destinado dinero público para la organización de la consulta independentista del 1 de Octubre, unas sospechas sobre las que se asienta el procesamiento por malversación que pesa, entre otros, sobre el expresident Carles Puigdemont y su exvicepresidente, Oriol Junqueras.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado este jueves una petición de comparecencia de Montoro "para que explique sus afirmaciones sobre que la Generalitat no desvió dinero público para organizar el referendum ilegal del 1 de Octubre".

Ahora, la iniciativa tendrá que conseguir una mayoría de los grupos para que el ministro acuda al Congreso para hablar sobre este tema.

Como el juez Llarena, Ciudadanos se refiere a las declaraciones que hizo el ministro en una entrevista a El Mundo publicada a principios de esta semana, en la que recordó que desde septiembre del año pasado el Gobierno tiene el control sobre el destino de los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat de Cataluña y aseguró que el sistema de control de pagos certificados funciona.

"Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", afirmó Montoro.

Llarena obtuvo una primera respuesta por parte del Ministerio de Hacienda el mismo día de dictar su providencia. El departamento que dirige Montoro afirmó este miércoles que aportará toda la documentación donde se detalla el control de la ejecución presupuestaria.

Según indicó en un comunicado, el ministerio ve "positivamente" la providencia del juez porque le da la oportunidad de aportar todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.

A pesar de la seguridad con la que Montoro sostiene sus declaraciones, desde dentro y fuera del Gobierno se han sucedido las reacciones a la petición de explicaciones que hizo Llarena.

El secretario de Estado de Administraciones Territoriales y responsable de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Roberto Bermúdez de Castro, ha considerado este jueves que pudo haber "otro tipo de malversación" en el 1-O, distinta a un gasto directo o algún tipo de manipulación o falsificación de facturas.

En una entrevista en La Ser, Bermúdez de Castro apuntó que se puede entregar una factura bajo el concepto de "servicios postales", por ejemplo, y luego "derivarla y manipularla" para dedicar el dinero a otro tipo de servicios.

Además, el secretario de Estado ha indicado que la malversación no es sólo gastar dinero. "Son muchas más cosas", ha dicho, como "dejar" un edificio público o gastar luz.

Por su parte, el secretario general del PSC, Miquel Iceta, considera que Montoro "tenía que haber sido más comedido" al negar que se hayan malversado fondos públicos en la organización del referéndum del 1 de octubre.

Iceta ha aconsejado este jueves dejar en manos de Llarena la decisión sobre si ha habido o no malversación.

El origen de la provinencia de Llarena es que, un día después de la entrevista de Montoro, sus declaraciones fueron utilizada por la defensa de algunos encausados por malversación de caudales públicos en la instrucción que dirige el juez en el Tribunal Supremo contra el proceso independentista.

Según el escrito de Llarena, los procesados se basaron "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción".

El pasado mes de marzo, Llarena procesó a 13 políticos catalanes por delito de rebelión. De entre ellos, a seis se les notificó también que serán procesados por  malversación de caudales públicos: Puigdemont (huido en Alemania), Junqueras (en prisión preventiva desde noviembre) y los exconsellers Meritxel Borràs, Carles Mundó (encarcelados y posteriormente puestos en libertad), Lluis Puig y Meritxel Serret (huidos en Bruselas), mientras que al también exconseller Santi Vila sólo enfrenta cargos por malversación.