Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en la sesión de control
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso. EUROPA PRESS - Archivo

El juez del Tribunal Supremo que dirige la instrucción sobre el procès, Pablo Llarena, ha pedido este miércoles por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En una providencia, el magistrado explica su decisión de pedir estas explicacione en el hecho de que varios procesados han declarado ante él esta semana que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017".

Los procesados, prosigue Llarena, se han referido a "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros". Según el juez, los procesados se basan para ello "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.

El ministro de Hacienda así lo aseguró el lunes pasado en una entrevista en El Mundo, donde recordó que desde septiembre del año pasado el Gobierno tiene el control sobre el destino de los 35.000 millones de euros que maneja la Generalitat de Cataluña y aseuguró que el sistema de control de pagos certificados funciona. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", afirmó en El Mundo.

Procesados por malversación

Estas declaraciones contradicen las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.

El pasado mes de marzo, el juez Llarena dictó auto de procesamiento contra 13 políticos catalanes por el delito de rebelión. En siete casos, se añadía también el delito de malversación de caudales públicos. En concreto, para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y otros cinco exmiembros del Govern cuando sucedieron los hechos, los exconsejeros Meritxel Borràs, Luis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.

Hacienda dice que aportará la documentación

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha señalado, además, que aportará a Pablo Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria, según se desprende de un comunicado de Hacienda, que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.

Recuerda en su nota que el Ministerio inició diversos controles presupuestarios a Cataluña ya en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad. "El Ministerio aportará al Juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles".