Desahucios
Uno de los últimos desahucios paralizados en Barcelona. Sindicat de Barri del Poble Sec

Manifestaciones frente a un portal para impedir que alguien a quien le resultaba imposible pagar la hipoteca acabase desahuciado. Activistas haciendo frente a la Policía para evitar que una familia fuese expulsada de su casa. Escenas habituales en los medios durante los primeros años de la crisis que ahora es más difícil ver en la prensa pero que se siguen produciendo. "La emergencia habitacional no solo no se ha solucionado sino que se ha diversificado y ha empeorado", denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, impulsora de una nueva Ley sobre Vivienda que ha llegado al Congreso.

Los estudios que aporta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que entre enero y septiembre de 2017 —aún no hay datos del año completo— se produjeron 4.500 lanzamientos menos que en el mismo periodo de 2013 —primer ejercicio analizado—, pero el número no deja de ser alto: 45.495. Y aunque la tendencia se invirtió después, el primer trimestre llegó a registrar un aumento interanual. El órgano de gobierno de los jueces matiza que su cálculo engloba todos los inmuebles, no solo viviendas, y entre estas, no solo la habitual, pero su información permite hacerse una idea de la gravedad del problema.

La PAH resalta que esas cifras suponen que se produce un desahucio cada ocho minutos, una proporción que hace referencia a los casos que quedan registrados, "porque hay otros que no se contabilizan". "Los desahucios por ocupación, de manera exprés, las negativas a renovación de contratos o el acoso inmobiliario son fenómenos difíciles de cuantificar", señala Luis Sanmartín, portavoz de la Ley de Vivienda de la plataforma.

"En 2013 planteamos una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para solventar los masivos procesos de desahucio que en aquel momento se estaban produciendo porque la gente no podía pagar la hipoteca por la crisis que los mismos bancos había producido. El PP bloqueó nuestras demandas y como resultado tenemos, no solo que la emergencia hipotecaria sigue existiendo, sino que además se ha extendido. Por una parte está tocando a los alquileres y por otra, se ha agravado el tema de la pobreza energética", argumenta Sanmartín cuando se le pregunta por qué cree que es necesaria la normativa que plantean.

Los informes del CGPJ confirman que mientras los lanzamientos hipotecarios se redujeron cerca de un 14%, hasta los 16.992, en los nueve primeros meses del año pasado, los referentes a arrendamientos aumentaron un 3% respecto al mismo periodo de 2016 y rozan los 26.500. "Entre 2013 y 2016 los precios se han disparado un 30%", denuncia el portavoz. Por eso, entre las medidas que proponen se encuentra la del fomento de un alquiler asequible, que contemple, entre otras circunstancias, un marco de regulación de las tarifas que corresponda a los ingresos de la población.

Las iniciativas de la PAH quedan englobadas en otros cuatro grandes bloques: la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios, que los suministros básicos se vean garantizados y promover la vivienda social. Sobre esto último denuncian que en España el parque público apenas supone el 1%, "frente al 15% de la media europea". "Las familias no pueden entrar por propiedad, no pueden entrar por alquiler, se quedan en la calle y no hay un piso público donde realojarlas. Proponemos que los pisos que están injustificadamente vacíos en manos de la banca puedan ser utilizados durante diez años por parte de la Administración para realojos", explica Sanmartín. La organización, acogiéndose a los datos del Instituto Nacional de Estadística, alega que el 30% del total de viviendas están vacías, "más de 3,5 millones"."

"Maquillaje político"

El Gobierno acordó una serie de medidas, como el Código de Buenas Prácticas o la Moratoria Antidesahucios, prorrogada hasta 2020, pero los afectados las consideran ineficaces: "Los datos de las comisiones de seguimiento de estas leyes reflejan que entre todas no han llegado a dar ni un 1% de soluciones permanentes a las familias. Fueron gestos de maquillaje político. El PP habla mucho, por ejemplo, de todas las reestructuraciones de deuda conseguidas pero no explica que cuando el tiempo de carencia pasa, lo no pagado se suma a las nuevas cuotas hipotecarias y además, con intereses. Es pan para hoy y hambre para mañana".

"Nuestras leyes están pensadas sobre todo para corresponsabilizar a los mismos actores que han generado la crisis. Queremos que se obligue a bancos y grandes tenedores de viviendas a alojar de forma temporal en sus propios pisos y mediante un alquiler social a las familias cuya vulnerabilidad esté acreditada por Servicios Sociales", resalta Luis Sanmartín. Por eso reconocen no haber hecho una estimación del coste público que pueden suponer sus propuestas pero aseguran que se trataría del "menos posible". "Estamos rompiendo la lógica perversa que siempre ha existido en el PP de que cuando hay algún tipo de crisis social se hace un traspaso de recursos públicos a entidades privadas y al final siempre es el erario público el que paga los realojos, los bonos de ayuda... Planteamos que por primera vez haya una ley estatal que obligue a bancos y suministradoras a poner recursos para arreglar la situación que ellos han generado". Y agrega: "Además nuestra ley está preparada para que, si hay medidas que desde el Congreso se considera que afectan a los Presupuestos, entrarían en vigor al año siguiente de su aprobación".

Con esta argumentación, la PAH quiere adelantarse a la justificación que el Gobierno puede utilizar en caso de vetar la iniciativa. Siguiendo los trámites parlamentarios, la propuesta de ley, presentada formalmente en el Congreso por Unidos Podemos, ERC, y Compromís y EH Bildu dentro del Grupo Mixto, fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 9 de febrero y remitida al Ejecutivo por la Mesa de la Cámara. Este dispone de un mes para manifestarse al respecto y tiene, según el reglamento, la prerrogativa de impedir su tramitación "si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", según el reglamento del Congreso.

Tradicionalmente, esa capacidad se había entendido referida al ejercicio en curso, para que no afectase a cuentas ya aprobadas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha opuesto sin embargo a iniciativas que afectan también a años posteriores. En lo que va de legislatura ha vetado más de 40 proposiciones de ley de la oposición y de Parlamentos autonómicos. La única forma de superar el veto es que la Mesa de la Cámara baja, donde el PP tiene tres representantes y PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos dos cada uno, lo revierta. En esta legislatura lo hizo en dos ocasiones, y el Gobierno recurrió esa decisión al Tribunal Constitucional. Este aún no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho aún sobre el recurso presentado a su vez por los socialistas por considerar que se está haciendo un uso abusivo de esta potestad.

Sin una negativa gubernamental expresa, la proposición de la PAH pasaría a ser incluida en el orden del día del pleno, donde los partidos aprobarían o no su continuidad. Si llega a esa fase, tendría garantizado al menos el apoyo de los partidos firmantes y posiblemente, el del PSOE, que ha asegurado que apoyará la toma en consideración de la propuesta, y el del PDeCAT. Con esos votos a favor se quedarían a dos escaños de la mayoría absoluta. ¿Qué hará Ciudadanos? La formación naranja alega haber presentado su propia Ley de Segunda Oportunidad, "que da respuesta a los problemas de cerca de 400.000 españoles que han perdido su vivienda o su patrimonio", por lo que se posicionará en contra. "Nuestra propuesta recoge la dación en pago y el alquiler social para familias en situación de emergencia", añaden. El PNV, cuyos escaños, por tanto, podrían ser clave, todavía no ha fijado una posición sobre el tema.

A la espera de saber cuál será la postura del Gobierno, la asociación pide "un mínimo democrático": "No puede ser que una demanda que ponen sobre la mesa los mismos afectados no se pueda ni siquiera debatir. Cuando presentamos leyes en diferentes comunidades y un Parlamento autonómico legisla en favor del derecho a la vivienda, el PP recurre alegando falta de competencias. Frente a ese bloqueo competencial ahora planteamos una ley estatal para ver si tiene la valentía y la altura democrática de dejar que se debata y siga adelante".