El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha emitido un auto en el que deniega el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y diputado electo, Oriol Junqueras, y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, para asistir el martes a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalitat que se celebrará en el Parlamento de Cataluña.

El juez del TS ha desestimado los recursos de reforma que habían presentado los dos citados, más Joaquim Forn (ex conseller de Interior que ha renunciado al escaño), contra el auto de 12 de enero de 2018 en el que declaró la incapacidad legal prolongada de estos investigados para asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña. En el mismo acordó que correspondía a la Mesa del Parlamento arbitrar el procedimiento para que pudieran delegar sus votos en otro diputado, mientras subsistiese su situación de prisión provisional, según ha informado el Tribunal Supremo en una nota de prensa.

En su escrito de hoy, el magistrado reitera los argumentos, basados en el riesgo de reiteración delictiva, que ya utilizó para justificar su medida. Así, señala que "la persistencia y reiteración delictiva que trata de conjurar la medida cautelar de prisión provisional" se vería afectada si se permitiera salir a Junqueras y Sánchez. Esos permisos "resultan irreconciliables" con la actuación social y política de lo imputados, dice Llarena.

Por tanto, tanto Oriol Junqueras como Jordi Sànchez podrán delegar sus votos en el pleno previsto para el martes día 30 de enero, como ya hicieron en el pleno de votación de la Mesa del Parlament, en el que el líder de ERC delegó su voto en la diputada de ERC Marta Rovira y Jordi Sànchez en el diputado de JxCat Jordi Turull.

El juez también ha dictado una providencia en la que requiere al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña para que ponga a disposición del instructor de forma inmediata todos los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones de correo electrónico -personales o por razón de su cargo- de 32 personas relacionadas con la investigación que fueron solicitados el pasado 11 de enero por el instructor.

El magistrado realiza este nuevo requerimiento después de que la policía judicial le haya comunicado que este centro no entregó toda la información solicitada.  En su providencia, el juez añade que se indiquen los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.

La policía judicial pidió correos electrónicos enviados desde 2016 por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el exvicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, entre otros.

Pero esa policía judicial, es decir, la Guardia Civil, ha informado al magistrado de que la cooperación del citado centro no ha sido completa. Por eso, en su providencia de hoy, el juez ha pedido explicaciones al citado centro de la Generalitat de los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.