Un total de 51 personas fueron detenidas el pasado mes de octubre en Madrid, Valencia, León y Murcia en la macroperación contra una trama de corrupción a nivel municipal y regional en la que fue arrestado el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados. Meses después, y tras las elecciones municipales y autonómicas, la investigación continúa con cinco nuevas imputaciones: las de los consejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar, así como de otros dos diputados 'populares' en la Asamblea de Madrid y un consejero murciano, también del PP.
Los implicados otorgaban supuestamente adjudicaciones públicas a empresarios a cambio del cobro de comisiones ilegales. La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, según ha señalado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
El objetivo era conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos —PP, PSOE y los independientes de la UDMA— y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.
¿Quién es quién en la trama?
La trama incluye a funcionarios y políticos de ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia, así como a empresarios del sector de la construcción:
Madrid
Tras esta decisión, Granados, que también fue alcalde de Valdemoro y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.
Granados ostentó tres consejerías en los Gobiernos de la expresidenta regional y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con la que en los últimos dos años ha discrepado en muchas cosas, según ha reconocido él mismo. Fuentes del PP de Madrid han destacado que Granados dejó la presidencia del Partido Popular de Valdemoro "muy poco tiempo después" de dimitir como diputado regional y como senador. Lo hizo "por iniciativa propia", han remarcado las mismas fuentes. Se encuentra en prisión incondicional.
Victoria fue una de las sorpresas del último gabinete de Esperanza Aguirre, donde ocupó el puesto de consejero de Asuntos Sociales, y dio el salto a consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo autonómico cuando González ocupó el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid tras la salida de Aguirre. Desde entonces, Victoria destacó, sobre todo, por su faceta de portavoz autonómico y de 'hombre fuerte' de Ignacio González. Diputado autonómico desde 2008, ha sido presidente del Comité Jurídico del PP de Madrid desde 2008 hasta abril de 2012, cuando fue nombrado presidente del Comité Electoral y actualmente es consejero en funciones de Presidencia y Justicia, portavoz del Gobierno y presidente del Canal de Isabel II.
Figar (Madrid, 1975) es consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid desde junio de 2007 y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Además de su condición de consejera autonómica, es secretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el CUNEF de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido asesora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (1998-1999, durante el mandato de José María Aznar), jefa de gabinete del secretario de Estado de Organización Territorial (2000-2003) y secretaria general de Asuntos Sociales (2003-2004). Fue jefa de la asesoría del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados (2004-2005) e inició su trayectoria en la Comunidad de Madrid como consejera de Inmigración, cargo que ocupó entre 2005 y 2007.
Un mes antes de su detención anunció que no se presentaría como candidato a laspasadas elecciones municipales del 24 de mayo en una decisión "personal" que, sin embargo, desvinculó de ese caso judicial. Tras su detención en el marco de la 'Operación Púnica', el PSOE le suspendió de militancia, dimitió como alcalde y pagó una fianza de 60.000 euros para eludir la cárcel.
Dimitido de su cargo, como regidor participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.
En Parla, también fueron detenidos Antonio Borrego Fortea, jefe de Gabinete del alcalde y Elena Fernández Pérez, ingeniera municipal.
José Miguel Moreno. Este diputado del PP en la Asamblea de Madrid ha sido citado a declarar el 18 de junio en calidad de imputado. Antiguo militante de Alianza Popular, fue alcalde de Valdemoro desde diciembre de 2003 hasta junio de 2011, una localidad en la que impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y regentó las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde del equipo encabezado por Francisco Granados. En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la alcaldía de Valdemoro y Esperanza Aguirre le incluyó en la lista del PP a la Asamblea de Madrid. No formará parte de la nueva Asamblea de Madrid, cuya formación de la Cámara madrileña está prevista para el 9 de junio. Además, Moreno ya estuvo imputado en 2013 por una presunta adjudicación irregular realizada en 2008, durante su época de alcalde de Valdemoro.
Boza se afilió al PP en 2005 y se forjó como político de la mano de Granados, como el propio Boza recordó en su discurso de investidura agradeciéndole el haber sido "el responsable de que yo me hiciera en política".
Dimitió días después de su imputación. Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios. Ingresó en prisión, aunque en diciembre fue puesto en libertad tras pagar la fianza de 25.000 euros impuesta por el juez Velasco de la Audiencia Nacional.
Anteriormente, desde 2004 desempeñó las funciones de asesor del Gabinete de Alcaldía y Jefe de Recursos Humanos, según consta en su perfil de la web municipal. "En la pasada legislatura también ocupó la presidencia y vicepresidencia de diversas comisiones y organismos y, en representación del alcalde, participó en programas y proyectos internacionales relacionados con el transporte, el fomento empresarial, la cultura y la cooperación", añaden en la web. Supuestamente, favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y a otros empresarios. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza de 60.000 euros impuesta por el juez para eludir la cárcel.
Del Ayuntamiento de Valdemoro también han sido detenidos José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal y Alfredo Ovejero López, jefe de Gabinete.
El PP justificó su decisión basándose en la "gravísima" situación económica del municipio tras 16 años de gestión de IU, formación que hasta la moción de censura gobernaba en minoría. El ahora alcalde daba el paso después de que, a su entender, el Gobierno local remitiese al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Plan de Ajuste con el voto presuntamente 'falseado' del Pleno municipal. Días antes de ser investido como alcalde, Rodríguez Sanz declaró que primaría "el hacer las cosas dentro del marco legal y respetando las normativas".
Se puso totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilitó a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. Quedó en libertad sin pasar por prisión ni tener que abonar ninguna fianza, pero con la obligación de comparecencia mensual.
Hay evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely. Dimitió de su cargo y quedó en libertad bajo fianza de 40.000 euros con comparecencia mensual.
Es cuñado de David Marjaliza. Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a sus sociedades. Estaría articulando un procedimiento para adjudicar a una empresa del grupo de Marjaliza unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. Fue de los primeros en dimitir de su cargo. Quedó en libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros.
El juez decretó su ingreso en prisión un día después de ser sorprendido cuando intentaba llevarse documentación del Ayuntamiento, eludible bajo fianza de 60.000 euros, que no fue capaz de pagar. Posteriormente, el juez rebajó la fianza a 25.000, una cantidad que sí abonó y que tras la cual quedó en libertad.
También fue detenido en este ayuntamiento Marco Durán Benítez, técnico municipal.
Quedó en libertad sin pasar por prisión ni tener que abonar ninguna fianza, aunque con la obligación de comparecencia mensual.
José Martínez Nicolás. Era el Consejero Delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió poco después de ser detenido en el marco de la 'operación Púnica'. Estaba al frente de esta agencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo, que dirige Salvador Victoria, también imputado en el marco de la misma operación. Fue nombrado para este cargo en diciembre de 2007, y entre otras funciones de las que es responsable figura la "prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos", según figura en su perfil publicado en la web de la Comunidad.
Participó en la trama de facturas falsas que se empleaban para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Quedó en libertad sin necesidad de abonar fianza, pero con la obligación de comparecencia mensual.
José Manuel Casado. Técnico municipal del Ayuntamiento de Collado-Villalba.
Posteriormente fueron detenidos Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado, responsable económico el primero, y comercial, el segundo, del diario El Faro de Guadarrama. Supuestamente participaron en el pago de los cohechos vinculados al contrato de eficiencia energética de Collado-Villalba por valor de 39,4 millones de euros, actuando de interlocutores entre el Ayuntamiento y Cofely. En libertad con cargos y fianzas de 6.000 euros.
Entre otros detenidos se encuentran Antonio Cándido Ruiz García, administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos (PP), Alejandro Utrilla Palombi, concejal de Medio Ambiente de Móstoles; y Marco Durán Benítez, técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP).
León
Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupaba la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial y ostentaba hasta su implicación en la Púnica la vicepresidencia primera, así como el cargo de delegado para las áreas de Educación y Apoyo a la Emigración.
Su salida de la Diputación de León no fue fácil: ante su negativa dimitir y una vez ingresó en prisión, el PP anunció a principios de noviembre mociones de censura tanto en la Diputación como en Cuadros, ya que veía "absolutamente inviable" gobernar una institución desde la cárcel. Dimitió días después de su cargo como presidente de la Diputación, así como del de alcalde de Cuadros, pero decidió mantener sus actas de diputado y concejal.
El pasado mes de diciembre quedó en libertad tras abonar una fianza de 30.000 euros para poder salir de prisión. Después de salir de la cárcel, volvió al pleno de la Diputación que presidió para ocupar uno de los escaños reservados para el grupo de los no adscritos.
Manuel Jesús López Sánchez. Interventor de la Diputación de León, fue imputado en la operación Púnica por haber favorecido a sociedades del empresario valenciano Alejandro de Pedro en la estación de esquí de San Isidro. "Se trata de un problema de gastos pero desconozco más detalles, a mí sólo me han informado de esta decisión a los efectos de que nombre abogado pero de momento nada más, que yo sepa", aseguró tras su imputación al diario ileon.com. Fue puesto en libertad el pasado mes de febrero con la imposición de una fianza de 30.000 euros.
Entre los detenidos también se encuentra el empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y fraude como "conocedor y cooperador necesario". Fue puesto en libertad con la obligación de comparecencia mensual.
Murcia
Tras su detención, el PSOE le suspendió de militancia por su presunta implicación en la trama: "La dirección regional ha solicitado desde el minuto uno a la federal que sea suspendido cautelarmente de militancia hasta el momento en que se aclare su situación legal", indicó la secretaria de Organización del PSRM, Presen López.
En un comunicado, López precisó que Alonso era "únicamente militante de base del PSOE y no ocupa desde hace muchos años cargo orgánico alguno en el partido".
Según la investigación, Alonso era el supuesto 'cabeza' de un entramado de tráfico de influencias, se concertó con autoridades en Madrid, Murcia y León para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas. Junto a Alejandro de Pedro, participó en su estrategia de mejorar la reputación en Internet de políticos. Quedó poco después de su detención en libertad con cargos.
Se encargaba de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado a Alejandro de Pedro, articulando con éste la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que son redactadas y facilitadas por él. Quedó en libertad con la obligación de comparecencia mensual.
Samper salió de las dependencias de la Guardia Civil "en libertad, como en libertad había acudido y que no puede calificarse de provisional, pues es la misma que tiene cualquier ciudadano en plenitud de derechos", añadió su abogado.
Empresarios
David Marjaliza. Empresario vinculado a la gestión inmobiliaria se define en su página web como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada". Está considerado como el "conseguidor" de la trama y se encuentra en prisión incondicional.
'Cabeza' de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal desmantelada. Se benefició de sus relaciones personales y políticas para lograr adjudicación irregulares para sus empresas y las de otros, por lo que recibía también comisiones. Creó un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios lícitos y delictivos de su actividad empresarial. Con ello intentaba dificultar que se le vinculara con las adjudicaciones que recibía en concierto con autoridades públicas y funcionarios corruptos.
"A pesar de los años continúo con la misma energía y ganas de mejorar cada día, de ahí surge esta web en la que os informaré de todos mis movimientos, negocios e inversiones", argumenta Marjaliza en su web, quien destaca la "profesionalidad" y el "trabajo" como "las constantes que han marcado" su vida.
Ha sido gestor de lo mercantil y administrador de las empresas Centro de Radiología y Resonancia Magnética Abierta de Valdemoro S.L., Centro Médico Valdemoro Plaza S.L., Tiare Inizia S.L., Zambra Patrimonio S.L., Anahid Gestión S.L., Thupkal Games S.L., Herederos de Riaza S.L., Arauna Corporación y Consulting S.L., Inversiones y Estudios Urbanos S.A., Adema Gestión S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L. y Lizamar S.L., según consta en su página web. En este espacio, el empresario indica que comenzó su carrera, "muy vinculada a la gestión inmobiliaria", a finales de los ochenta.
Dentro de las empresas controladas por Marjaliza también han sido arrestados su secretaria, Ana María Ramírez; sus administradores Antonio Cándido Ruiz y Antonio Serrano Soldado; el administrador de Walter Music José Luis Huerta Valbuena y el empresario de obra civil Eduardo de la Peña.
Fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales de 2011. no de los 'conseguidores' de la trama. Es también la 'cabeza' de otro importante entramado de tráfico de influencias alternativo al de Marjaliza. Presta servicios en Internet para 'prestigiar' autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto. Estos trabajos le abrían una red de contactos con autoridades que le facilitarían la contratación en otros sectores (para sí o para otros) en Murcia, León y Madrid. Se encuentra en prisión incondicional.
Dentro del entramado de Alejandro de Pedro han sido detenidos Francisco Javier Bueno González, trabajador de Madiva y el socio de Llorca y exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa.
Empresa Cofely. Cuatro altos cargos de esta empresa energética han sido detenidos en esta trama de corrupción. Según fuentes de la investigación a la Agencia Efe, los agentes han detenido a los directores general (Didier Maurice) y comercial de la citada empresa, radicada en Madrid, así como a otros dos altos cargos. Se trataría, según las mismas fuentes, de una de las empresas donde "pivotaría" toda la trama de corrupción municipal y autonómica investigada.
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