El exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional, Francisco Granados,ha cumplido este sábado 100 días preso en la cárcel de Estremera, el centro en cuya inauguración participó en julio de 2008 y donde permanece desde el pasado 31 de octubre por haber dirigido presuntamente una "organización criminal" dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos desarticulada en la 'operación Púnica'.

Granados, exhombre fuerte de Esperanza Aguirre, fue detenido el 27 de octubre por agentes de la Guardia Civil y cuatro días después ingresó en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como acusado de delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

El antiguo consejero de Presidencia, Justicia e Interior entró en el centro penitenciario de Madrid VII, la última cárcel creada en la región—entonces durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior—por ser el supuesto cabecilla de una trama de corrupción municipal y regional junto a los empresarios "conseguidores" David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

El ex 'número dos' del PP madrileño negó en su declaración ante el juez Velasco haber participado en esta trama y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad del empresario y presunto 'conseguidor' Marjaliza, según fuentes de la defensa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decretó prisión incondicional para Granados por formar parte de una "organización criminal" y ser el "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".

De igual modo, el juez destacó que existen indicios de que "a lo largo de su carrera pública" el exmandatario 'popular' habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo, de forma que tomó parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio".

La investigación ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a las labores de mediación desarrolladas por el exdirigente 'popular'.