El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, Lucía Figar, dimitieron este jueves de todos sus cargos en el Ejecutivo regional y en el Partido Popular a fin de que su reciente imputación en la 'operación Púnica' no obstaculice el acuerdo con Ciudadanos para que Cristina Cifuentes sea investida como presidenta autonómica.

Victoria anunció su marcha a través de un escrito en el que reiteró su "honestidad política" y la "falsedad" de las acusaciones contempladas en la investigación de la Guardia Civil, que trata de averiguar si formó parte de las "redes clientelares" y de sobornos destapadas en los últimos meses en distintos ayuntamientos de la región. Asimismo, declaró su intención de no ser "un impedimento" para la formación de un gobierno popular en Madrid.

La consejera Figar prefirió despedirse en un desayuno con varios periodistas, a los que aseguró que su retirada -como la de su compañero- estaba programada desde hace tiempo. "Lo que no quiero es perjudicar lo más mínimo el Gobierno de Cifuentes [...] Tengo la conciencia tranquilísima. No quiero que se nos utilice como excusa", concluyó.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco fijó el pasado martes la comparecencia de los dos responsables públicos para el próximo 26 junio. Las autoridades les atribuyen la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Victoria habría ordenado el pago de cantidades de dinero a empresas de la Púnica a través de distintos contratistas de la Comunidad de Madrid, mientras que Figar contrató los servicios de la red para mejorar su imagen personal en Internet y en las redes sociales.

La imputación de ambos abrió una falla en las negociaciones entre la cabeza de lista del PP y ganadora de las pasadas elecciones autonómicas, Cristina Cifuentes, y el líder regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Este calificó la situación de "inaceptable" y reclamó a la exdelegada del Gobierno la ruptura con el sector del PP bajo sospecha y la adopción de medidas inmediatas.

El miércoles, Cifuentes desplazaba la responsabilidad hacia Ignacio González, presidente de la Comunidad en funciones, y Esperanza Aguirre, presidenta del partido en Madrid: "Yo pido que a mí se me pidan responsabilidades por mi lista. Deben asumir las consecuencias. Es algo que se debe preguntar al presidente de la Comunidad, que es a quien corresponde. Y a la presidenta del partido, por su condición de afiliados".

Solo 24 horas después -48 desde el anuncio de su nueva situación procesal-, Victoria y Figar han abandonado sus cargos tanto en el Ejecutivo como en el PP de Madrid, donde ostentaban los puestos de presidente del Comité Electoral y secretaria ejecutiva de Comunicación. Figar es, a su vez, miembro de la junta directiva nacional del partido, lo que no ha impedido a Génova mover ficha ante la posibilidad de perder una plaza como Madrid.

El abandono supone un duro golpe para sus valedores. Salvador Victoria, que ha actuado como asesor jurídico del PP y de la Comunidad de Madrid, es un hombre de confianza de Ignacio González, que le aupó al Ejecutivo de la Comunidad en 2011 y le convirtió en su mano derecha y portavoz al año siguiente. La relación de Lucía Figar con Esperanza Aguirre es aún más estrecha, ya que la expresidenta y la madre de la ya exconsejera mantienen una relación de amistad desde hace décadas. Figar ha sido la encargada de desarrollar el cuestionado programa de bilingüismo en las aulas, la libertad de elección de centro y los planes de impulso a la educación concertada y privada. Su nombre llegó a sonar como relevo de la propia Aguirre y como futura ministra de Educación.

Para Cristina Cifuentes y para el PP de Madrid, en cambio, la renuncia es un balón de oxígeno. La candidata necesita sumar a sus 48 parlamentarios los 17 de Ciudadanos para asegurarse la investidura como presidenta. La aspirante se reunierá el lunes que viene con Ignacio Aguado en un encuentro que será definitivo. Si Cifuentes se compromete a adoptar las medidas de transparencia y contra la corrupción que Ciudadanos le plantea, las conversaciones avanzarán hacia las propuestas de ámbito económico y social. En caso contrario, Aguado ofrecerá un acuerdo a Ángel Gabilondo (PSOE), que solo necesita el respaldo de Podemos más un diputado de Ciudadanos para alcanzar la Real Casa de Correos.

Además, el partido de Albert Rivera es decisivo para entregar la Alcaldía a los populares en siete ayuntamientos: Majadahonda, Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Colmenar Viejo, Sevilla la Nueva y Humanes.

En total, la Guardia Civil investiga a unos 200 altos cargos y funcionarios de más de 40 localidades madrileñas en esta segunda fase de las pesquisas, como adelantó 20minutos. Entre los municipios bajo sospecha están seis gobernados por miembros de la lista de Cifuentes: Getafe (Juan Soler), Boadilla (Antonio González Terol), Torrejón de Ardoz (Pedro Rollán), Alcobendas (Ignacio García de Vinuesa), Alcorcón (David Pérez) y Móstoles (Daniel Ortiz).

El equipo de Cifuentes advierte de que esas pesquisas no significan ni que vaya a haber nuevas imputaciones ni que la gestión de los alcaldes esté en entredicho.