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Los consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, imputados en la Operación Púnica

El juez Eloy Velasco ha imputado al consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria, y a la consejera de Educación, Lucía Figar, en una nueva fase de la investigación de la 'Operación Púnica'. A ambos se les atribuye supuestos delitos de malversación y prevaricación y deberán declarar este mes de junio.

Los cinco son aforados, al menos hasta la constitución de las nuevas Cámaras

Además de Figar y Victoria, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido también llamar a declarar como imputados a otros tres cargos populares: dos diputados en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla; y el consejero de Industria y Turismo de Murcia, también del PP, Juan Carlos Ruiz. La declaración de Utrilla será el 11 de junio, la de Moreno el 18 de junio y la de Ruiz el 22 de junio.

Según adelantó la Cadena Ser, los investigadores vinculan a Victoria en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad de Madrid, señalado por José Martínez Nicolás, exjefe de la Agencia de Informática de Madrid, quien asegura que ordenó el cobro de 120.000 euros en negro a la empresa Indra y habría pagado 10.000 euros en B en un sobre al empresario Alejandro de Pedro.

Figar asegura no tener citación de la Audiencia

A Figar, por otro lado, se le acusa de contratar con De Pedro por 80.000 euros para mejorar el posicionamiento online de su acción de Gobierno y para crear una web que divulgase los estudios universitarios ofrecidos en la Comunidad de Madrid. Figar ha asegurado no tener "ninguna citación" de la Audiencia para comparecer como imputada por la trama Púnica, caso en el que la Consejería "está colaborando" con la justicia desde hace meses, según fuentes de la Consejería.

"La Consejería está colaborando con el juzgado, se remitieron hace meses los expedientes completos de los contratos, de unos 1.900 euros mensuales, y la acreditación de los servicios prestados, todo debidamente fiscalizado por la Intervención".

El magistrado investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la operación Púnica. Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.

Los cinco están aforados

Los cinco nuevo imputados son aforados y en el caso de que llegada la fecha de la declaración siguieran teniendo esta condición, su citación se pospondría, puesto que la Audiencia Nacional no sería competente para tomarles declaración. Sin embargo, ninguno se han presentado a las últimas elecciones autonómicas y, por lo tanto, perderían el fuero en el momento de la constitución de los nuevos Parlamentos regionales.

La formación de la Cámara madrileña está prevista para el 9 de junio y de ella no formarán parte los hasta ahora diputados Utrilla y Moreno. Utrilla es miembro del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y  alcalde del municipio madrileño de Sevilla La Nueva desde 2007, donde su partido presentó a otro candidato, Asensio Martínez, en las elecciones del pasado 24 de mayo.

El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" José Miguel Moreno, antiguo militante de Alianza Popular, fue alcalde de Valdemoro desde diciembre de 2003 hasta junio de 2011, una localidad en la que impulsó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y regentó las áreas de Urbanismo y Obras cuando fue teniente de alcalde del equipo encabezado por Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama junto a su 'número dos' David Marjaliza. En 2011, Moreno anunció que no se presentaría a la reelección a la alcaldía de Valdemoro y Esperanza Aguirre le incluyó en la lista del PP a la Asamblea de Madrid.

El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones". Tanto Victoria como la consejera Lucía Figar no se han presentado en los últimos comicios autonómicos.

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