Cincuenta y una personas, entre ellas el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, han sido acusadas de formar parte de una supuesta trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros.

La 'operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.

La trama de corrupción que ha desmantelado la Guardia Civil estaba "infiltrada" en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, según la Fiscalía Anticorrupción, y operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia.

Entre los detenidos, está Francisco Granados, que fue 'número dos' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011. Granados, que fue también secretario general del PP de Madrid en el mismo periodo, es amigo del empresario David Marjaliza, acusado de ser uno de los "conseguidores" de la trama. Precisamente, la operación ha sido bautizada "Púnica" en alusión al exconsejero madrileño, ya que en latín el árbol del granado se llama 'Punica granatum'.

También han sido detenidos los alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). Uno de los primeros arrestados fue el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), que sustituyó en mayo a la asesinada Isabel Carrasco, mientras que en la comunidad murciana fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE).

Los implicados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración.

La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España a las autoridades helvéticas.

A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron el bloqueo de la cuenta y avisaron de que iban a tomar declaración a Granados y Marjaliza, por lo que el pasado julio el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco.

La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma- y obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos. La red gravitaría en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, detenidos y estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como "conseguidores" de contratos públicos para estos últimos a cambio de comisiones.

En el caso de los políticos, las pesquisas se centran fundamentalmente en cargos públicos que supuestamente decidieron colaborar con la trama "al final" de su carrera política, según fuentes jurídicas. Estos políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato.

Uno de los imputados por un delito de revelación de secretos es un agente de la Guardia Civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza.

Además del medio centenar de detenidos e imputados, en la operación Púnica se han llevado a cabo registros en diversos ayuntamientos afectados y en los domicilios de los implicados, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad para bloquear los bienes atribuidos a la trama. También se han efectuado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos de vehículos de alta gama de los principales investigados.

La mayoría de los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas para ponerlos a disposición judicial en los próximos días.

El Comité de Derechos y Garantías del PP ha acordado en la tarde de este lunes la suspensión de la militancia en el partido de los afiliados que han sido detenidos en la operación. Tal y como avanzó a mediodía el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el Comité de Derechos y Garantías ha acordado la suspensión de militancia de estos afiliados.

En un comunicado, el PP añade que "según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos", el partido "exigirá en su caso a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas el abandono inmediato de sus cargos".