Ni metro a Torrejón, ni superautopista bajo El Pardo, ni mejores salas de espera hospitalarias, ni bajadas de impuestos. Cuando se cumple la mitad de la legislatura, las promesas electorales que el PP de Madrid ha cumplido son las que no cuestan dinero; o las que necesitan de poco.

La restricción del crédito y la imposibilidad de endeudarse estrangulan al ejecutivo de Ignacio González, que heredó de Esperanza Aguirre un programa electoral hecho a base de viejos grandes proyectos y escasas novedades.

Con el dinero justo para sostener los servicios públicos, González ha optado por olvidar las grandes infraestructuras y continuar los recortes iniciados por su mentora, que se han materializado en menos becas y ayudas, menos frecuencias de paso en el metro y abonos transporte, escuelas de idiomas y universidades más caros.

González , al igual que le ocurrió a Ana Botella con la Alcaldía de Madrid, accedió a la Presidencia de la Comunidad de rebote, tras la dimisión de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.

Esta iba a ser la legislatura de la Educación. La anunciada libre elección de centro será realidad a partir del próximo mes de septiembre. También se extenderá el proyecto de Formación Profesional Dual, que combina los estudios con prácticas en empresas. El Bachillerato de Excelencia ha dado su primera promoción de alumnos.

Los nuevos criterios para contratar a "los mejores" profesores han llegado con polémica: la Comunidad ha fichado profesores nativos de inglés a dedo y la experiencia cuenta ahora menos para quienes quieran acceder a la carrera docente.

En materia residencial, el Ejecutivo ha ofrecido a 9.155 inquilinos del Instituto de Vivienda que compren sus casas a bajo precio. Respecto al Medio Ambiente, ha visto la luz la ley que permite construir casas de una planta en terrenos protegidos. El plan de yacimientos arqueológicos visitables de la Comunidad ya está en marcha.

El Hospital de Collado Villalba, de gestión privada, permanece cerrado por falta de dinero. A pesar de ello, la Comunidad abonará a Capio, la propietaria, 900.000 euros este año. El metro a Mirasierra se ha aplazado un año, hasta el segundo trimestre de 2015. El de Torrejón se ha quedado sin fecha y se han suprimido convoyes en el resto de la red para ahorrar. No hay noticias, por el momento, de la Radial 1, la duplicación del último tramo de la carretera de los pantanos ni del aeropuerto de El Álamo.

Las Brigadas Especiales de Seguridad Ciudadana (Bescam) siguen existiendo, pero con un recorte del 30% en el presupuesto. El sistema de financiación de las universidades, que iba a ser "claro, suficiente y transparente", ha sufrido un nuevo tijeretazo. Los 50.000 cheques guardería prometidos aún quedan lejos: este curso solo hubo 30.000. Tampoco se ha llegado al 50% de colegios públicos bilingües. La cifra permanece en el 38,5%, aunque crece progresivamente.

En el contexto de crisis económica actual, González ha admitido que no es posible bajar los impuestos. Aunque ha prometido no subirlos, Aguirre sí incrementó 15 tasas y precios públicos y creó hasta 40 nuevos conceptos de pago antes de dejar el Gobierno.

La privatización de la gestión de los hospitales de Vallecas, Arganda, Aranjuez, Parla, Coslada y San Sebastián de los Reyes, que estará lista en septiembre, no figuraba en el programa electoral del dúo Aguirre-González. Esta privatización ha levantado a sanitarios y vecinos en un sinfín de protestas y manifestaciones de la 'marea blanca'.

Tampoco Eurovegas, el macroproyecto de casinos y congresos del que, por el momento, solo hay un anuncio y una declaración de intenciones para su instalación en Madrid. La Comunidad continúa esperando a que el magnate Sheldon Adelson presente formalmente el proyecto, aunque ya ha cambiado las leyes y le ha ofrecido beneficios fiscales para atraerle.

El principal escollo sigue siendo la ley antitabaco. Adelson exige que se pueda fumar en sus casinos. La Comunidad no ha perdido el tiempo y ha solicitado abiertamente al Ministerio de Sanidad que modifique la normativa y que lo haga antes del verano, no sea que Adelson cancele la inversión.

Los madrileños aún ignoran si tendrán que seguir pagando el euro por receta implantado por González sin previo aviso. El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente su cobro hasta que los magistrados tomen una decisión.