Madrid impone el euro por receta e inicia las privatizaciones en la Atención Primaria

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), anunció este miércoles un recorte de 1.424 millones de euros en el gasto público para los presupuestos regionales de 2013, así como un recorte del 7% en los fondos destinados a Sanidad y la imposición de una tasa de un euro para todas las recetas que sean expedidas en los centros de salud de la región. Esta medida ya fue impuesta en Cataluña por el gobierno de Artur Mas (CiU).

González confirmó que estarán exentos del euro por receta los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, enfermos crónicos, los perceptoras de rentas de integración social como la Renta Mínima de Inserción regional (RMI). Tampoco pagarán los desempleados que han perdido el derecho de subsidio, los que tengan tratamientos por accidentes de trabajo y otras.

Los jubilados también se verán afectados. Aunque el presidente instó a esperar a las explicaciones del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, avanzó que la Comunidad aplicará un baremo similar al que el Gobierno de Mariano Rajoy ha establecido para el repago de los medicamentos en las farmacias. Según González, no pagarán los pensionistas con pensiones no contributivas o los que perciban ayudas de inserción social.

La tasa por los medicamentos, insistió el presidente,  será de "carácter disuasorio". Su objetivo no es otro que reducir el gasto farmacéutico de la región. En 2011, la Comunidad destinó 1.241 millones al pago de medicamentos con receta, además de otros 721 millones a la farmacia hospitalaria. En total, el gasto fue de 1.962 millones, lo que supuso el 10,94% del total del presupuesto regional y un 27,5% el total del gasto sanitario. El Ejecutivo prevé ingresar unos 83 millones de euros al año con la nueva tasa.

Pese a ser la medida más llamativa, este no es el único ajuste anunciado por Ignacio González en materia sanitaria.

Además del euro por receta, el Ejecutivo privatizará la atención sanitaria en seis de los siete hospitales de gestión privada que construyó Esperanza Aguirre. Aunque la asistencia seguirá siendo gratuita para los madrileños, la Comunidad dejará de poner los médicos, de forma que las empresas que los gestionan tendrán que contratar a estos profesionales, como ya ocurre en los hospitales de Valdemoro (pionero en este sentido) o el Rey Juan Carlos de Móstoles.

González no aclaró cómo recolocará a los profesionales actuales, que accedieron a sus puestos mediante concursos y peticiones de traslado, ni concretó a qué centros afectará. La Consejería de Sanidad se negó a revelar más detalles.

Sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos explicó a los sindicatos de la mesa sectorial que la privatización se efecturará en los hospitales de Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo y que se ofrecerá a los médicos y enfermeros de estos centros la posibilidad de ser contratados por las empresas concesionarias. Sanidad prescindirá del personal eventual e interino contratado en estos hospitales, según informó el sindicato CSIT.

Además, serán adjudicados a empresas todos los servicios hospitalarios de cocina, lavandería, limpieza, mantenimiento y similares que no tengan que ver con la asistencia sanitaria. Estos servicios ya están externalizados en muchos centros.

El 10% de los centros de salud de la región pasarán a ser de gestión privada. La Comunidad inicia con ello la entrada del capital privado en la atención ambulatoria, una fórmula que Esperanza Aguirre trató de introducir desde su primer mandato y que, hasta ahora, no se había concretado. A lo más que había llegado es a la privatización de centros de especializades como los de Pontones y Argüelles. La 'gestión indirecta' nunca había alcanzado a la Atención Primaria.

El ejecutivo cree que esto profesionalizará y mejorará la gestión. La oposición advierte que los trabajadores del sistema de salud regional están perfectamente capacitados para realizar esa labor y que se trata de privatizaciones encubiertas que no se quedarán en ese 10% de los centros.