El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha rechazado este jueves que haya improvisación en la agenda de reformas de su Ejecutivo y ha subrayado que tiene planificados todos los ajustes hasta el verano.
En una conversación informal con los periodistas en el avión que le ha trasladado desde México a Bogotá, ha dicho que los ajustes en sanidad y educación que se aprobarán este viernes en el Consejo de ministros ya estaban previstos.
Según ha explicado, era el siguiente paso una vez presentados los presupuestos generales del Estado.
Ha hecho además hincapié en que el ajuste de 10.000 millones no supone una modificación de las cuentas del Estado de 2012, ya que las partidas de educación y sanidad corresponden al presupuesto de las comunidades autónomas.
El objetivo es, según Rajoy, ayudar a las comunidades a cumplir el objetivo de déficit público.
En este contexto, ha subrayado las medidas adoptadas por el Gobierno para colaborar en con las autonomías, como el plan para financiar los pagos a los proveedores.
La ley de estabilidad presupuestaria recoge la posibilidad de que el Estado intervenga en las finanzas de una comunidad autónoma, pero Rajoy ha señalado que no hay ninguna medida en esa dirección prevista.
Sí ha insistido en que hasta el verano están ya planificados todos los ajustes y ha señalado que la próxima iniciativa será el plan contra el fraude en la seguridad social y las prestaciones por desempleo.
Reformas, medidas y ajustes hasta la fecha
- Reforma laboral. Una de las más polémicas y que le valió al Gobierno una huelga general. Su punto fuerte y el más controvertido es el abaratemiento del despido.
- Presupuestos Generales del Estado. Las primeras cuentas de Rajoy han sido consideradas como las austeras de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones.
- Reforma de la Administración. El pasado 7 de marzo el Gobierno anunció para este 2012 un recorte del 40% en la inversión pública y que eliminará la duplicidad en los organismos autonómicos. Este recorte de las instituciones formará parte de las medidas que acometerán con la reforma de la Administración.
- Ley de Estabilidad presupuestaria. El 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece techos de gasto para todas las administraciones. La norma recoge además medidas sancionadoras.
- Reforma financiera. La reforma del sistema financiero fue aprobada el 3 de febrero en el Consejo de Ministros para intentar impulsar el crédito, sanear el sistema bancario español y abaratar la vivienda, entre otras medidas de consideración.
- Código de buenas prácticas voluntario. Aprobado el 9 de marzo su objetivo es plantear alternativas o "mecanismos diferentes" para evitar un desahucio, afectando "a todas las hipotecas vigentes". Casi la totalidad del sector bancario español —86 entidades— ha asumido el código.
- Plan de pagos a proveedores. El Ejecutivo central aprobó el 9 de marzo un plan para que las administraciones públicas puedan acceder a préstamos sindicados por valor de hasta 35.000 millones de euros para pagar sus deudas pendientes con proveedores a partir del mes de mayo.
- Subida de impuestos temporal. Las subidas del IRPF y del IBI durante dos años (que el Gobierno justificó por una desviación del déficit público para 2011 del 8% del PIB, dos puntos superior a lo previsto) fueron aprobados la congelación de los sueldos de los funcionarios y del salario mínimo interprofesional y un recorte de gasto de 8.900 millones.
- Reforma del sistema judicial. Calificadas como "contrarreforma" por la oposición, las principales reformas en esta materia anunciadas por el ministro Ruiz Gallardón han sido la introducción de tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad; anunciar la posibilidad de instaurar la "pena de prisión permanente revisable"; y la reforma de la Ley del menor.
- Ley de transparencia. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal (no afecta, sin embargo, a la Casa Real).
- Ley Sinde Wert. Se dió el pistoletazo de salida hasta legislación con la aprobación del Real Decreto por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, un texto que el Gobierno socialista dejó sobre la mesa por falta de acuerdo. El Gobierno justifica haber aprobado esta medida para proteger los derechos de los creadores frente al "expolio" de las páginas de Internet de descarga de contenidos.
- Reforma de la Ley del aborto. Gallardón anunció un cambio en la Ley del aborto, que exigirá que las menores no puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno. Según el titular de Justicia, la reforma defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
- Repago farmacéutico. Anuciado este martes por la ministra Ana Mato, esta medida significará que los españoles pagarán más por sus medicamentos, incluidos los pensionistas.
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