La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas ya está en marcha.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que establece techos de gasto para todas las administraciones, con el objetivo de lograr la recuperación del crédito y garantizar los servicios públicos esenciales a través de la reducción del déficit.

Es una reforma estructural "de primer orden" que convierte al país en "referente" en Europa, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa. Aunque, según ha señalado desde el principio el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la norma se aplicará con un "cuidado extremo en no interferir en la capacidad de autogobierno de comunidades autónomas y entes locales".

Las comunidades, por otro lado, tendrán que enviar las grandes líneas de sus presupuestos autonómicos al Gobierno central antes de aprobarlos.

Sáenz de Santamaría ha dicho que "esta misma tarde" se va a empezar a buscar el acuerdo con el PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y el resto de los grupos parlamentarios.

De este modo se ampliará al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que deben aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a potenciales sanciones si incumplen los objetivos marcados.

Con la norma, que ahora pasa al Consejo de Estado, España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la UE, ha dicho Sáenz de Santamaría, que ha explicado que la reducción del déficit es clave para lograr la recuperación del crédito -que ahora se destina a pagos de deuda- y satisfacer servicios como la sanidad y educación con el ahorro de los intereses.

El anteproyecto de ley recoge, entre otras cosas, que las comunidades autónomas que no corrijan la desviación del déficit en seis meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal.

Montoro adelantó que cuando las comunidades incumplan con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por este importe que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa. Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.

El ministro ha recordado que con la ley se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras. Para ello todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.

Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.

El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable. Se establece en paralelo un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.

Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en la regulación europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales, y la "prioridad absoluta" será atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.

En paralelo, la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten. Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.