La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma educativa con la que quiere derogar la LOMCE y aclarar quién debe asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas.

Celaá ha acudido ante la Comisión de Educación tras las peticiones de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del PP, grupos que le han pedido respectivamente que detalle su anteproyecto de ley educativa y el decreto del Ministerio de Trabajo que afecta a los universitarios en prácticas y a los alumnos de Formación Profesional de grado medio y superior.

La ministra ha comenzado "de mayor a menor", es decir, centrándose en el proceso de tramitación del anteproyecto que pretende derogar la LOMCE y que en los últimos dos meses y medio ha ido incorporando nuevas propuestas para poder ver la luz "en breve plazo". "Es cuestión de días", ha insistido Celaá sin concretar qué nuevas medidas incorpora ni cuándo exactamente será una realidad.

Dicho anteproyecto recupera y modifica la norma anterior, la LOE, instaurada por el PSOE en 2006 y que la titular de Educación ha descrito como "más adecuada y pertinente" que la LOMCE de Wert que hay ahora en vigor.

"No es una respuesta coyuntural ni un regreso a fórmulas conocidas", ha defendido Celaá sobre la nueva ley en marcha, respondiendo a las críticas que la tachan de ser una vieja LOE maquillada.

Celaá también debía dar cuenta de cómo se va a desarrollar en la práctica la disposición adicional quinta del real decreto-ley 28/2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que también atañe al Ministerio de Hacienda sobre la oferta de prácticas académicas. No obstante, la ministra no ha aclarado ninguna duda. Ha comenzado apuntado que es "una comparecencia impropia además de anticipada"; impropia porque tendría más sentido plantearse al Ministerio de Trabajo y anticipada porque la norma "aún está sujeta a desarrollo", recordando además que en su tramitación parlamentaria "tendremos todos oportunidad de tomar posición" y "proponer enmiendas".

Según Celaá, "sin conocer el desarrollo normativo, sus deducciones y bonificaciones, no se puede cuantificar con fiabilidad, ni siquiera por aproximación, la cuantía", tampoco a quién corresponderá asumir el pago de las cuotas de los estudiantes en prácticas a la Seguridad Social.

"La medida pretende la extensión de un derecho y reforzar la protección social de los estudiantes, mejorar las condiciones de las actividades formativas, pero no puede nunca generar perturbación en el sistema. No puede ser una traba que empeore la calidad formativa o brinde menos oportunidades en centros de trabajo. Si así fuera el Gobierno estará en contra", ha sido la aportación más destacable de la ministra.

Joseba Airretxea, del PNV se ha mostrado de acuerdo en que la responsabilidad es del ministerio que ha impulsado la medida, pero destacando que "las consecuencias son para la comunidad educativa". Unas consecuencias "nefastas" y que "se pueden cargar la Formación Profesional Dual que tantos buenos resultados está dando". Precisamente es el modelo de FP Dual del País Vasco el que Celaá pretende adaptar a la generalidad del territorio nacional.

Sandra Moneo, del Partido Popular, ha hablado directamente de "descoordinación" entre los tres ministerios a los que afectaría una reforma de este tipo.