La LOMCE, la última ley educativa aplicada hace cinco años por el gobierno de Rajoy con la crisis económica más que presente, "tomó un camino equivocado", "rompió el equilibrio alcanzado trabajosamente" en las normas anteriores,"desbarató el equilibrio en los consejos escolares" y se ha traducido en "el aumento del número de repeticiones de curso y el descenso de tasas de titulación".

Esas han sido solo algunas de las opiniones expresadas por Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, durante su comparecencia este martes en el Congreso de los Diputados para explicar la reforma educativa que se trae entre manos y de la que conocimos las líneas generales en noviembre. Una comparecencia que se ha producido a petición de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y en la que también el PP había requerido que explicase el Real Decreto publicado en diciembre y que implica la necesidad de que los alumnos en prácticas coticen a la Seguridad Social.

La LOMCE de José Ignacio Wert es la ley que está aún en vigor y que Celaá se propone derogar "en breve plazo" con un anteproyecto de ley que pretende retornar a una LOE reformada, aunque la titular de Educación insiste en que "no es una respuesta coyuntural ni un regreso a fórmulas conocidas".

Precisamente eso es lo que teme Ione Belarra, diputada por Navarra de Podemos: "Nos preocupa que nos traigan una LOGSE desempolvada o una LOE maquillada. Nadie entendería, tampoco desde la propia comunidad educativa, que nos trajeran una ley con la que volvemos atrás".

Belarra asegura a 20minutos que su grupo pidió la comparecencia de la ministra precisamente "para promover que el gobierno sea valiente". Un Gobierno al que reconoce "la  voluntad de diálogo y llegar a acuerdos”, aunque el apoyo de Podemos a la nueva ley de Educación que ultima Celaá no está asegurado. "El escenario está completamente abierto", sostiene Belarra, que  afirma encontrar "sintonías", pero también "elementos que nos separan como es una apuesta clara por la escuela pública, y vamos a ser muy contundentes en esa exigencia".

"Respetamos los conciertos, la función social que hacen los centros concertados. No respetamos la diversificación mercantil de algunas empresas que buscan negocios en la educación", ha sido la respuesta de Celaá en su intervención.

Esa defensa de la pública, junto con lograr una educación "inclusiva y feminista", serían los tres puntos clave en las exigencias de la formación morada, aún a la espera de escrutar la letra pequeña de la ley, "que es muy importante", porque "una cosa son las pretensiones en un texto general sobre de qué va a ir la ley y otra es el propio articulado".

Unas exigencias a las que se suma "la incorporación de metodologías innovadoras de manera clara, porque hay interés por parte de la ciudadanía"; la "estabilización de las plantillas" para combatir los altos niveles de interinidad del profesorado y que "los centros de Educación Especial vayan desapareciendo de manera paulatina y se conviertan en centros de recursos pedagógicos; exigimos un plan para revertir esa segregación".

La norma, que Isabel Celaá pretende facilitar a todos los grupos parlamentarios ya desarrollada "en muy pocos días", sería la octava ley educativa desde 1970. La preceden la ya mencionada LOMCE (2013), la LOE (2006), la LOCE (2002), la LOGSE (1990), la LODE (1985), la LOECE (1980) y la LGE (1970).

La titular de Educación ha destacado que esta ley cuenta con "un mayor grado de acuerdo del que se aprecia en tertulias y debates políticos" y ha defendido la estabilidad del sistema educativo español, que suele acumular críticas por haber pasado por siete leyes orgánicas - ocho con la que está en cocina- en cuatro décadas.

"No conviene hacer una lectura tan simple de la evolución de las normas básicas acerca de la educación. Todas las leyes han mantenido una misma estructura del sistema. Los estudiosos, no los meros opinadores, consideran que el sistema educativo español ha gozado de una estabilidad mayor de lo que se reconoce", ha defendido Celaá.

La ministra no ha concretado qué nuevas medidas incorpora ni cuándo exactamente será una realidad, pero sí ha asegurado que va en consonancia con lo ya apuntado en el texto que dieron a conocer el pasado mes de noviembre, en el que destacaban aspectos como el respeto a las lenguas cooficiales, el menor peso de la asignatura de Religión, el otorgar de mayor capacidad decisoria a los consejos escolares, la limitación de las repeticiones, la flexibilización de los itinerarios o la posibilidad excepcional de conseguir el título con una asignatura suspensa.

La ley en marcha incorpora unas pruebas de evaluación que han sido criticadas como ineficaces y "opacas" por Sandra Moneo, del Partido Popular. Isabel Celaá ha negado dicha opacidad, defendiendo su utilidad para las familias, de cara a los planes de mejora del centro y para que el Gobierno tome la temperatura al sistema: "El que no sean públicos en un ranking, que es algo vergonzoso y no lleva a nada, no es ser opacos".

La ministra ha asegurado que en la nueva norma estará presente "la educación afectivo sexual y la prevención de violencia de género" y que "respecto a la Religión vamos hasta dónde podemos ir, lo que no cierra puertas en el horizonte".