Universitarios
Imagen de archivo de alumnos universitarios. UPV - Archivo

Todos los estudiantes en prácticas tienen, a partir de ahora, la obligación de cotizar a la Seguridad Social, una medida que no ha gustado a los rectores de las universidades españolas por no haber sido informados previamente.

El Gobierno aprobó la semana pasada el Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Así, según se indica en la disposición adicional quinta, la realización de prácticas formativas, prácticas no laborales y prácticas académicas "determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado".

Dichas prácticas comprenden "las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior".

El objetivo del Gobierno, según explican en el BOE, es "poner fin a su situación de desprotección, lo que justifica su aprobación por razones de extraordinaria y urgente necesidad".

Esta medida ha cogido por sorpresa a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que ha advertido que la obligatoriedad de cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares puede suponer "un grave problema económico dificilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.

En un comunicado, la CRUE ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado de manera "sorpresiva y sin consulta previa a las universidades" este real decreto. Aunque ha celebrado "el reconocimiento del valor de las prácticas académicas y que estas computen a los estudiantes como período de cotización a la Seguridad Social", muestra su preocupación "por las posibles repercusiones de esta disposición".

Los "problemas" de esta medida

En ese sentido, los rectores y rectoras españoles encuentran "problemas importantes" en el texto aprobado por el Consejo de Ministros, "fundamentalmente en lo referido a quién y cómo debe hacerse cargo de las cotizaciones correspondientes", y reclaman al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo "para abordar el desarrollo normativo previsto" para esta disposición.

La CRUE, que agrupa a 76 universidades públicas y privadas, señala que el Real Decreto "trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas". "Las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más: se trata, por tanto, de una actividad académica obligatoria para los estudiantes matriculados en ella, a diferencia de las prácticas extracurriculares que tienen carácter voluntario", explica.

Por ello, la CRUE advierte "de que una aplicación indiscriminada del Real Decreto Ley 28/2018 puede suponer la disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones, la discriminación en la formación de estudiantes de títulos profesionalizantes y no profesionalizantes, y una importante carga de gestión añadida en los servicios de prácticas de las universidades".

También critica que "la norma no contempla las prácticas académicas externas de los estudios de formación permanente de las universidades, que cada vez cobran mayor importancia".

Piden diálogo al Gobierno

Por ello, solicita al Gobierno la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100% para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares.

Asimismo, quieren negociar el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente, y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, "con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras".