El Gobierno impone su 'trío de mordazas': seguridad ciudadana, código penal y ley antiyihadista

  • Este miércoles 1 de julio entran en vigor las llamadas 'normas mordaza'.
  • Expertos de la ONU han pedido la paralización de la 'ley mordaza' y de la reforma del código penal. Ven las normas "desproporcionadas"  y "discrecionales".
  • El Consejo de Europa pone en cuestión la devolución en caliente del código penal.
  • Libertad de expresión, derechos de los migrantes y a la información, amenazados.

El trío de 'normas mordaza' (ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y ley antiyihadista) entran en vigor este miércoles 1 de julio, después de su aprobación por parte del Gobierno y de los trámites parlamentarios. El Gobierno, gracias a su mayoría absoluta, consiguió la aprobación de estas leyes en un tiempo récord (el Congreso dio su aprobación final en marzo), haciendo oídos sordos a las críticas de ONG, movimientos sociales, la UE e, incluso, la ONU.

Las voces críticas con este trío de 'mordazas' están preocupadas porque en España se sustituya el principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad indeterminados, se introduzca la penalización de la difusión de mensajes a través de las redes sociales y se intente frenar nuevos tipos de protestas pacíficas, como las movilizaciones contra desahucios. Pero, además, denuncian que el Gobierno legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera, aprueba los registros de pasajeros y amenaza la libertad de información.

El proyecto estrella del Ministerio del Interior durante la legislatura sale adelante a pesar de que la seguridad ciudadana no está entre los diez problemas principales de los españoles, según el CIS. De hecho, el 82% de los consultados en diciembre por Metroscopia se mostraba a favor de suavizar estas leyes o, directamente, de renunciar a ellas.

Las claves:

Devoluciones en caliente: Una enmienda a la ley en el Senado introdujo la medida. "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", dice exactamente. Desde el Consejo de Europa y la ONU se ha advertido a España de que legalizar las devoluciones en caliente contradice al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas.

Registro de pasajeros: La Ley abre la puerta a que el ordenamiento jurídico español regule el registro de pasajeros en el transporte de personas, una propuesta defendida por varios países de la UE como medida para combatir la llegada de terroristas yihadistas.

Criminalización de la protesta: Las nuevas formas de protesta social que se han generado frente a las políticas de ajuste se criminalizan en esta norma.Las manifestaciones no comunicadas, como por ejemplo las del 15-M, pasarán a estar multadas con entre 30.000 euros y 600.00 euros. Algo que, según la oposición parlamentaria, "conlleva un retroceso y una restricción de derechos fundamentales sin precedentes en la democracia. Protestas como los intentos de paralización de desahucios, los 'escraches' o las ocupaciones pacíficas de entidades bancarias pasarán a ser delictivas.

Restricciones a la actividad informativa. "El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" también entra a formar parte del cuerpo de infracciones que recoge la ley. Lleva aparejadas multas de hasta 30.000 euros, por ser una infracción grave. Esta ley podría generalizar casos como el de la periodista vaca Iraitz Salegi, que será juzgada a finales de mayo por informar de unas jornadas de las juventudes de la izquierda independentista. El colectivo 'El periodismo no es un delito' advierte de que "entre muchos otros aspectos, el trabajo periodístico consiste en informar sobre los actos públicos de relevancia. Sea cual sea el contenido de manifestaciones, actos políticos, movilizaciones o sucesos públicos de cualquier otro tipo, el trabajo informativo del periodista nunca puede ser delito. No se debe juzgar ni castigar al mensajero", en un comunicado.

Recortes de la libertad de expresión: La ley criminaliza la difusión de las nuevas protestas por redes sociales. Considera "organizador o promotor a todo aquel que por publicaciones o declaraciones de convocatoria (…) pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”. La Plataforma de Defensa de la Libertad de Información considera que con esta decisión se "abandona el principio de culpabilidad y se sustituye por criterios de peligrosidad indeterminados".

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Prisión permanente revisable:  Podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del Rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie cometidos dentro de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. El PP ha defendido que dos de cada tres españoles apoyan la inclusión en el nuevo Código Penal la prisión permanente revisable ante las críticas de la oposición parlamentaria en bloque, que ha acusado a los populares de crear un "eufemismo" para introducir la "cadena perpetua" en España que han tachado de "inconstitucional" e "inhumana". La constitucionalidad de la medida divide a los juristas, unos ven que encaja perfectamente y es oportuna, mientras otros consideran que la pena máxima de 40 años de prisión es suficiente.

Recortes a las protestas: El nuevo código penal que elimina las faltas considera a partir de ahora delito la ocupación de un inmueble público por un grupo que cause perturbación, cuyos protagonistas serán castigados con penas de prisión. También criminaliza la difusión de mensajes que puedan incitar a desórdenes públicos o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Otro aspecto ampliamente criticado es el castigo a la "resistencia", "falta de respeto" o "desobediencia grave" a la autoridad o sus agentes, con penas de tres meses a un año de cárcel. Los expertos cuestionan que se pueda concebir como "terrorismo" los desórdenes públicos que puedan producirse en protestas públicas.

Penalización de las webs de enlaces: La reforma del código penal introduce un castigo de hasta seis años de prisión para las webs de enlaces. Las críticas provienen de la matización que el Consejo de Estado hizo al Gobierno, al asegurar "que no todas las webs de enlaces atentan contra la propiedad intelectual".

Límites informativos: La Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI) considera que esta reforma, que ha merecido casi mil enmiendas (888), pone límites innecesarios al trabajo de los informadores y supone un recorte al derecho de información. Entre otros aspectos critica que las filtraciones —como la lista Falciani, los correos de Blesa o el caso Snowden— entren en las esfera de lo que ahora pasa a considerarse "terrorismo". Para la PDLI, considerar terrorismo los delitos informáticos también puede llegar a afectar a quien investiga. Serias dudas tiene la plataforma también sobre la aplicación del artículo que considera delito "acceder de manera habitual" a páginas web de contenido terrorista,  que contiene unas limitaciones para esta acusación "imprecisas".

Penalización del 'top manta': Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes consideran una derrota que después de una ardua batalla para que el 'top manta' se entendiera como una falta, ahora dicha infracción sea castigada como delito con penas de prisión de 6 meses a dos años.

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Prisión permanente revisable:  Amnistía Internacional, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, catedráticos en Derecho Penal, Jueces para la Democracia y FACUA explicitaron su dudas sobre la celeridad de un pacto sin consenso, firmado solo por PP y PSOE, que remite a la pena de prisión permanente revisable, cuestionada ya en la reforma del Código Penal. La falta de diálogo con el resto de formaciones políticas parlamentarias ha hecho a estas tildar de "oportunista" y "electoral", el acuerdo bipartidista.

Los principales afectados:

La entrada en vigor de las tres normas, prevista inicialmente para seis meses después de su publicación en el BOE se ha adelantado al 1 de julio, con la excepción de la devolución en caliente, una medida en legalmente aplicable el día después de aparecer en el BOE. Los movimientos sociales consideran que cualquier ciudadano se verá afectado por las 'mordazas' por cuanto se limita el derecho de protesta pública, pero algunos colectivos parecen más afectados.

  • Inmigrantes

SOS Racismo considera que el colectivo de inmigrantes es uno de los más perjudicados por la reforma del código penal. En primer lugar por cuanto mantiene las penas privativas de libertad para los detenidos por el 'top manta', con penas de 6 meses a dos años. Si la pena que reciben los inmigrantes es superior a un año podrán ser expulsados del país. Otro aspecto que critica la ONG es que el código penalice el dar trabajo a inmigrantes irregulares y la hospitalidad con el migrante, salvo por "razones humanitarias", lo que a su juicio introduce "discrecionalidad". El hecho de que las faltas se conviertan en delitos en el nuevo código penal supondrá una doble sanción para los migrantes porque les impedirá culminar su proceso de conseguir papeles y podrá suponer su expulsión. Respecto a la ley de seguridad ciudadana, Sos Racismo critica dos aspectos fundamentales: las devoluciones en caliente en las fronteras y legalización de las redadas racistas policiales.

  • Pobres

Cáritas y Cruz Roja consideran que la ley mordaza "criminaliza la pobreza". Una plataforma formada por las ONG que trabajan en la exclusión social, en la que están ambas ONG, denuncia en un comunicado que "aunque han sido modificados parcialmente algunos artículos referidos a los derechos de manifestación y reunión, no se han tenido en cuenta las aportaciones más relevantes hechas desde el Tercer Sector y recogidas en su documento de propuestas y que tienen, entre otros, el objetivo de evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo".  Entre las cuestiones que más les preocupan destacan  que en la ley no se incluye la prohibición expresa de llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos. Del mismo modo, la plataforma lamenta que no se modifique la redacción actual sobre registro domiciliario, eliminando garantías muy básicas. La Plataforma rechaza que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, especialmente a las personas por su situación de vulnerabilidad, como sucede con el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de las personas sin hogar. Asimismo, insiste en que en el texto que ha salido del Senado se continúa "limitando la posibilidad de evitar la sanción por consumo y tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad". El hecho de que las faltas pasen a ser delitos, con penas sustituibles por sanción económica, arrastrará a prisión a los que, por insolvencia, no puedan hacer frente a las mismas.

  • Periodistas e informadores

La PDLI y la plataforma 'No somos Delito' denuncian que el trío de mordazas tiene serias consecuencias para el derecho y la libertad de información. Los profesionales de la comunicación temen las "limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo que se podrían poner trabas a las hora de documentar abusos policiales". Los informadores también lamentan que, en su faceta de investigadores, puedan ser incriminados por entrar en webs terroristas. Además perciben que el derecho a la información queda cercenado por el hecho de que se considere "terrorismo" las filtraciones. Para Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, "el llamado 'trío mordazas' criminaliza los derechos a informar y a ser informados penalizando la difusión de información a través de los nuevos canales de comunicación como las redes sociales. Es la respuesta del partido en el Gobierno a las presiones sociales, y un nuevo intento de poner coto a quienes muestran divergencias con el poder establecido".

  • Movimientos Sociales

Las organizaciones sociales consideran ambas normas un cortapisas a la libertad de expresión que afecta más si cabe a quienes participan en las protestas públicas. Así, los colectivos de defensa de la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica la ley "antidemocrática" que convierte en delitos ocupar sedes bancarias como protesta o intentar paralizar desahucios de primera vivienda. La Coordinadora 25 S, impulsora de los Rodea al Congreso, ve inoportuno que se "criminalice a manifestantes pacíficos". Para ellos, "liquidar libertades y convertir derechos fundamentales en delitos, es lo que estas reformas pretenden institucionalizar".

Los que se oponen:

  • Los grupos políticos de la oposición parlamentaria

El 3 de febrero grupos parlamantarios de la oposición, exceptuando a UPyD, CiU y el PSOE, y partidos sin representación parlamentaria como Podemos, firmaron un compromiso con la ciudadanía de derogación de la ley mordaza en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura. El documento que firmaron reconoce "la indignación que estas reformas han suscitado en la sociedad civil, a la que estamos obligados a representar".

  • El Consejo de Europa

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, tras visitar Melilla y entrevistarse en Madrid con responsables de distintas administraciones, advertía en enero de que si España aprueba la reforma para legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes crearía "un precedente muy negativo", que podría suponer "el principio del fin" del sistema de asilo y protección internacional. Muiznieks ya había instado en noviembre al Gobierno español a retirar la enmienda del PP al proyecto de ley de seguridad ciudadana para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes.

  • El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

Cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado las reformas legislativas en España que, a su entender, pueden cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos, y exhortaron a su retirada. En su comunicado expusieron que: "Los derechos a manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", afirman.

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