La Audiencia Nacional ha condenado a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación a los dos acusados del caso 'Faisán, Enrique Pamies y José María Ballesteros por revelación de secretos en chivatazo a ETA que frustró una operaración policial. La sentencia pone punto y seguido a un mes de proceso judicial y siete años de instrucción, que continuará con el ya anunciado recurso a la condena ante el Tribunal Supremo que solicitarán los inculpados.

Estas son las principales claves de uno de los mayores escándalos de la lucha antiterrorista en España.

El 4 de mayo de 2006, la Policía Nacional iba a concluir una investigación iniciada en 1998 contra la red de extorsión de ETA. Uno de sus puntos neurálgicos de esta red era el Bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), dónde se gestionaba el pago del 'impuesto revolucionario'. El bar llevaba tiempo 'monotorizado' por las Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo por la Policía. Esa mañana iban a ser detenidas diez personas, entre ellas el dirigente del PNV Gorka Aguirre. Pero una persona entró en el bar (las imágenes quedaron grabadas por el dispositivo policial) y entregó un teléfono móvil al dueño del bar: Joseba Elosúa. A través de este móvil alguién alertó a Elosúa de que la operación ya estaba en marcha para detenerles. Pero Elosúa cometió un grave fallo. Contó lo sucedido a su yerno a través de su teléfono particular, que estaba pinchado por la Policía.

Solo a dos personas: al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al exinspector de Policía José María Ballesteros. Tras siete años de instrucción, el caso ha pasado por tres jueces de la Audiencia Nacional. Pamiés negó haber hablado por teléfono cono Elosúa y advertirle de las detenciones. "Yo con el señor Elosua no he hablado por teléfono en mi vida", ha asegurado. Las acusaciones (entre ellas la asociación de víctimas Dignidad y Justicia) pidieron contra Pamiés penas de diez años de prisión por los delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos, mientras que para Ballesteros solicitaban hasta 9 años de cárcel. Sus defensas reclamaban la absolución.

No hubo más imputados, aunque estuvo en el punto de mira el entonces entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo. El chivatazo de produjo durante el Gobierno socialista, y el PP hizo de este caso uno de sus campos de batalla, asegurando que una orden de este calibre debía ser política y no una simple iniciativa de un cargo policial. El caso salpicó al secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho y el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

El supuesto chivatazo se produjo en un momento especial. ETA había declarado una tregua dos meses antes y el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista habían comenzado a hablar. Además, ese mismo día, el 4 de mayo de 2006, Zapatero se iba a reunir con el que era líder del PNV, Josu Jon Imaz. En la operación se iba a detener a un dirigente del PNV, fallecido en 2009. Al parecer, Gorka Aguirre hacía de intermediario entre ETA y empresarios que habían recibido cartas exigiéndoles el pago del impuesto revolucionario.

Las cámaras policiales filmaron a Ballesteros entrando en el bar Faisán en la franja horaria que supuestamente se produjo el chivatazo. Se analizaron casi 2.000 llamadas telefónicas producidas en la zona desde las 11.10 hasta las 12 del mediodía. Gracias a estas llamadas se pudo identificar a Pamiés y Ballesteros. Este último admitió su presencia en el bar Faisán.

Es la gran incógnita. Nunca se ha podido demostrar que existiera una orden política. El rastreo de llamadas identificó que Pamies habló la noche anterior del chivatazo hasta en tres ocasiones con Victor García Hidalgo, entonces director general de la Policía y miembro de los socialistas vascos. También se detectaron llamadas entre García Hidalgo y Pamies con telefónos móviles y fijos de la Secretaria de Estado de Seguridad. Uno de los móviles era el que utilizaba Antonio Camacho.

La sentencia judicial atribuye a Enrique Pamies la decisión última, con el objetivo de "no entorpecer" el diálogo del Gobierno con ETA.

Pamies ha defendido que no participó en el chivatazo, y que las llamadas telefónicas que hizo tenían el objetivo de preparar una cita con un confidente de ETA apodado 'el romano'. Este confidente es un miembro activo de ETA y fue llamado a declarar por los abogados de Pamies. Ballesteros estuvo en el Faisán, según su defensa, para dar cobertura a la cita con 'el romano'. No es seguro que este confidente declare, la principal coartada de Pamies. Ha pedido hacerlo sin cámaras, periodistas ni testigos, porque su vida corre peligro.

La Audiencia Nacional ha dictado la culpabilidad de los dos acusados por revelación de secretos, pero les ha absuelto de colaboración con banda armada. Asegura, además, que su acción "causó un grave daño a la causa pública". Por todo ello, les condena a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación. Los dos inculpados ya han anunciado que recurrirán la pena ante el Tribunal Supremo.