El exjefe de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el exinspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, serán juzgados por la Audiencia Nacional como presuntos responsables del chivatazo a ETA, por el que se frustró una operación contra su red de extorsión en 2006 y que ha dado pie al conocido como caso Faisán.

No obstante, aún no se ha fijado la fecha para el juicio oral, decretado este jueves, ya que la Sala ha dado al fiscal un plazo de cinco días para presentar el escrito de calificación, "sin que haya lugar al sobreseimiento de las actuaciones" ni a revocar el auto de conclusión del sumario, acordado por el juez instructor el pasado 16 de noviembre, refiriéndose así a lo alegado por la defensa de Ballesteros, que pidió nuevas diligencias, que deberá volver a solicitar "bien en su escrito de conclusiones, bien en el juicio oral".

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha indicado que los delitos no se concretarán hasta que los califiquen las acusaciones: Fiscalía, PP, Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia. No obstante, al ser procesados por el juez Pablo Ruz el pasado noviembre, este consideró que "aparecen motivos bastantes" para imputar a Pamies y Ballesteros por colaboración terrorista y revelación de secretos.

Según la hipótesis de Ruz, "los detalles del operativo policial que estaba preparándose en torno a la red de extorsión" etarra "llegaron al conocimiento" de Pamies, a lo largo de la tarde y noche del 3 de mayo de 2006, que habría contactado con Ballesteros, para que al día siguiente se desplazase a Irún "al objeto, presuntamente, de permitir el contacto con Joseba Elosua (dueño del bar Faisán) y poder trasladarle la información" sobre el operativo "con la intención de frustrar el mismo".

No obstante, las defensas insisten en que en los informes de la Guardia Civil se ignora la situación física del equipo investigado o el hecho de que Elosúa negase que fuese Ballesteros la persona que le dio el teléfono desde el que se le dio el chivatazo. Además, alegan que no se ha acreditado ningún "móvil" de la filtración y, mucho menos, colaboración con ETA por parte de Pamies y Ballesteros.

La decisión de juzgar a los dos mandos policiales llega un año y siete meses después de que el pleno de la Sala de lo Penal revocara su procesamiento, junto al del ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que en esta nueva instrucción también ha evitado sentarse en el banquillo.