Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres es uno de los retos pendientes todavía en España, tal y como recordaron cientos de miles de personas en las manifestaciones del pasado 8 de marzo.

Las elecciones generales llegan el 28-A con al menos 17 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año, el doble que hace un año y en pleno debate sobre cómo realizar el recuento de víctimas, mientras el pacto de Estado aboga por salirse del corsé de la familia y Vox siembra dudas con un debate ya superado por la mayoría: el negacionismo de la violencia machista y su calificación de "violencia intrafamiliar".

Mayoritariamente los partidos políticos plantean que la violencia de género debe dejar de estar circunscrita a la pareja, y recoger todas las violencias machistas, pero cada formación afronta la erradicación de esta lacra de manera diferente en sus programas electorales.

En su programa electoral el PSOE dedica seis páginas a las medidas para combatir la violencia de género, a partir de la página 230. En este capítulo incluyen adaptar el currículum educativo para fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género.

Además, plantean como prioridad la aprobación de su ley de igualdad de trato y oportunidades en el empleo para garantizar la autonomía e independencia económica de las mujeres.

También adquieren el compromiso de profundizar "en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en todos su ejes", con medidas específicas para las mujeres del ámbito rural y las que tienen alguna discapacidad, para las mujeres mayores, las de minorías étnicas y las inmigrantes. Así como con mejorar la formación y los medios de los Juzgados de violencia contra la mujer. Anuncian reformas para evitar las visitas a menores de los progenitores que cumplen condenas por este delito.

Otro compromiso, pendiente de la legislatura terminada, es modificar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal para garantizar que la falta de consentimiento sexual explícito de la víctima será la clave ante todos los delitos sexuales. "Si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no", alegan. Tal revisión implica la supresión del delito de abuso sexual.

A primeros de año, el Partido Popular defendía "ayudas a los hombres víctimas de violencia doméstica", en un acercamiento a Vox, pero en precampaña Pablo Casado ha buscado diferenciarse de la formación ultraderecha mostrando apoyo explícito a la ley de violencia de género, que no solo no piensa derogar, sino en la que promete invertir más dinero. "Es compatible seguir apostando por erradicación la violencia de género y al mismo tiempo ocuparse contra la violencia intrafamiliar", ha defendido.

"La violencia de género es una de las lacras que tienen las sociedades de hoy en día. La lucha contra la violencia de género es un compromiso irrenunciable para el PP, siendo el Pacto de Estado la hoja de ruta que nos compromete, a todos, para seguir hacia delante en su erradicación", ha añadido.

La principal novedad al respecto en su programa electoral es una reforma del código penal para extender los supuestos de la prisión permanente revisable a los casos de asesinato en que concurran "algunos supuestos de violencia de género acreditada". Esta redacción algo confusa no aclara qué supuestos concretamente de la violencia machista entrarían en esa prisión permanente revisable. Hasta ahora, al menos un condenado por asesinato machista, Francisco Salvador, ha sido condenado a tal pena por la Audiencia Provincial de Almería.

El PP se compromete asimismo, según su programa, "a desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los plazos y con la financiación prevista". También a reforzar las campañas de sensibilización dirigidas a las mujeres del ámbito rural, la población inmigrante, menores, y discapacitadas. Y, en relación a las víctimas menores, que considera "una prioridad", proponen impulsar la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia en la educación.

Otra de las medidas que propone de cara al 28-A es "homogeneizar las estadísticas", "un/a profesional de referencia para las víctimas", e incrementos en el número de policías especializados en la seguridad de las víctimas. Adecuar las dependencias policiales y mejorar los dispositivos telemáticos de control, así como un "plan de efectividad de las órdenes de protección".

Los compromisos de ciudadanos pasan por garantizar "el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista", estableciendo "controles rigurosos y mecanismos de evaluación para garantizar que todos los fondos que se destinan a luchar contra la violencia machista son utilizados para tal fin y tienen resultados". Y por una ley "para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual". En cumplimiento del Convenio de Estambul, "ampliaremos las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista, entre las que se incluyen los de violencia sexual", asegura su media 103 del  programa.

Podemos propone en su programa actualizar la definición de violencia machista, para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, dado que ahora se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas o exparejas.

La formación morada propone en relación a la "violencia machista" un plan nacional con 600 millones de euros de financiación centrado en la "reparación" de las mujeres víctimas, a las que garantizará una prestación durante seis meses equivalente al salario mínimo interprofesional, así como una alternativa habitacional. También propone ampliar la atención psicosocial a hombres condenados por violencia así como el "fomento de masculinidades no violentas". Los niños y niñas víctimas de un entorno con violencia machista contarán con un plan específico.

Podemos quiere que en esta legislatura se pueda aprobar la ley que presentaron en 2018 para la erradicación de las violencias sexuales, que coloca el consentimiento en el centro del debate, para pasar del "no es no" al "solo sí es sí" en cualquier relación sexual. Además, proponen una asignatura de feminismos para "transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual".

En sus cien medidas para España, Vox incluye directamente "la derogación de la ley de violencia de género". En su lugar quieren promulgar una "ley de violencia intrafamiliar". Otra de sus propuestas pasa por suprimir organismos feministas radicales subvencionados y que la Fiscalía actúe de oficio contra las falsas denuncias. Recientemente, Santiago Abascal ha asegurado que los crímenes de mujeres, dentro y fuera de la pareja, los "crímenes sexuales" estarían con ellos sancionados con "cadena perpetua".

Un centenar de organizaciones del movimiento feminista, por su parte, han solicitado al próximo Parlamento la aplicación del Convenio de Estambul, que supone el reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias contra la mujer. Entre sus prioridades para ampliar la definición está "tratar judicial y socialmente como violencia de género las 120.000 agresiones sexuales anuales".

También reclaman una nueva revisión del sistema de Viogen de riesgo de las mujeres, comisarías especializadas, unidades de valoración forense integral para poder reconocer los casos de violencia psicológica, o la suspensión del régimen de visitas y patria potestad en casos de violencia de género, entre otras medidas. Si de ellas dependiera, equipararían las ayudas de las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a las de las víctimas de terrorismo.

Las feministas consideran que el Gobierno debería contar con un Ministerio de igualdad independiente del de Sanidad o Asuntos Sociales, y reclaman fortalecer el instituto de la mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.