El tango miente. Gardel no decía la verdad cuanto cantaba aquello de que «20 años no es nada». 

Puede que se nos hayan pasado demasiado rápido, pero en dos décadas no solo hemos experimentado la maduración biológica que el paso del tiempo ordena, también hemos envejecido en términos demográficos. 

En la España del 2000 nacían casi 10 criaturas por cada cien mil habitantes y ahora apenas pasan de 7. Por contra, el número de pensionistas rondaba los 8 millones mientras que, en la actualidad, se acercan a los 10 millones.

Podría trufar esta columna con datos complementarios que proyectarían un perfil inquietante de nuestra curva poblacional pero no todos los vectores son adversos. 

España está envejeciendo pero envejece bien; hace 20 años, la esperanza de vida era de 79 años y ahora pasa de 83, una media que nos convierte en el país más longevo del mundo tras Japón. Se vive más y, en términos generales, mejor, pese a las crisis profundas en que se ha visto inmerso nuestro país, como la que desató esta pandemia. 

La evolución de los datos mencionados desnuda el gran problema financiero que se le plantea a la Seguridad Social. Basta con advertir que, cada año, aumenta el número de familias con miembros de dos generaciones cobrando la pensión. 

Ello exige tomar medidas que apuntalen el sistema para garantizar su sostenibilidad.

El acuerdo alcanzado en la comisión del Pacto de Toledo, además de recomendar que se endose a los Presupuestos del Estado las pensiones no contributivas, apuesta por retrasar la edad de jubilación y, lo que resulta más novedoso, incentivar la permanencia de trabajadores en activo. 

Han de articularse fórmulas flexibles e imaginativas que estimulen la extensión de la carrera profesional. En un futuro inmediato, será imprescindible potenciar las jubilaciones activas que modulen el trabajo y hacerlo así compatible con una larga vida.