El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de la moratoria de desahucios hipotecarios y ha anunciado un nuevo acuerdo de Gobierno para poner freno a los desahucios por impago del alquiler cuando el arrendador sea un gran tenedor de vivienda.

Dos medidas necesarias y urgentes que, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se han conseguido arrancar al Gobierno. Los datos sobre desahucios publicados por el CGPJ son alarmantes. En 2019 se produjeron 54.006 desahucios: 14.193 fueron de ejecuciones hipotecarias, 36.467 de alquiler y 3.346 de otras causas. Cifras que no incluyen los desahucios silenciosos.

La nueva moratoria de desahucios hipotecarios amplía su duración hasta el año 2024, también se mejoran algunos supuestos para que personas en situación de vulnerabilidad puedan acogerse a ella. Se incluye a las familias monoparentales con un único hijo a cargo y se incrementa el límite de renta que debe percibir la unidad familiar. 

El Gobierno suaviza el criterio para evitar un desahucio: sube el nivel de renta y podrán acogerse madres con un solo hijo

Y a partir de ahora, los fondos buitre y subasteros tendrán que respetar la moratoria. En cuanto a los desahucios de alquiler, habrá que esperar a que se publique la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para conocer la letra pequeña. En todo caso, parece claro que esa moratoria no solo debe incluir los desahucios por impago de alquiler, si no también los desahucios por extinción de contrato.

Siendo claro que estas medidas beneficiarán a miles de personas, siguen sin aprobarse medidas que acaben con los desahucios de personas que, en situación de vulnerabilidad, ocupan viviendas vacías de entidades financieras o fondos buitre y que suponen también violaciones de Derechos Humanos como dictamina Naciones Unidas.