La reelegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, volvió a enfriar ayer la posibilidad de que haya Gobierno antes de Navidad. Está "complicado", reconoció, porque "tendrían que cuadrar demasiadas cosas". En el calendario se cruzan tres circunstancias que condicionan la abstención de ERC a la investidura. Las consecuencias políticas del fallo que emitirá el próximo día 19 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que podría permitir a Carles Puigdemont ejercer de eurodiputado sin haber prometido la Constitución. La inhabilitación en breve de Quim Torra por el TSJC que, si bien quedaría a la espera del recurso ante el Supremo, pondrá en marcha el reloj del adelanto electoral en Cataluña. Y, finalmente, escasos días antes de Navidad, el congreso de ERC para aprobar su estrategia política. La dirección republicana está predispuesta a abstenerse pero tiene miedo de que esas circunstancias refuercen a JxCat con un Puigdemont que podría volver a ser candidato al Parlament en unas elecciones exprés tras un nuevo fracaso de la euroorden en Bélgica.

Los negociadores republicanos saben que ni este Gobierno ni ningún otro va a conceder la autodeterminación ni la amnistía a los condenados por el procés. En ERC son conscientes de ello pero necesitan teatralizar un diálogo para el que ya han logrado el reconocimiento por parte del PSOE de que hay un "conflicto político". Para allanar del todo esa abstención a Pedro Sánchez no le va a quedar otra que volver a la incómoda declaración de Pedralbes (Barcelona), que fue acordada el 20 de diciembre de 2018. Planteaba una mesa de partidos pero también un diálogo institucional entre gobiernos para diagnosticar el problema político, que es lo que exigen ahora los republicanos para cubrirse frente a críticas internas y externas. Para nuestra democracia constitucional, aunque la soberanía nacional no está en juego, es una grave anomalía que la viabilidad de la legislatura esté en manos de un partido con el historial de ERC.

El peligro no es la autodeterminación, sino que Sánchez se vea obligado a hacer continuas concesiones para mantener el apoyo de los independentistas a lo largo de la legislatura. Al igual que tampoco le saldrá gratis el apoyo del PNV, como ya le ocurrió a Mariano Rajoy a cuenta de la renovación del cupo vasco. A medio plazo exigirá su trozo del pastel de la Seguridad Social. Si el PP fuese tan constitucionalista como propaga, lo normal sería que Pablo Casado ofreciera gratis su abstención. En justa correspondencia con lo que hizo el PSOE en 2016 y demostrar que su patriotismo no es solo de partido.