Para que haya democracia no basta con que la ciudadanía pueda elegir a sus gobernantes, hace falta que estos se sometan a las leyes y que haya un poder judicial independiente que verifique la legalidad de su actuación. Sin ese control efectivo la democracia corre peligro porque el poder de la administración no tiene límites y los derechos de los ciudadanos pueden ser vulnerados.

La democracia es un juego de equilibrios entre quien hace las leyes pero no las aplica (legislativo), quien las aplica pero no las aprueba (ejecutivo) y quien controla que todos, absolutamente todos, nos sometamos a las leyes y a la Constitución (judicial). Ese poder lo ejercen los jueces, en España cerca de 5.700, y nadie puede inmiscuirse en su trabajo; tampoco el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya labor consiste principalmente en gestionar la labor de los jueces en cuanto a permisos y nombramientos en base a criterios objetivos de mérito y antigüedad.

"El control del CGPJ se ha convertido en el objeto del deseo cada vez más explícito de los partidos"

Ahora bien, el control del CGPJ se ha convertido en el objeto del deseo cada vez más explícito de los partidos porque elige de forma discrecional a la "cúpula judicial", o sea, a los 78 miembros del Tribunal Supremo, a los 34 presidentes y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los 50 presidentes de las Audiencias Provinciales. Entre las manos de esos 162 jueces pasan los asuntos más relevantes y son quienes enjuician a los políticos que hayan podido infringir las leyes. 

La Constitución, para garantizar que tras el fin de la dictadura el pluralismo de la sociedad se reflejase en el CGPJ, fijó que 8 de sus 20 miembros fuesen elegidos por el Congreso entre "juristas de reconocido prestigio". En 1985 se estableció que los 12 restantes, que deben ser jueces de carrera, sean también votados por una mayoría de 3/5 de los diputados. El Constitucional avaló esa fórmula de amplio consenso parlamentario advirtiendo, no obstante, del riesgo de que en la elección del CGPJ se acabase estableciendo un reparto puramente partidista, introduciendo en la justicia la lucha entre fuerzas políticas.

"La propuesta de reforma [del Gobierno] agravaría en Europa la indeseable imagen de la politización de la justicia española"

Por desgracia eso es lo que ha ocurrido de forma cada vez más descarada y ahora estamos a punto de dar un fatal salto. El PP bloquea desde hace años la renovación del CGPJ porque teme perder el "control" y el Gobierno de izquierdas reacciona con una propuesta de reforma que agravaría en Europa la indeseable imagen de la politización de la justicia española al permitir su elección con solo la mayoría absoluta del Congreso. Es una pésima respuesta a una mala praxis que debería obligar a los partidos, si no queremos que nuestro país acabe señalado al lado de democracias iliberales como Hungría o Polonia, a volver al espíritu de la Constitución.