Ya lo avanzó hace un mes y lo ha confirmado este jueves: el Defensor del Pueblo hará un informe monográfico sobre la violencia vicaria, que solo en lo que llevamos de año, anota ya su peor cifra en la última década, con siete menores asesinados presuntamente a manos de su padre. Ángel Gabilondo ya avanzó en abril que estaba "pensando" elaborar una investigación sobre "lo que significa la venganza adoptada a través de una persona que suele ser un niño", y durante la presentación de los informes de 2022 y 2023 en el Congreso de los Diputados ha constatado que la institución que dirige abordará el análisis de estos crímenes.
"Tristemente, cabe destacar de nuevo la gravedad de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria. La persistencia de esta forma de violencia y la complejidad para abordarla exige la cooperación de muy diversas instancias públicas", ha aseverado Gabilondo en el Pleno, donde ha recordado también "las posibilidades de mejora" que tiene el sistema para proteger a las mujeres y sus hijos, "como el concepto de víctima y su acreditación, que debe ser ágil y sencilla".
También ha señalado la actuación policial, la "adecuada formación", la "sensibilidad" de los profesionales que trabajan cerca de las víctimas, o el papel de los puntos de encuentro familiar o de los equipos adscritos a los juzgados. "Todas han sido objeto de análisis y numerosas recomendaciones. Nuestra institución va a elaborar un informe singular sobre la violencia vicaria", ha subrayado.
Juzgados unificados y mejora del sistema policial
El Defensor lleva un tiempo resaltando la importancia de proteger a los menores expuestos a la violencia vicaria y de dejar de "utilizarlos como mercancía". De hecho, el informe de 2022 ya resaltaba las "numerosas" quejas recibidas por la "fragmentación" de los juzgados de violencia de género, de familia o de primera instancia civil y penal en la intervención judicial "en la ruptura familiar". Una situación que, según subraya el documento", "impide que un solo juez conozca toda la situación de conflicto que se vive por parte de la mujer y los hijos" en los casos de violencia de género.
"Se trata de reforzar el principio de especialidad, de modo que el órgano judicial que tiene un mandato más específico en materia de violencia contra la mujer, asuma competencias civiles (custodia, régimen de visitas y otros aspectos relacionados con las rupturas de pareja) cuando hay un contexto de violencia contra ella, con independencia de cuando se produce la denuncia penal", incide el informe.
En esa línea apuntó también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien en abril hizo un llamamiento a los jueces para que no concedan regímenes de visita a los padres denunciados por violencia de género; algo que sucedió en el último crimen vicario. Redondo ha manifestado en varias ocasiones la intención de su departamento de tomar medidas para hacer frente a la violencia vicaria, y a principios de mes reivindicó que, en el marco de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que está siendo ahora debatido en el Congreso, se elabore un texto "más amplio" con políticas contra estos crímenes.
En el balance de 2022, el Defensor del Pueblo también insiste en la necesidad de "mejorar" el sistema policial de detección y valoración de riesgo (el Sistema VioGén), para "adaptarlo a la idiosincrasia y especificad de los menores", incorporando más información —reportes de los servicios sociales, de los puntos de encuentro, de los psicólogos de los colegios, etc.— que ayuden a "completar los perfiles" de los menores que sufren maltrato, directa o indirectamente.
1.400 menores en riesgo
En lo que va de año, siete menores han sido asesinados por violencia de género en España; 57 desde 2013. Se trata de la segunda cifra más alta desde 2013, cuando se empezaron a recopilar estos crímenes. La más elevada se registró en 2017, con ocho menores asesinados, pero ese dato representa el cómputo total del año entero, que supera a los siete niños asesinados en 2015, 2018 y 2021.
El Ministerio del Interior tiene detectados en VioGén 1.439 casos con menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre; de los que 1.396 están en riesgo medio; 141 en alto; y dos en extremo. También expone que, a 30 de abril, había 135 casos con menores en situación de vulnerabilidad alta y extrema (134 y uno, respectivamente) y 1.402 en media.
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