Almería amaneció este lunes consternada por la noticia de las niñas presuntamente asesinadas por su padre en un cortijo del municipio de Alboloduy durante un régimen de visitas. El caso, que se investiga como un posible crimen vicario, saca a relucir posibles fallos del sistema judicial a la hora de proteger a esas niñas de dos y cuatro años de una persona sobre la cual pesaban denuncias por malos tratos y una orden de alejamiento respecto a la madre. Lo cierto es que en los últimos veinte años se han llevado a cabo reformas para aumentar la protección de los menores en contextos de violencia de género. Pero, según los juristas consultados, este caso demuestra que hay juzgados que todavía separan el papel de padre del de maltratador.

La principal hipótesis que sostiene la Guardia Civil es que el hombre envenenó a sus hijas con alguna sustancia antes de quitarse la vida. Fue la madre, de 23 años, la que dio la voz de alarma al ver que sus hijas no regresaban a tiempo a Abla, donde residían. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el presunto asesino, de 35 años, tenía un régimen de visitas reconocido judicialmente durante los fines de semana, entre las 12 y las 18 horas. Todo y pese a que el hombre tenía pendiente un juicio por malos tratos y amenazas este 10 de abril y a que el juzgado de Violencia Sobre la Mujer había dictado una orden de alejamiento de su expareja y ordenado la colocación de una pulsera de seguridad. Ella, además, constaba como víctima en el sistema de seguimiento policial VioGén. 

Todas las claves del caso, explicadas en un minuto

Desde la aprobación de la ley de violencia de género, en 2004, se han ido definiendo distintas fórmulas para intentar proteger a los menores de la convivencia con padres maltratadores. Esto fue, de hecho, lo que motivó que en 2015 se aprobara una reforma en la que se pasaba a reconocer a los menores como víctimas directas de la violencia de género; y a que, en 2021, la nueva ley de protección a la infancia estableciera la suspensión del régimen de visitas para los progenitores inmersos en un procedimiento penal de violencia doméstica o de género. Sin embargo, la norma deja en manos del juez esta decisión, fijando que este podrá no suspender las visitas "mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

Un hombre con orden de alejamiento mata presuntamente con veneno a sus hijas de dos y cuatro años en Almería y después se suicida

Según datos del Ministerio de Igualdad, 52 menores han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013. Y, de confirmarse el caso de Almería, la cifra ascendería a 54. En más de la mitad de los casos, los homicidas se suicidaron tras cometer los crímenes. Además, a 29 de febrero de 2024, el sistema de control policial VioGén tenía registrados a 83.070 menores de edad como casos activos, de los cuales 1.455 están en situación de riesgo medio, alto o extremo. 

¿Interés superior del menor?

"Lo que lleva pidiendo el movimiento feminista durante veinte años es que los beneficios de la relación paternofilial no deben considerarse cuando existe una violencia demostrada. Hemos sido incapaces de que esto se aplique en el poder judicial, pese a que con la reforma de 2021 nos decían que esto se iba a acabar", sostiene a 20minutos Marisa Soleto, jurista experta en violencia de género y directora de la Fundación Mujeres. 

El problema, explica Soleto, es que no existe una definición de lo que engloba el llamado interés superior del menor. "Es de árbitro judicial", asegura la jurista, quien sostiene que "todavía hay quien piensa que la relación de violencia con la madre no representa ningún elemento que distorsione las pretensiones de la patria potestad", y que en una resolución se puede combinar, "sin ningún problema", una orden de protección con otra de concesión de visitas. "Esto indica que no somos capaces de encontrar la forma de proteger efectivamente a los menores, niños y niñas expuestos a la violencia de género y que, por lo tanto, la reforma que se impulsó en 2021 no es efectiva", lamenta. 

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Coincide con ella Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política de Save the Children. "Existe todavía el mito de que un maltratador puede ser un buen padre", asegura a este periódico. Es por eso que Del Moral considera esencial que se fortalezca la formación en perspectiva de infancia a todos los profesionales y operadores jurídicos. "No podemos hacer valoración del caso concreto porque desconocemos qué decisión judicial ha llevado a esta cuestión... pero esto viene a demostrar que sigue haciendo falta una formación específica", sostiene. 

"Desconocimiento de la violencia de género"

Para Miguel Lorente, forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, lo que demuestra este caso, más que la mera aplicación de la norma, es el "profundo desconocimiento" que hay todavía sobre la realidad de la violencia de género. "No tiene sentido diferenciar entre la violencia que se ejerce contra las madres que la que se ejerce contra los hijos. Porque no hay diferencias. La simple exposición a ese ambiente provoca un daño en la salud de los niños. No es una situación al margen. Es una incongruencia absoluta", afirma. 

También Lorente ve la laguna en ese "espacio de subjetividad" que permite la ley para que sea el juez el que decida si se prohíben o no los regímenes de visitas. Según el ex delegado del Gobierno, "cualquier espacio a la subjetividad es dejar espacio al machismo y la violencia, porque forma parte de la normalidad… y la normalidad es machista". 

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"En el informe de homicidios que hace referencia a los años 2021-2022, se recoge que fueron asesinados en España 56 niños. De esos, cinco lo son en contextos de violencia de género, lo cual quiere decir que representan el 19%. Hay que actuar de una manera mucho más directa para quitarle espacio a esa subjetividad. Si tú entiendes que una mujer necesita una orden de alejamiento, sus hijos tienen que estar igualmente protegidos", insiste.