La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha interpuesto una denuncia en los juzgados de Barbate por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves contra el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil por los hechos ocurridos en el puerto barbateño el 9 de febrero en los que dos agentes perdieron la vida y varios resultaron heridos de gravedad.
Jucil ha explicado en una nota que, según la denuncia, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó "bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados para enfrentar la situación". En este sentido, ha añadido que "los superiores jerárquicos, a pesar de conocer los riesgos, ordenaron realizar una intervención para la que los guardias civiles que participaron no estaban preparados ni contaban con los recursos necesarios".
El escrito de denuncia ha detallado que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era "insuficiente frente a las narcolanchas, por ser estas significativamente más grandes y poderosas". Además, ha indicado que los agentes asignados "no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas".
La denuncia ha incidido en que los componentes de los equipos GEAS no están preparados para este tipo de intervenciones policiales, mientras que los dos componentes del GAR que los acompañaban como refuerzo, carecían de los medios necesarios, por ejemplo, cascos. En este sentido, Jucil ha recordado que ambos fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló.
El clima
La denuncia también ha hecho referencia a las condiciones meteorológicas desfavorables en el momento de la intervención, así como a las declaraciones previas de las autoridades que sugieren una falta de preparación y de medias adecuados por parte de la Guardia Civil para enfrentar este tipo de situaciones.
La denuncia de Jucil, según ha explicado la asociación, se basa en las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS. En este sentido, ha indicado que "el sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz". En ella se indicaba que el superior jerárquico requería al equipo GEAS para que acudiese al puerto de Barbate.
Además, en la querella se ha añadido que "en esa llamada se comunica al coronel que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas". Esta aseveración, "se comunica al superior incluso en dos ocasiones, entre otros comentarios, dado que no es posible realizar lo que es solicitado por los superiores ahora denunciados, por el riesgo sobre la vida de los agentes si salieran con la lancha", ha precisado Jucil.
Además ha añadido que la lancha de la Guardia Civil es un "equipo antiguo", con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo, "ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores".
Ya hay una causa abierta
La asociación ha afirmado que conoce la apertura de una causa en el Juzgado número 1 de Barbate por un posible delito de prevención de riesgos laborales cometidos por los ahora denunciados, aunque considera "que no solo se ha producido la comisión del mismo, sino que los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios de la Guardia Civil eran insuficientes, y aún obligaron a los agentes a salir y realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes, sin lo necesario, a sabiendas del riesgo de muerte, siendo los mismos completamente afines a que se realizará la intervención, sin importar el resultado, dada la situación política acaecida con anterioridad".
En su denuncia, Jucil ha asegurado que considera la existencia de "dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 del Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal", por lo que ha solicitado "que se inicien las correspondientes diligencias previas para esclarecer estos hechos y que se investigue bajo estos criterios la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso".
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