El acuerdo firmado en noviembre del año pasado entre la Junta y el Gobierno central para impulsar el desarrollo económico y social de los municipios del área de Doñana, que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre ambas administraciones en lo que a este espacio natural se refiere tras dos años de enfrentamientos, ha pasado este lunes del papel a la práctica con la firma del reparto de fondos entre las 14 localidades afectadas para el desarrollo sostenible de la comarca.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la encargada de estampar su rúbrica junto a las de los alcaldes en un acto celebrado en el Patio de Banderas de Sevilla, al que también ha asistido el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, que también asume ahora las competencias de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Los 14 municipios del área de influencia de Doñana (Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa), en los que residen unas 200.000 personas, recibirán en total 70 millones de euros correspondientes a la línea 10 del marco de actuaciones que acordaron la Junta y el Gobierno en 2023.
El ministerio ha repartido los fondos siguiendo un criterio "lineal" en base a una serie de factores, como la superficie, los habitantes, el PIB y la situación socioeconómica de cada municipio. De esta forma, Almonte será el que más dinero perciba (8 millones), seguido de Hinojos, Aznalcázar, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda (5,9 millones); Moguer (5,6); y Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa (4,1). Las localidades, que recibirán la mitad del dinero este año y la otra mitad en 2025, tendrán hasta 2027 para desarrollar proyectos relacionados con la sostenibilidad del territorio (ciclo del agua, movilidad, eficiencia energética…), que además sirvan para favorecer el emprendimiento y el empleo.
Aunque finalmente han firmado el acuerdo los 14 municipios, Almonte e Hinojos, que pedían más fondos, siguen estando en contra del reparto, al considerar que este va a "romper el equilibrio existente entre la población" de ambos pueblos "con Doñana". Ribera, por el contrario, ha valorado que se trata de una propuesta final "muy razonable", por lo que ha descartado que haya cambios en la misma.
Ayudas por dejar los regadíos
También se ha referido la ministra a las ayudas que se contemplan en el acuerdo del año pasado para aquellos agricultores que decidan abandonar sus cultivos de regadío, los más perjudiciales para el acuífero de Doñana. Al respecto, Ribera ha manifestado la intención de su departamento de que las bases reguladoras de estos incentivos estén en exposición pública a lo largo del próximo trimestre. Unas ayudas de entre 70.000 y 100.000 euros por hectárea que ya en su día la ministra aclaró que solo llegarán a los regantes legales y cuya cuantía máxima solo percibirán los cinco municipios de la Corona Norte (Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado).
Junto a estas, se lanzarán también en los próximos meses ayudas para la inclusión social y laboral de los temporeros agrícolas extranjeros y otros colectivos vulnerables; para la mejora de las condiciones de habitabilidad de los temporeros; o para la innovación y diversificación industrial. A estas se suman las actuaciones que el Gobierno central ya viene desarrollando desde noviembre de 2022, cuando aprobó un primer marco de actuaciones para Doñana, entre las que destacan el cierre de más de mil pozos ilegales y el aumento de las inspecciones. También la Junta ha dado luz verde ya a 15 millones de euros en la zona, de los que seis corresponden al pacto, para prevención de incendios y mejora medioambiental.
"Esto es el principio de una aventura compleja", ha asegurado la ministra, que se ha mostrado convencida de que "recuperar el parque es también asegurar larga vida a los pueblos y vecinos de la comarca". La Junta, por su parte, ha reiterado su compromiso de cumplir el acuerdo "a rajatabla, punto por punto", tanto en las competencias que son propias de la Administración autonómica como en las que "se reclaman" a otras instancias.
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