Un día después de que la Junta y el Gobierno central firmaran el acuerdo por Doñana, ambas administraciones concretaron este martes algunos detalles de un pacto "de largo recorrido" que, más allá del aspecto político, tiene aún muchas cuestiones técnicas por pulir, si bien la intención de todos los implicados es "ponerse a trabajar ya".
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionada varias veces al respecto este lunes en Almonte, aseguró que no habría ningún veto a la hora de solicitar las ayudas, si bien quiso dejar claro que "hay amnistía con Doñana, pero no con el regadío ilegal". Este martes ha sido más específica y ha asegurado que solo podrán acogerse a las ayudas aquellos agricultores que se encuentren en situación de legalidad, ya que el documento establece que "no se puede mantener ningún tipo de actividad que conlleve extracciones de agua ilegales".
Si bien la también vicepresidenta tercera matizó que si algún agricultor es sancionado y cumple con la sanción podría acceder a las ayudas, "pero es imprescindible tener una situación perfectamente regular antes de solicitarlas". Asimismo, Ribera aseguró que en las próximas semanas se trabajará en identificar a quienes se quieran acoger a estas medidas, con la idea de poder sacar la primera convocatoria de ayudas a principios del próximo año.
Sobre esas ayudas, la Junta ha especificado que el grueso que aporta el Estado, 70.000 euros por hectárea, se destinará a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, la mayoría en la provincia de Huelva, pero también en Sevilla y Cádiz, y solo los cinco de la Corona Norte (Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado) podrán llegar hasta los 100.000 euros por hectárea gracias a la aportación de la Junta con recursos propios (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).
Asimismo, el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que "uno de los éxitos" de la negociación ha sido que el Gobierno "reconozca" que el Plan Especial de Ordenación de las zonas de Regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana de 2014, conocido como Plan de la Fresa, "no estaba bien hecho", por lo que ha señalado que el objetivo es que "iniciemos su revisión subsanando los errores" de entonces.
Esa modificación, ha aseverado el portavoz, se hará por la vía ordinaria" y, además de contar con el Consejo de Participación de Doñana, estarán presentes organismos del Estado, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o el organismo que aglutina a los Parque Nacionales, para apelar en este punto a que "el respaldo social nos obliga a cumplirlo" con el propósito de "no defraudar la confianza depositada".
Comentarios