Fin a dos años de desencuentros casi permanentes, especialmente elevados de tono en los últimos meses, entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que este lunes han firmado el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del entorno de Doñana, un acuerdo "histórico" con el que ambas administraciones afirman sentirse muy satisfechas y con el que el Ejecutivo andaluz entierra definitivamente su polémica proposición de ley. Al tiempo que se ofrecen ayudas a los agricultores de la zona para que abandonen sus cultivos de regadío de frutos rojos y renaturalicen el terreno o los sustituyan por otros de secano o de agricultora ecológica.

Así lo han anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras las firma del acuerdo, que abarca, como novedad, no solo a los cinco municipios más afectados de la Corona Norte de Doñana, sino a 14 localidades en total, en las que residen algo más de 200.000 personas, de las que cerca del 39% se dedican al sector primario. Se trata, concretamente, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva); y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Moreno y Ribera se han congratulado de que este pacto, que no incluye finalmente la compra de terrenos por parte de ninguna administración ni de derechos de agua "que no existen", es beneficioso para todas las partes y ha sabido aunar la protección del Parque Natural con el desarrollo del entorno. "Bien está lo que bien acaba", ha manifestado el presidente andaluz, que ha defendido que el diálogo "siempre funciona cuando es sincero" y es la "forma más inteligente de avanzar en beneficio del interés general". Y ha confirmado que su partido retira "definitivamente" la iniciativa legislativa que originó el enfrentamiento con el Gobierno, al considerar que este acuerdo "es una solución mejor". 

La ministra, por su parte, ha defendido que si Doñana "es la mayor riqueza de la que disponemos, merece la pena ponerla en valor", al tiempo que ha afirmado que el acuerdo representa un "consenso que está por encima del ruido, de la tensión, de las consignas y de los enfrentamientos". Un acuerdo en el que el Gobierno de España "quiere mostrar que está aquí y ahora, pendiente de Doñana". Además, se ha mostrado totalmente convencida de que la noticia de este acuerdo "va a ser enormemente bien recibida" en Bruselas, que vigilaba muy de cerca las actuaciones en el Parque Natural y que ya mostró también su rechazo a la PNL de Moreno.

Uno de los objetivos del acuerdo, y que el presidente de la Junta siempre estableció como condición necesaria para llegar a un entendimiento, era que este resolviera el problema enquistado que sufren miles de agricultores del entorno desde hace años. Por ello, una de las medidas del documento final es la concesión de ayudas a todos los que lo soliciten para que abandonen los cultivos de regadío o, en caso de querer seguir cultivando, que los sustituyan por otros menos dañinos para el acuífero de Doñana. Se concederán hasta 100.000 euros por cada hectárea en el plazo de cinco años, a razón de 20.000 euros anuales. De estos, 70.000 los aportará el Gobierno central, 20.000 la Junta de Andalucía y otros 10.000 la Diputación de Huelva, que se suma de esta forma al acuerdo.

Los agricultores que se acojan a esta medida tendrán tres opciones. Una de ellas, que es la que realmente persigue el acuerdo, es reforestar los terrenos en los que ahora cultivan, por lo que recibirán 7.000 euros por hectárea por un plazo de diez años, con la obligación de mantener el uso forestal del suelo durante un periodo de 30 años. En segundo lugar, convertir el cultivo de regadío en uno de secano, en cuyo caso la ayuda será de 2.500 euros y concederá por cinco años, con compromiso de permanencia de diez; y, por último, optar por la agricultora ecológica, con una ayuda de 1.000 euros por un plazo máximo de cinco años.

El acuerdo fue ratificado la noche del domingo por unanimidad por los regantes afectados. Y cabe destacar, en palabras de Ribera, que "no habrá revisión, ni censo ni catastro" a la hora de acogerse a estas ayudas. Es decir, que no se pondrá ningún veto y que todos los agricultores del área de influencia, independientemente de si tienen abierto algún expediente por uso ilegal del agua, se podrán acoger, si bien los expedientes seguirán abiertos. "Hay amnistía con Doñana, pero no con el regadío ilegal", ha manifestado la ministra a preguntas de los medios. 

Satisfacción y prudencia entre los regantes, los científicos y el resto de partidos ante el acuerdo de la Junta y el Gobierno por Doñana

Inversiones millonarias

El acuerdo, cuyo horizonte temporal es 2023-2027, contempla igualmente inversiones por valor de más de 1.400 millones de euros, de los que 706 los aportará el Gobierno central, al sumar ahora 350 millones a los 356,3 que ya prometió el año pasado; y otros 728,9 millones que llegarán de las arcas de la Junta de Andalucía.

En lo que a las inversiones procedentes de la Junta de Andalucía se refiere, la más destacada son los casi 335 millones de euros que la Junta destinará a obras de infraestructuras hidráulicas en el entorno, como las EDAR de Huelva, El Rompido, La Antilla o Matalascañas y Mazagón (estas dos últimas cofinanciadas con el Estado); obras de abastecimiento de agua potable en Burguillos e Isla Mayor; o cinco actuaciones en colectores de Sevilla.

El Gobierno andaluz también destinará 251,5 millones de euros de Fondos Europeos a medidas vinculadas al sector agrícola y ganadero; 23,5 millones de euros al sector pesquero, de los que cinco se invertirán en el plan de la coquina; otros 21,3 millones al sector forestal y al medio natural, que incluye 8,5 millones de euros para la reforestación del incendio de Las Peñuelas; otros 96,3 millones en medidas de otro orden, como la compra de 7.000 ha de la finca Veta la Palma; y 1,5 millones para actuaciones de ordenación del territorio. 

También se contemplan otras actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y de los alojamientos de los temporeros que cada año acuden a Huelva a la recolección de los cultivos, con una partida de 32 millones de euros; así como la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana (30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética); impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana; y la creación de una Marca Doñana, para impulsar la actividad turística, cultural y artesanal de la zona. 

Dos meses de negociación

Francisco J. Olmo/EP

La rúbrica este lunes del acuerdo, que ha estado precedida por un paseo de Moreno y Ribera por el parque, ha terminado de sellar la paz tras casi dos meses de negociaciones, que se iniciaron el pasado 3 de octubre en San Telmo, cuando ambas Administraciones acordaron buscar una solución para Doñana que no pasara por la proposición de ley del PP, que afectaba a unas 700 hectáreas.

El origen del problema, en todo caso, se remonta mucho más lejos en el tiempo, concretamente al año 2014, cuando se aprobó el conocido como Plan de la Fresa, con el que se ordenaron cerca de 64.500 hectáreas, de las que algo más de 9.300 fueron declaradas como regables, al cumplir los requisitos de terrenos agrícolas en regadío en 2004 (fecha de entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), y haber mantenido su actividad en los años siguientes. 

Los agricultores que quedaron fuera de ordenación y en un limbo jurídico, un millar aproximadamente de 650 explotaciones, han reclamado desde entonces una solución para sus tierras, que ningún Gobierno de la Junta ha sabido encontrar.