El acuerdo alcanzado este lunes entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para el desarrollo sostenible del entorno de Doñana, que contempla inversiones millonarias y ayudas para que los regantes abandonen sus cultivos, ha provocado, en términos generales, el visto bueno tanto en el ámbito político como en el científico y el ecológico.
Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha congratulado por el acuerdo y ha reivindicado la contribución de la "oposición útil y responsable" se su partido para "ayudar" al Ejecutivo andaluz a "corregir" errores. "Doñana es una joya de nuestro patrimonio natural, que merecía lo que hemos hecho: apostar por el diálogo y el acuerdo para cumplir la ley, invirtiendo y apoyando una protección justa también con las personas que viven y trabajan en el territorio", ha apostillado el socialista, que ha dado su enhorabuena tanto al Gobierno central como al andaluz.
Menos satisfechos se han mostrado desde Vox, con quien el PP-A había registrado la proposición de ley en el Parlamento que dio origen al enfrentamiento entre la Junta y el Estado. El portavoz parlamentario de la formación, Manuel Gavira, ha dicho "respetar" el acuerdo, pero se ha mostrado en contra al considerar que el campo andaluz es hoy "un poco más débil". Además, ha criticado que el pacto "no va de Huelva, Doñana, ni siquiera del agua". Va, en su opinión, "del bipartidismo, de esa gran coalición que gobierna la Unión Europea".
Desde Por Andalucía, su portavoz adjunto, Juan Antonio Delgado, ha valorado como "positivo" el acuerdo que se ha detallado este lunes "frente a la amenaza de desecación que suponía la amnistía de regadíos ilegales proyectada por el presidente" de la Junta, Juanma Moreno, si bien ha pedido concreción en materia de inversiones y plazos de ejecución. Por ello, ha advertido, desde su grupo permanecerán "vigilantes" para que el presidente "cumpla con la gente de Huelva y que destine hasta el último euro resultante de ese acuerdo a mejorar la vida de la mayoría social, y no a seguir otorgando privilegios a quienes no los necesitan".
Prudencia es lo que ha mostrado Adelante Andalucía, que ha confiado en que el pacto alcanzado no contemple una "amnistía a los que están pinchando pozos ilegales" en el parque. "Tiene que estar escrito en piedra que Doñana, por encima del beneficio privado de unos empresarios, tiene que protegerse", ha sentenciado el portavoz del grupo, José Ignacio García, que ha lamentado ser los "aguafiestas oficiales". García ha insistido en que "nosotros queremos que se llegue a un acuerdo para proteger Doñana, pero amnistía a los que están pinchando pozos ilegales y se están cargando Doñana, no".
Los científicos, satisfechos
También se han pronunciado los científicos y las asociaciones ecologistas, que por el momento se muestran cautos hasta poder analizar al detalle el acuerdo y el protocolo alcanzado, al que pueden presentar sugerencias y alegaciones hasta el próximo 15 de diciembre.
Así, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Junta y ha indicado que "habrá que trabajar en él" y "estudiarlo con calma". En todo caso, ha dicho tener "esperanza" y se ha mostrado "casi seguro" de que, aunque "habrá cosas que nos gusten más o menos, juzgaremos positivamente".
Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, ha considerado "muy positivo" el acuerdo y se ha mostrado satisfecho de que "por fin se está consiguiendo poner de acuerdo a distintas administraciones". Al hilo, ha añadido que "todos tienen el mismo objetivo ahora mismo, la restauración de Doñana como espacio natural, que está en una situación ambientalmente delicada". En ese sentido, ha instado a "ser capaces" de hacer compatibles la conservación con la actividad humana, "dándonos cuenta de que van de la mano".
Mientras, WWF ha celebrado que "se haya enterrado el hacha de guerra" en el parque y que se haya retirado la ley "anti Doñana", pero la asociación ecologista se ha mostrado en desacuerdo con que los "agricultores ilegales" se puedan acoger a las ayudas anunciadas. Y Ecologistas en Acción ha confiado en que el acuerdo "sea una realidad", ya que "no es el primer plan de desarrollo sostenible que se presenta y que se incumple sistemáticamente", toda vez que espera que con él "se logre la paz social y ambiental que se necesita".
Greenpeace ha celebrado igualmente el acuerdo, si bien ha lamentado que "aquellas explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas". En todo caso, han destacado cómo ejemplos como el de Doñana o el Mar Menor "sirven para ilustrar que la presión social y ciudadana puede obligar a la clase política a alcanzar acuerdos en favor del medioambiente y las personas".
Los regantes aplauden el pacto
Satisfacción es lo que también ha mostrado la Plataforma de Regantes del Condado de Huelva, que recuerda que "estos años atrás han sido muy duros", por lo que ha reclamado que cese la "criminalización" de los agricultores de la zona, que son "gente sensata y humilde, capaz de negociar con todo el que se quiera sentar".
Igualmente, desde la plataforma han explicado que son "muchos los agricultores y muchas familias que van a hacer un gran esfuerzo para acogerse ahora a esa convocatoria que sí está abierta a todos los agricultores que estén en el entorno", y que "en el ejercicio de su libertad" se decantarán por alguna de las opciones planteadas en el acuerdo.
También ha aplaudido el pacto la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-A), que "desde el minuto uno" ha defendido un "equilibrio entre la regularización de los agricultores que cuentan con aprovechamientos históricos y la conservación de Doñana".
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