El plan de choque de Madrid para agilizar la atención a la dependencia y acortar los plazos

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante la reunión del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante la reunión del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad.
COMUNIDAD DE MADRID
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante la reunión del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad.

Reducir trámites administrativos, agilizar los plazos, inserción laboral y digitalizar el procedimiento. Estas son las principales líneas de la nueva estrategia que la Comunidad de Madrid prepara para atender a las personas con discapacidad. Junto a este documento, que se aprobará previsiblemente en septiembre, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales trabaja en diferentes modificaciones normativas para acelerar los tiempos en la valoración de la dependencia, para acceder a una residencia o para solicitar otras ayudas.

"Tenemos ya un plan de choque para reducir los plazos y contratar nuevo personal en los centros de valoración", ha indicado la consejera, Ana Dávila, este lunes antes de la reunión con el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad. Dávila ha expresado que la estrategia del Gobierno regional para esta legislatura estará centrado en la persona y en las familias para que "el recorrido sea lo más llevadero".

La futura estrategia para atender estará publicada en septiembre, previsiblemente. Durante los próximos meses se recabará la opinión de las organizaciones y asociaciones implicadas para ver cuáles son las principales necesidades y buscar soluciones. Entre las prioridades para la Consejería está simplificar los procedimientos: "Que en una única cita los niños de hasta seis años podrán tener su valoración realizada para el grado de discapacidad, la dependencia y las necesidades de atención temprana", ha detallado la titular de Asuntos Sociales.

Junto a estas líneas de actuación, desde el Ejecutivo autonómico se preparan modificaciones normativas en materia de discapacidad y dependencia. Así, en los próximos meses está previsto que se apruebe el decreto para fomentar la autonomía personal y para la libre elección de centro. Con la nueva regulación, los menores de tres años y los mayores de 90 recibirán la valoración en un máximo de tres meses. Además, se agrupará en una sola visita el estudio a los niños menores de 6 años, cuando requieran una evaluación de su situación de dependencia junto a la de discapacidad o Atención Temprana.

En el caso de las personas hospitalizadas debido a un accidente o enfermedad que ha derivado en una incapacidad, el plazo se reduce hasta los 10 días y para los ciudadanos en cuidados paliativos o en urgencia social se hará de manera inmediata. La simplificación de los pasos se hará gracias a la Historia Social Única y la implementación de la ventanilla única, lo que permitirá activar todo el proceso presentando el DNI. Todo ello posibilita que las personas con discapacidad y dependientes puedan obtener antes una plaza en una residencia o acceder los servicios de teleasistencia. 

En el decreto también se regulará la figura del asistente personal, lo que permitirá que más personas puedan beneficiarse de este servicio y que se eliminen trabas a la hora de ser acompañados a hospitales, centro de trabajo o lugares de ocio. Dávila ha destacado que en los próximos días se producirá la primera reunión de la mesa técnica para fijar la cualificación que deberán cumplir estos trabajadores para poder acceder a la acreditación regional. La normativa también contemplará que las personas dependientes puedan recibir de manera simultánea la ayuda para el cuidado en el entorno familiar y la de promoción de la autonomía personal, que hasta ahora eran incompatibles.

Desde la Consejería están en coordinación con otros departamentos para implementar nuevas medidas para fomentar la inserción laboral de estas personas, con planes activos de formación, por ejemplo. Por otro lado, trabajan con la Consejería de Digitalización para establecer la Historia Social Única y tener en una única plataforma todos los datos personales, familiares, sanitarios, económicos, educativos, de vivienda o laborales de los madrileños y así brindar una mejor asistencia.

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