En España se realizan alrededor de 850.000 exámenes teóricos de conducir y 960.000 prácticos al año. Sin embargo, la falta de examinadores, problema derivado en parte por la escasez también de administrativos, está generando largas listas de espera en algunas provincias. Si bien la situación no es homogénea en todo el país, en las jefaturas más afectadas el tiempo para realizar la prueba práctica puede rondar los dos o tres meses, una situación que afecta tanto a los alumnos como a los funcionarios y las autoescuelas.
Así lo indican varias fuentes consultadas por 20minutos, entre ellas Álvaro Llamas, presidente de la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES), y Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas (CNAE), quienes denuncian que esta "precaria situación" se debe a la escasez de personal funcionario, tanto administrativo como examinador de tráfico. "La falta de administrativos para realizar los trámites necesarios en las oficinas obliga a que tengan que ser los propios examinadores los que deban realizar esas tareas, dejando así de examinar a los alumnos", explica el primero.
De la misma forma lo planteó el director general de Tráfico, Pere Navarro, cuando el pasado mes de abril afirmó en el Congreso de los Diputados que el principal obstáculo es "la falta de personal administrativo en las jefaturas provinciales", al ser los que hacen el trabajo previo antes del examen y quienes se ocupan de todo después de la prueba. "Si conseguimos resolver el problema, supondrá una mejora considerable", aseguró entonces.
Para aliviar a las administraciones de esta demanda, la Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará su plantilla de examinadores con la incorporación de 54 nuevos profesionales en las próximas semanas. Los puestos se distribuirán en 25 jefaturas provinciales: doce funcionarios irán a Barcelona, cinco a Girona, cuatro a Guipúzcoa, tres a Baleares y Lleida, dos a Sabadell, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Navarra, Valencia y Zamora y uno a Almería, Álava, Ávila, Burgos, Huelva, Jaén, Alcalá de Henares (Madrid), Murcia, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona.
A ellos se sumará la incorporación de otros 40 interinos por vacante que se quedarán con el puesto hasta que un funcionario lo ocupe. De este modo, la plantilla de este colectivo pasará de los 761 examinadores actuales a 855, la cifra más alta desde 2012. Pero, además, la DGT pondrá un "plan de choque" para contratar 500 nuevos administrativos con el fin de aliviar las listas de espera para exámenes del carné de conducir, según ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Unas medidas que los expertos agradecen pero consideran insuficientes. "Los funcionarios interinos ayudan, pero no suponen la solución definitiva", manifiesta el portavoz de CNAE, mientras que desde ANAES estiman que las cerca de cien plazas que se convocan cada año no llegan a cubrir las bajas y jubilaciones del servicio ni alivian la situación de las provincias con mayores problemas.
Un contratiempo con diversas causas
"Cada año se repiten los mismos problemas de estacionalidad, poniendo de manifiesto la falta de reacción de la Administración pese a lo previsible de la situación", denuncia el presidente de CNAE. Lorca pone como referencia el año 1980, cuando el director de la DGT por aquel entonces, en una intervención en el Senado, daba la voz de alarma sobre la falta de examinadores.
Asimismo, sostiene que, en muchas provincias, las autoescuelas tienen una capacidad "muy superior" de formar alumnos a la que tiene la Administración para examinar. Estas dificultades se intensifican en épocas de mayor demanda de exámenes, como Navidad y verano, momentos en los que se forman más cuellos de botella por las vacaciones de los funcionarios.
Por otro lado, desde la Asociación Española de Profesores de Formación Vial (Provial) subrayan que otra de las causas es el sistema de evaluación de conductores. María del Pilar Prieto, presidenta de la organización, sostiene que muchos alumnos son presentados a examen sin haber alcanzado los objetivos formativos necesarios. "En 2023, de los que aprobaron el examen del permiso clase B, solo el 46% lo consiguió en primera convocatoria. El 25% lo logró en la segunda, el 14% en la tercera y un 15% aprobó en la cuarta", detalla.
"Nos encontramos alumnos que no desean aprender a conducir, únicamente desean obtener el permiso, lo que implica saltarse todos los pasos en el proceso de aprendizaje y no atender a las recomendaciones. Las presiones a las que se ven sometidos los profesores son, en muchos casos, intolerables", manifiesta Prieto. Así, agrega que presentar alumnos examen de esta forma es otra manera de colapsar los servicios y también de perjudicar a los alumnos bien preparados.
Con todo, el presidente de ANAES afirma que, a pesar de ser un "problema recurrente" del sector, la Administración "sigue sin aportar una solución definitiva que ataje el problema de raíz". "Llevamos arrastrando durante mucho tiempo un problema de consecuencias acumulativas. Es por ello que se habla de una bolsa de alumnos pendientes de examinarse", añade la portavoz de Provial.
"Riesgo de colapso" en algunas provincias
En estos momentos, la región que está soportando un mayor número de alumnos en espera para la realización de exámenes es la Jefatura Provincial de Barcelona. "Aun así, las demás jefaturas también están teniendo problemas, pues en las más grandes, aunque existen examinadores itinerantes para reforzar la capacidad, está resultando insuficiente", reconoce Prieto.
Los expertos advierten de que numerosos lugares tienen serios problemas estructurales. En las 27 jefaturas provinciales de Tráfico con menos de diez examinadores, cualquier baja médica o jubilación puede suponer "un auténtico drama" y un "riesgo de colapso". Y es que, al ser pequeñas, cuentan con muy poco personal examinador, lo que afecta de manera "muy notable" a su funcionamiento.
"Hay provincias que con el personal que dispone su jefatura cubren sin problemas las necesidades del servicio de exámenes, con plazos de examen cortos, pero hay otras en las que la falta de personal hace que se alargue el tiempo", señala Llamas. Esta desigualdad en el funcionamiento del servicio conlleva que muchos soliciten el traslado de expediente de unas autoescuelas a otras, incluso situadas en otras provincias, donde el plazo para examinarse es menor.
Principales afectados
En cuanto a los principales afectados, los expertos coinciden: los alumnos, pero también los funcionarios y las autoescuelas. "Los alumnos se ven sometidos a plazos desesperantes, con la consecuente tensión y sobrecoste económico que esto conlleva; los examinadores y operadores de información de esas jefaturas, se ven afectados por una sobrecarga de trabajo inabarcable y, por supuesto, las autoescuelas y otros sectores, que acusan el impacto negativo en su competitividad y empleabilidad", expone el presidente de CNAE.
La situación se agrava en el caso de los alumnos porque muchos necesitan el permiso de conducir para ir a la universidad, acceder a un trabajo u opositar. Por ello, desde ANAES advierten que el no disponer de una fecha cercana de examen hace que muchos dejen de dar prácticas hasta una o dos semanas antes de su prueba, lo que hace que al final el alumno vaya peor preparado a examen.
Por otro lado, se pone en riesgo la viabilidad económica de los centros de formación, puesto que no aprovechan las temporadas altas. "Esta situación es insostenible y, no solo atenta contra la supervivencia de las autoescuelas como negocios, sino que podría llegar a afectar a la formación vial de calidad, esencial a la hora de prevenir siniestros viales", observa Lorca.
Las asociaciones reclaman soluciones
Entre las medidas implementadas por la DGT está dotar a las jefaturas de un paquete económico para que los funcionarios puedan realizar horas extras, una opción voluntaria que no todos asumen. "En determinadas provincias los examinadores aceptan la realización de horas extras, pero hay otras que se encuentran con el rechazo de los evaluadores", señala Llamas, quien la considera una medida "positiva", pero también "un parche" destinado a paliar de forma temporal el problema.
Por ello, defiende que la mejor solución es que la Administración dote de personal suficiente a las jefaturas para que cubra las necesidades y agilice la capacidad de realizar pruebas de las mismas. En este sentido, tanto él como Lorca sugieren que si la Administración por sí sola no puede solucionar el problema, lo ideal sería establecer un modelo público-privado para el servicio de exámenes.
"Los estrictos y exhaustivos controles a los que se somete el sistema privado, a la hora de examinar y calificar a los aspirantes, certifican un proceso con todas las garantías", justifica el presidente de CNAE. Asimismo, defiende que el modelo mixto ya se aplica en otros países como Portugal y, además, recuerda que el propio director general de Tráfico ha salido en defensa de abrir espacios a esta colaboración público-privada en el ámbito de la seguridad vial.
Por su parte, Prieto apuesta por "cambiar todo el sistema de evaluación desde la base". "La formación para la obtención de un permiso de conducir debería tener unos mínimos obligatorios", resalta al explicar que, en la teórica, no se debería memorizar respuestas, sino entender el porqué de cada norma de tráfico y del comportamiento seguro. Mientras, en la parte práctica, los profesores deberían recuperar la potestad de presentar a los alumnos a examen solo cuando hayan alcanzado los objetivos necesarios para convertirse en buenos conductores.
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