El Gobierno y Canarias han cerrado este lunes el acuerdo para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes. Tras meses de negociación, ambas partes han pactado finalmente una modificación legislativa que asegure la "solidaridad obligatoria" de la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados, de tal forma que se tengan que distribuir entre las demás comunidades cuando se exceda el 150% de su capacidad.
Según han informado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el objetivo es impulsar esta iniciativa mediante una reforma de la ley de extranjería. Aunque todavía queda por concretar cuál sería la fórmula: el Ejecutivo central apuesta por una proposición de ley, mientras que las comunidades autónomas se decantan más por hacerlo vía decreto-ley para que el trámite sea más ágil. Sea como fuere, el objetivo es tener la reforma aprobada antes de este mes de septiembre. "Este es un asunto histórico que empieza a andar en 2006. Han sido muchos los intentos por acercar posturas y encontrar una solución", ha celebrado Clavijo.
Según lo acordado, y en base a ese reparto obligatorio cuando la capacidad de la comunidad autónoma tensionada supere el 150% del cupo, el resto de administraciones autonómicas tendrían que hacerse cargo ahora de 2.500 menores migrantes no acompañados de los 5.500 que tutela Canarias en solitario, ya que el límite de la acogida en las islas se situaría en 3.000.
"El tema se ha tratado en la conferencia sectorial, pero si no hay acuerdo final, habrá prevalencia de lo que diga el Estado para redistribuir a todos los menores no acompañados cuando se exceda el porcentaje de un 150% más de lo que ese territorio puede albergar", ha explicado el ministro en una rueda de prensa posterior a la reunión.
Para el Gobierno, el "mecanismo mejor" para impulsar la reforma es mediante una proposición de ley "que sea urgente, de lectura única y que no haya vetos en el Senado", según ha detallado Ángel Víctor Torres. La modificación legislativa se aplicaría a los territorios que atraviesen una "contingencia de emergencia migratoria" y que, actualmente, son tres: Ceuta, Melilla y Canarias.
"Un alivio de presión"
El presidente canario ha celebrado el acuerdo, pues sostiene que, aunque el archipiélago sigue teniendo que asumir la tutela de una cantidad importante de menores migrantes, constituirá "un alivio de presión importante para los recursos saturados". En ese sentido, Clavijo ha reivindicado que cuando una comunidad autónoma esté saturada y se haya cumplido ese cupo del 150%, los nuevos menores que lleguen al territorio de manera irregular sean directamente asignados a otra comunidad para que, en un plazo de 15 días, ya puedan ser derivados.
Con todo, el acuerdo de hoy es solo el primer paso. El Gobierno volverá a reunirse con Canarias en los próximos días, y el objetivo es convocar una sectorial interministerial para cerrar el acuerdo y la fórmula legislativa que se acabe decidiendo. "Si el acuerdo político es decreto ley, pues decreto ley, y si el acuerdo político es proposición de ley, pues que sea proposición de ley", ha zanjado Clavijo, quien también espera que "en el mejor de los casos", ya haya acuerdo en septiembre para empezar con las derivaciones de migrantes a otras comunidades autónomas.
Por su parte, el ministro ha apelado al consenso de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la reforma. Torres ha reivindicado "responsabilidad y altura de miras a todas las formaciones políticas", apelando especialmente al principal partido de la oposición. "Es importante que el PP que cogobierna en Canarias y que gobierna en Ceuta y Melilla vote favorablemente", ha defendido.
En el Gobierno cuentan, además, que con la modificación legislativa se regularía el Plan de Respuesta, que se aprobará a los tres meses de la entrada en vigor de la ley, tendrá "carácter obligatorio para las comunidades autónomas e incluirá las medidas relativas a la financiación que se estimen necesarias".
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