Los letrados del Congreso rechazan retirar la amnistía y califican de "improcedente" el conflicto planteado por el Senado

La Mesa del Congreso de los Diputados, durante el último Pleno del Congreso
La Mesa del Congreso de los Diputados, durante el último Pleno del Congreso
VERONICA POVEDANO
La Mesa del Congreso de los Diputados, durante el último Pleno del Congreso

Los servicios jurídicos del Congreso han rechazado a través de un informe el conflicto entre órganos constitucionales con el que el Senado solicitó retirar y anular la ley de amnistía. La Cámara Alta impulsó esta iniciativa al considerar que el anteproyecto de la norma es una "reforma encubierta de la Constitución", pero los letrados del Congreso mantienen que la Cámara actuó "en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones". 

La Mesa del Congreso analizará este martes el informe de los letrados, que consideran que la petición del Senado es un "artificio". Así queda reflejado el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, liderados por un letrado mayor, Fernando Galindo, que aterrizó en el puesto antes de la calificación de la ley de amnistía y que antes dependía del Ministerio de Política Territorial de la socialista Isabel Rodríguez. 

La propuesta enviada para debate incluye solicitar que el Senado desista en el procedimiento, "ante la falta de procedencia del conflicto planteado y la legitimidad del ejercicio de la propia competencia por parte" del Congreso. La Cámara Baja, indican los letrados, remitió la proposición de ley de amnistía "en cumplimiento de lo establecido en los artículo 90 de la Constitución y 120 del Reglamento del Congreso de los Diputados".

Por otro lado, el informe señala que el Senado ha planteado el conflicto "fuera de plazo", dado que el hecho denunciado llegó "a su conocimiento" el 24 de noviembre de 2023, cuando se admitió a trámite la proposición de ley. "Ha transcurrido sobradamente el plazo de un mes establecido" en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que regula el choque entre órganos constitucionales. 

Frente a la analogía que hace el Senado entre la proposición de ley de amnistía y una "reforma encubierta de la Constitución" que debería seguir otro cauce parlamentario, los letrados del Congreso acuden a la doctrina del Tribunal Constitucional y señalan que "por este procedimiento únicamente pueden tramitarse iniciativas de reforma de preceptos particulares de la Constitución o de todo su articulado". 

Por tanto, los letrados concluyen que "la verdadera pretensión" del Senado es procurar que el tribunal de garantías es pronuncie sobre la amnistía antes de su aprobación definitiva. "Es preciso subrayar que los términos reforma constitucional y ley inconstitucional no son en absoluto sinónimos, y de ahí que la confusión que se pretende generar entre ambos no encuentre ninguna justificación en la Constitución o la jurisprudencia constitucional", defiende el informe. 

Y, en este punto, contrataca: el Senado denunció una "reforma encubierta de la Constitución", pero su intención verdadera es presentar "un recurso de inconstitucionalidad encubierto y extemporáneo". La Cámara Alta, de hecho, tiene "una obligación automática" de someter la amnistía a deliberación, tal y como indica el informe del Congreso y ya señalaron previamente los letrados del Senado. 

El Senado "no puede intentar desatender" esta "obligación constitucional"  mediante este requerimiento, explican los letrados del Congreso, porque solo tiene dos vías para ajustarse a la ley: vetar la amnistía o proponer nuevas enmiendas a la norma. "No puede el Senado, bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, intentar subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso en el marco del procedimiento legislativo en curso", resume el documento que debatirá mañana la Mesa del Congreso. 

El texto llega incluso a tachar de "artificio" impulsado por el Senado para "evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso en el ejercicio de sus atribuciones".  "Semejante pretensión supondría un incumplimiento directo y evidente de la doctrina del Tribunal Constitucional", añade. 

Lo que pide el Senado, "la anulación de la calificación de la proposición de ley en cuestión", no es atendible "en ningún caso" y "no tendría precedentes". "Implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara, pues supondría atribuir a ésta la posibilidad de impedir la culminación de un procedimiento legislativo, con evidente vulneración de las facultades de los demás órganos de ambas Cámaras", zanja el documento.

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