En la legislatura de la amnistía, el Senado se ha convertido en un auténtico fortín para el Partido Popular. Impulsados por su mayoría absoluta, los de Alberto Núñez Feijóo han arrojado este martes su enésimo ataque desde la Cámara Alta, esta vez al plantear un conflicto de órganos constitucionales con el Congreso de los Diputados. Junto a los 144 senadores del Partido Popular, han votado a favor los tres de Vox y el de Coalición Canaria. UPN se ha abstenido y el resto de Senadores ha votado contra la iniciativa.
El choque con el Congreso es una maniobra que la oposición descubrió el mes pasado entre las líneas del informe jurídico que elaboraron los servicios jurídicos de la Cámara Alta para analizar la proposición de ley de amnistía. Los letrados del Senado tachaban la amnistía de "reforma encubierta de la Constitución" y sugerían la posibilidad de plantear "un conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases".
Se referían a un recurso regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La norma dicta que, si un órgano constitucional considera que otro está "asumiendo atribuciones" que le son propias, debe hacérselo saber en el plazo de un mes. El Senado, si considera que el Congreso ha entrado en un conflicto de competencias al aprobar la ley de amnistía, cuenta con un plazo de un mes para comunicarlo, como ha hecho este miércoles.
Ahora el Congreso puede responder al Senado y alegar que "actúa en el ejercicio constitucional de sus atribuciones" o simplemente no pronunciarse. En ambos casos, la Cámara Alta contará con un segundo recurso: acudir al Tribunal Constitucional y pedirle que declare nula la tramitación de la amnistía. No obstante, el PSOE duda de que el PP tenga intención de activar esa segunda fase del mecanismo y los populares no han aclarado si lo harán. En todo caso, la iniciativa ya ha servido al Partido Popular para reiterar sus ataques a la amnistía desde el Senado.
En esta ocasión, se ha encargado de ello el senador Antonio Silván, que ha reivindicado la "obligación moral, ética, constitucional y plenamente democrática" del conflicto planteado este miércoles. El PSOE, tal y como ha indicado el senador socialista Francisco Manuel Fajardo, asimila la iniciativa de los populares con el golpe de Estado del 23-F. "Es casi un 'quieto todo el mundo", ha exclamado el parlamentario canario al comenzar el Pleno.
Durante su turno de palabra, Silván ha denunciado el "disparate" de plantear la amnistía, una "aberración jurídica y moral" concedida a cambio del "ridículo" precio de "siete votos" de Junts que sirvieron para investir a Pedro Sánchez. El popular ha tomado el testigo de las consideraciones recogidas en el informe y ha definido la proposición de ley de amnistía como una "reforma constitucional encubierta".
"El informe dice que el Senado no puede dejar de tramitar un proyecto que viene del Congreso", ha recordado Silván, "pero eso no significa que tenga que allanarse cuando sus competencias se vean perjudicadas". Con estas palabras, el senador popular ha salido al paso de las acusaciones del grupo socialista y su socios parlamentarios, que han usado la tribuna para denunciar la "instrumentalización" que el PP hace del Senado.
La senadora María Teresa Pallarés, de Junts, ha definido la iniciativa como un "ejercicio de filibusterismo". "La escalada de polarización en el Senado es total", ha cargado la independentista contra el "verdadero ridículo" del PP. Y el socialista Antonio Magdaleno ha convenido también que "el PP jamás cesará en la campaña de polarización política", que según ha señalado es "su seña de identidad".
A través de esta "falta de respeto del Senado al Congreso", el PP arrastra a la institución "a una deslealtad sin precedentes". Una "barbaridad" con posibilidades "prácticamente nulas" de prosperar, ha indicado Magdaleno. Antes que él ha intervenido Fajardo, que además de acusar al PP de "casi" impulsar un 'quieto todo el mundo' ha dudado que los populares lleguen a activar la segunda fase del choque institucional, que consiste en acudir al Tribunal Constitucional. En un Pleno cargado de acusaciones mutuas, el grupo socialista ha acusado a la bancada popular de "triturar la Constitución sin ningún pudor" y "con fines partidistas".
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