La propuesta del Grupo Socialista en el Senado para la comisión de investigación sobre el caso Koldo tiene dos intenciones: abrir la investigación a la contratación pública de todas las comunidades realizada durante la pandemia y, de momento, quitarle peso político a través de comparecientes vinculados a órganos de fiscalización. En su primera propuesta, los socialistas plantean un plan de trabajo en el que, además de aclarar las circunstancias en torno al caso Koldo, también se analicen los hechos "de similares características" que se hayan "denunciado o investigado" por la justicia en otras administraciones públicas.

Tras registrar su plan, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha asegurado que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, debería aceptar que el PSOE pida que declaren personas sobre "situaciones parecidas de contratación de emergencia en otras administraciones", ya que el PP ha presentado un "extenso" listado con comparecientes que "no tienen vinculación alguna con el objeto de la comisión" que ellos mismos han impulsado. Por ello, "en una segunda fase", los socialistas no descartan pedir otras comparecencias más allá de las 13 solicitadas este lunes. Aunque, por el momento, los socialistas alejan la posibilidad de que estas vayan a tener más peso político. 

En concreto, en la lista de comparecientes del PP aparecen José Luis Ábalos, Francina Armengol, Santos Cerdán, Juan Carlos Cueto, Víctor de Aldama, Koldo García, Óscar Puente, Salvador Illa o Ángel Víctor Torres, entre otros. Un total de 58 nombres frente a los 13 que ha presentado el PSOE.

Los socialistas tratan que restar peso político a esta comisión, pidiendo la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, y otros doce responsables de órganos de fiscalización de distintas comunidades autónomas, en concreto, de Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias, Navarra, Baleares, Madrid y Castilla y León. En el caso de Madrid, pide una doble comparecencia: la del presidente en funciones de la Cámara de cuentas, Carlos Salgado Pérez, y la de la interventora general de esta comunidad entre octubre de 2019 y julio de 2022, Marta García Miranda. 

De esta forma, el PSOE intenta abrir la investigación a otras comunidades autónomas, buscando "el rigor" de los miembros de estos órganos fiscalizadores, según argumentan fuentes socialistas en el Senado. Todo ello, reservándose el derecho a llamar a más personas según avance la comisión en el Senado.

Informes de fiscalización y 4 meses de comisión

También lanzan su propuesta de duración de esta comisión: 4 meses desde su constitución y en tres fases sucesivas. Además, plantean que el pleno del Senado pueda acodar trasladar a la Fiscalía las conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes.

En esta primera fase, además de las comparecencias, también piden una serie de informes: los de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativos a los contratos de emergencia durante la pandemia, otros de los Órganos de Control Externo (OCEX) de las comunidades autónomas, y de la Intervención General del Estado relativos a la compra de material sanitario por parte del Estado durante los meses de la covid.

El Tribunal de Cuentas ha emitido un total de siete informes específicos sobre contratación de emergencia. En el último de ellos, publicado en diciembre de 2023, se analizaron un total de 133 contratos por una cuantía de 526 millones de euros. El mismo determina entre sus conclusiones que, con carácter general, el objeto de los contratos "estuvo directa o indirectamente vinculado a la adopción de medidas de protección del contagio" de la covid, aunque también advierte de algunos casos en los que "no se aprecia dicha vinculación o la motivación de la emergencia adoleció de defectos". Este año se espera un último informe -el octavo- sobre esta materia, que aportará una visión global y comparativa de todos los informes aprobados.