La comisión de investigación de los escándalos de corrupción en torno a la compra de material sanitario por parte de algunas administraciones públicas durante la pandemia echa a andar por fin en el Congreso. Este martes, la Cámara Baja celebrará la sesión constitutiva del órgano que indagará en estas supuestas irregularidades, y lo hará apenas un día después de que el Senado pusiera en marcha su propia investigación, en su caso centrada exclusivamente en el caso Koldo. El PSOE ha dejado caer que llamará a comparecer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha abierto la puerta a que también acuda el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Quien sea convocado estará obligado a presentarse, según establece el artículo 76.2 de la Constitución.
El porqué de que vayan a desarrollarse dos comisiones de investigación en paralelo es sencillo: el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, por tanto, podrá utilizar la investigación allí para desgastar al PSOE, mientras los socialistas cuentan —junto a sus aliados parlamentarios— con la mayoría en el Congreso para contrarrestar ese empuje y centrar el tiro en los populares. De hecho, el PP ya confirmó este lunes que su primera petición de comparecencia en la Cámara Alta será la de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que durante la pandemia era presidenta de Baleares y que compró mascarillas a la trama.
Buena prueba de que estas comisiones van a servir a la estrategia de los dos principales partidos es que el objeto de su investigación es muy distinto: el órgano del Senado (el que controla el PP) se encargará tan solo de indagar en el caso Koldo, mientras en el Congreso se investigará ese caso, pero también otros en los que habrían existido irregularidades. Pese a ello, irónicamente ambos organismos se han puesto en marcha sin que el PSOE ni el PP se hayan opuesto a ellos: los socialistas votaron a favor de la comisión del caso Koldo en el Senado habida cuenta de que su rechazo no iba a servir para tumbarla, y hace un par de semanas los populares se abstuvieron en el Congreso.
Fuentes del PSOE no ocultan que su intención es centrar los trabajos de la comisión de investigación de la Cámara Baja —que será la cuarta que se constituya esta legislatura, junto a las relativas a la Operación Cataluña, la de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017 y el espionaje a dirigentes independentistas con Pegasus— en las contrataciones durante la pandemia de dos comunidades en particular: Galicia y Madrid. La primera de ellas estuvo presidida hasta 2022 por el actual líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, mientras la segunda tiene aún como presidenta a Isabel Díaz Ayuso, que en las últimas semanas se ha visto salpicada por la denuncia de la Fiscalía a su pareja por un supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros llevado a cabo durante la pandemia.
Las fuentes socialistas consultadas, no obstante, aseguran que lo que quieren dilucidar no tiene que ver con el novio de Ayuso, sino con la actuación de la presidenta madrileña en la adjudicación durante las primeras semanas de la pandemia de un contrato de compraventa de mascarillas por el cual su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión de más de 230.000 euros. Esta contratación fue investigada el año pasado por la Fiscalía europea, que terminó archivando el caso al no observar indicios de delito en la adjudicación.
No presentarse a una comisión de investigación habiendo sido convocado constituye un delito de desobediencia, según establece el Código Penal, que además recoge la obligación de decir la verdad en estas comparecencias bajo pena de prisión de seis meses a un año. No obstante, existe una importante excepción a esta norma: los jueces y magistrados, regidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia". Esa prohibición, de hecho, ha estado de actualidad en las últimas semanas porque el PSOE se ha negado a apoyar las peticiones de ERC y Junts para que comparezcan algunos jueces en varias comisiones de investigación activas en el Congreso.
Ayuso, pero también Koldo o Ábalos
Si finalmente el PSOE se decide a llamar a Ayuso a declarar a la comisión de investigación en el Congreso, como parece que ocurrirá, la comparecencia tiene muchas opciones de salir adelante, puesto que Sumar ya ha anunciado que la apoyará. La formación que lidera Yolanda Díaz, no obstante, se niega a revelar qué otras comparecencias solicitará, y también si está de acuerdo con que acudan a la comisión Koldo García o quien era su jefe durante la pandemia, el el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
No obstante, el hecho de que el PSOE vaya a centrar el tiro en las actuaciones de Ayuso y Feijóo no implica que en la comisión de investigación en el Congreso no vaya a indagarse en el caso Koldo, entre otras cosas porque el PP incidirá con toda seguridad en ello y los socios del Gobierno no tienen ningún incentivo para evitar que los socialistas rindan cuentas sobre ese escándalo. De hecho, el PSOE, sabedor de esa realidad, ha decidido tomar el toro por los cuernos, y este lunes fuentes socialistas no descartaban apoyar la comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de Koldo García o de Ábalos.
Fuentes socialistas, además, deslizan que algunas de las ramificaciones del caso Koldo podrían también afectar al PP, en referencia a la intervención telefónica al exasesor de Ábalos de una conversación en la que aseguraba haber "quedado con Miguel Tellado y Alberto al día siguiente". "Queremos saber quién es ese tal Alberto", señalan estas fuentes del PSOE. Y la portavoz orgánica del partido, Esther Peña, dejó abierta la puerta a pedir cualquier comparecencia: "Nadie debería sentirse intimidado por ir a la comisión, nosotros no lo estamos, estamos valientes y con ganas de conocer y explicar", señaló.
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