Con cardenales en el rostro y otras partes del cuerpo, sin oreja y casi inconsciente en silla de ruedas: los cuatro acusados por el atentado terrorista perpetrado el viernes contra una sala de conciertos en Moscú aparecieron este lunes, en sus respectivas comparecencias ante el tribunal de Basmanni, con evidencias de haber sido torturados por las fuerzas de seguridad rusas.
Dalerjon Barotovich Mirzoev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni y Muhammadsobir Fayzov fueron detenidos, junto con otras siete personas, como autores materiales del ataque del viernes reivindicado por el Estado Islámico, que ha causado 137 muertos y 180 heridos. Los procesados han sido imputados con cargos de terrorismo y pueden afrontar cadena perpetua.
Ahora bien, tras difundirse las lesiones y el nefasto estado en el que se encontraban los sospechosos durante las audiencias, Rusia ha acaparado la atención internacional debido al posible uso de la tortura en los interrogatorios previos al juicio, lo que violaría los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el país.
La ONU apela al derecho a ser tratado con humanidad
A pesar de que Rusia ha firmado acuerdos internacionales que prohíben la tortura, la comunidad internacional ha señalado en diversas ocasiones la reiterada utilización de estas prácticas por parte del Kremlin. De hecho, la relatora de la ONU sobre derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, y su homólogo en lucha antiterrorista, Ben Saul, han mostrado su preocupación por la posible tortura a los sospechosos y han asegurado que esta situación podría comprometer la investigación.
"Algunos de los sospechosos parecen haber sido gravemente maltratados bajo custodia, y Rusia debe investigar las alegaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes", han indicado este lunes los dos expertos en un comunicado, donde también han condenado el atentado del viernes en el Crocus City Hall, en las proximidades de Moscú. Según blogueros militares rusos, que difundieron imágenes de uno de los acusados al que le cortaron una oreja, el autor de la mutilación es un simpatizante del grupo ultranacionalista ruso Rusich.
Katzarova y Saul han defendido así que todo sospechoso tiene derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y a ser tratado con humanidad durante su detención. "La tortura pone en peligro la garantía de un juicio justo y frustra la obtención de justicia por parte de las víctimas de terrorismo", han añadido.
Además, han subrayado que Rusia deberá investigar si las autoridades tomaron "todas las medidas necesarias" para evitar el ataque terrorista, en caso de que recibieran con anterioridad evidencias creíbles de que una acción de ese tipo podía producirse de forma inminente. No obstante, han recalcado que el atentado debe ser investigado "en línea con la ley internacional", procesando a sus perpetradores y a quienes lo ordenaron, con el fin de "garantizar justicia para las víctimas".
Por su parte, Moscú se ha negado a comentar las acusaciones de tortura a los cuatro sospechosos. "Dejaré esa pregunta sin comentarios", respondió este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, a una consulta sobre las señales de violencia que presentaban los presuntos terroristas. En cuestiones del pasado, las autoridades rusas han argumentado que sus acciones están dirigidas a combatir los riesgos y las amenazas y que cualquier uso de la fuerza se realiza dentro del marco legal.
Prohibición de la tortura
Hace apenas un mes, el Parlamento Europeo instó a las autoridades rusas a poner fin de forma inmediata "al recurso a la tortura y otros malos tratos o a las medidas disciplinarias arbitrarias contra todos los detenidos". En una resolución del 29 de febrero sobre la muerte de Alexéi Navalni, la Eurocámara exigía a Rusia que reformara "urgentemente" las condiciones de detención de los presos de manera que se cumplieran las obligaciones "en virtud del Derecho internacional de derechos humanos".
En este sentido, el derecho internacional consta de distintos acuerdos que prohíben la tortura y que cuentan con la firma de Rusia: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos ellos de las Naciones Unidas. Pero, además, la propia Constitución rusa le dedica un artículo.
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y en vigor desde 1987, establece que la tortura está prohibida en todas las circunstancias y no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, incluyendo emergencias públicas, guerras, conflictos armados u otras amenazas a la seguridad nacional.
El acuerdo apunta también que cada Estado tomará "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces" para impedir estos actos en territorio que esté bajo su jurisdicción. "En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura", añade.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sostienen, en sus artículos 5 y 7, respectivamente, que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Constitución de la Federación de Rusia, por su parte, dispone en su artículo 21 que "nadie puede ser objeto de torturas, violencia u otro tipo de trato que sea rígido o menoscabe la dignidad humana, así como de castigos".
Con todo, el Kremlin ha sido acusado en numerosas ocasiones de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y los malos tratos. Según una investigación de Amnistía Internacional, el riesgo más alto de sufrir estos tipos de abusos en una prisión rusa se produce durante los primeros días de detención.
La organización sugiere que las personas detenidas por cargos relacionados con el terrorismo se les suele negar el acceso a un abogado, o a un representante legal de su elección, durante las primeras horas o primeros días de su detención. Además, las autoridades no siempre informan a los familiares acerca del paradero de sus seres queridos, o a veces ni siquiera confirman que la persona en cuestión está bajo custodia oficial.
En cuanto a los métodos más denunciados, Amnistía Internacional señala palizas, golpes con botellas de plástico llenas de agua, con culatas de fusiles, porras y postes; amenazas de violencia sexual, asfixia y descargas eléctricas. De la misma forma, el acceso a atención médica de las víctimas de tortura bajo custodia es limitado, ya que en ocasiones se niega por completo.
Alexèi Navalni, Yevgeny Makarov y Rasul Kudaev son algunas de las personas que han sido encarceladas en prisiones rusas y que han denunciado haber sido víctimas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad, aunque desde Moscú nunca se han llevado a cabo investigaciones efectivas sobre la tortura en la cárcel.
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