Hace unos días, con la lozana soltura que la caracteriza, la número dos del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, anunció que Moncloa renuncia a presentar ante las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024. Dicho lo cual, continuó su camino como quien saluda a un vecino en el ascensor. Nada habría de particular si no fuese porque no presentar un proyecto de presupuestos no es una opción.

La Constitución Española de 1978 –esa cosa que tanto incordia al poder político–, en su artículo 134 establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Obsérvese la utilización del verbo ‘deber’ por los padres constituyentes. Es decir, no dictaron que presentar los Presupuestos al Parlamento fuese una opción o una posibilidad evitable, sino una obligación del Gobierno.

Es una realidad que la obligatoriedad de presentar las Cuentas en el último trimestre del año previo a su entrada en vigor se ha incumplido muchas veces, debido a procesos electorales o la formación de nuevos gobiernos. Y eso podría servir como excusa.

Sin embargo, renunciar a presentar un proyecto de presupuestos porque el Gobierno se ve incapaz de aprobarlos supone saltarse la ley con destreza y maestría. Si los socios independentistas van a elecciones en Cataluña y el País Vasco, a Moncloa le surge una repentina pereza para ponerse a negociar, y prefiere, como en el rugby, dar a la pelota una patada a seguir.

Tan curiosa es la circunstancia que, en los días previos a la abrupta decisión de olvidarse de los Presupuestos, el Gobierno presionaba al PP para que los facilitara en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta y podían bloquear el paso previo a las Cuentas, que es la senda de déficit. La presión consistió en que Moncloa ordenó a la Abogacía del Estado que emitiera un informe en el que apoyarse para desautorizar la actitud del PP. Y así lo hizo la Abogacía, con su tradicional diligencia.

El informe recordaba al PP que «el artículo 134 de la Constitución Española establece la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes Generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado». Y añadía que, incluso si el Senado no diera su visto bueno a las Cuentas, ello «no exime al Gobierno de las obligaciones establecidas constitucionalmente: presentar un proyecto de ley de Presupuestos».

Ahora, ese informe que el Gobierno encargó a la Abogacía del Estado contra la oposición desautoriza la decisión de Moncloa de ignorar el mandato constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos. Pero esto, ¿a quién importa?