Ni Partido Popular ni Partido Socialista creen que el Tribunal Constitucional vaya a frenar la tramitación de la amnistía en el Congreso. No obstante, el choque institucional que se avecina entre el Senado y Congreso pondrá el foco en el órgano de garantías, que será el que decidirá si, como pide el PP, la ley debe de retirarse de la Cámara Baja por no haber sido planteada como reforma constitucional. Esto es precisamente los que buscan los de Alberto Núñez Feijóo: retratar a la corte de garantías a la que en ocasiones anteriores ha acusado de servir a los intereses del Gobierno. No obstante, en el PSOE restan importancia a la estrategia que anunciaron este martes los populares desde el Senado y no le ven recorrido.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, avanzó que el PP usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso, por considerar que la ley de amnistía supone una "reforma encubierta de la Constitución" y no se ha tramitado de esa manera, tal y como establece el artículo 188 del Reglamento del Senado. Es decir, que Feijóo llevará al primer "choque" entre Cámaras de toda la democracia por entender que la amnistía debería de haberse tramitado como una reforma constitucional.
No obstante, el objetivo del PP es retratar al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido: "No confiamos nada en lo que haya puesto sus manos Sánchez", sostienen fuentes de la dirección nacional. Pues su meta es que los miembros del órgano de garantías tomen postura sobre la ley antes de que esta se apruebe. Sobre todo cuando ya hay juristas que han estimado que la norma no es constitucional.
"El tribunal deberá decir si los letrados del Senado o los letrados da la Comisión de Justicia del Congreso se han equivocado en su criterio". Sobre todo pondrán el foco en la decisión del magistrado y exministro Juan Carlos Campo, que ya anunció que se abstendría de una futura votación sobre la constitucionalidad de la amnistía.
Tal es el grado de desconfianza de los populares en que el Constitucional ordene al Congreso que frene la amnistía y ya han avanzado que después de acudir a este órgano de garantías se presentarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Vamos a recorrer cualquier camino que nos ayude a paralizar un texto que no es conforme a Constitución y solo está diseñado para las necesidades parlamentarias del presidente del Gobierno Pedro Sánchez", enfatizan en Génova.
En Moncloa, por su parte, están "muy tranquilos" en lo que respecta a este mecanismo que los populares han encontrado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional -que contempla este conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras- para poner a prueba la amnistía antes de que finalice su tramitación. "Ningún viso de prosperar", resumía el martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras su comparecencia en el Pleno del Senado. El ministro aseguró a los periodistas que el planteamiento de un choque entre órganos constitucionales es "puro artificio", una estrategia del PP "para que Vox no se enfade mucho con ellos" ahora que han admitido a trámite la ley de amnistía en el Senado (pues no tenían más remedio).
Precisamente Vox se pronunció el martes sobre el asunto. "Lamentamos que el PP haya votado a favor de la tramitación de la ley de amnistía en el senado, a sabiendas de que es inadmisible, pero celebramos que se vaya a producir ese conflicto institucional, absolutamente necesario", declararon fuentes del partido de Abascal.
Desde el Gobierno se temían ya que "algo iban a intentar" los populares para cargar contra la amnistía mientras la mantienen paralizada en el Senado: dos meses que culminarán en un veto a la norma en el Senado que propiciará su vuelta al Congreso para su aprobación definitiva en torno a finales de mayo. Con lo que el planeamiento de este choque con el Congreso "solo es ruido", apuntan fuentes de Moncloa.
¿Cómo funciona el mecanismo que plantea el PP?
Los populares se toparon a comienzos de semana con una estrategia escondida entre las líneas del informe jurídico de los letrados del Senado sobre la ley de amnistía. "Tras la entrada de la iniciativa en el Senado, y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases", reza uno de los párrafos de este informe.
Este "conflicto entre órganos constitucionales" viene regulado en el tercer capítulo de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. La norma dicta que si un órgano constitucional considera que otro está "asumiendo atribuciones" que le son propias, debe hacérselo saber en el plazo de un mes. Es decir, que el Senado, si considera que el Congreso ha entrado en un conflicto de competencias al aprobar la ley de amnistía, cuenta con un plazo de un mes para comunicarlo
La Cámara Baja, en este punto, puede "afirmar que actúa en el ejercicio constitucional de sus atribuciones" o simplemente no pronunciarse. En este caso el Senado deberá plantear el conflicto al Tribunal Constitucional "dentro del mes siguiente".
El órgano de garantías tendrá 10 días para trasladar el planteamiento al Congreso y fijará "el plazo de un mes para formular alegaciones". Además, podrá "solicitar de las partes cuantas informaciones, aclaraciones o precisiones juzgue necesarias". Cuando expire el plazo de alegaciones, el tribunal tendrá un último mes para resolver, y en su caso, "declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones".
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