Choque entre el PP y el PSOE durante la admisión a trámite de la ley de amnistía en el Senado

El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Javier Maroto; el presidente en el Senado, Pedro Rollán y el vicepresidente segundo de la Mesa, Guillermo Fernández Vara.
El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Javier Maroto; el presidente en el Senado, Pedro Rollán y el vicepresidente segundo de la Mesa, Guillermo Fernández Vara.
Carlos Lujan / Europa Press / Archivo
El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Javier Maroto; el presidente en el Senado, Pedro Rollán y el vicepresidente segundo de la Mesa, Guillermo Fernández Vara.

La admisión a trámite de la ley de amnistía en la Mesa del Senado ha propiciado este martes un nuevo choque entre el PP y el PSOE: los populares han votado a favor de la admisión, a diferencia de los socialistas. Todo ello en pleno conflicto técnico por la forma en que se debe llevar a cabo el procedimiento. El PSOE considera que la votación era innecesaria y anómala, dada la obligatoriedad de continuar con una proposición enviada desde el Congreso. 

Además, los socialistas defienden que el informe de admisión a trámite no debería incluir observaciones del informe de los letrados del Senado. El PP afirma que, como todas las iniciativas, se debía votar "por asentimiento", y defiende la aprobación de un informe de admisión a trámite en el que se incluyen las apreciaciones de los servicios jurídicos de la Cámara sobre el posible conflicto de la ley con la Constitución. 

Todos coinciden en que no había opción a que la Cámara Alta rechazara la admisión a trámite de la proposición de ley, la primera que llega desde el Congreso en esta legislatura. Esto se recoge en el artículo 90.2 de la Constitución y en el 104 del Reglamento del Senado. 

Este último artículo señala que "los proyectos y las proposiciones de ley aprobados por el Congreso de los Diputados y remitidos por éste al Senado se publicarán y distribuirán inmediatamente entre los Senadores". "La Mesa, en la primera sesión siguiente a su recepción, declarará la competencia de la Comisión que haya de conocer del proyecto o proposición de ley, y dispondrá la apertura del plazo de presentación de enmiendas", añade el artículo 2 de la norma. 

El desencuentro, por tanto, no ha estado tanto en la necesidad de admitir a trámite la amnistía, sino en la manera de hacerlo. El PP ha abogado por aprobar un informe en el que se incluyen varias observaciones basadas en el informe jurídico de los letrados del Senado, un documento de 69 páginas que asemeja la amnistía a una "reforma encubierta de la Constitución". De esta manera, los populares han dejado constancia de la imposibilidad de votar en contra, en vez de mostrar un apoyo sin matices a la tramitación de la ley. 

El PSOE, en cambio, se ha negado votar a favor de un informe que refleja dudas sobre la amnistía. La admisión a trámite de la proposición es, a juicio de los socialistas, "un mero trámite formal". "Ellos han votado con nuestro matiz y sin nuestro voto, que entendemos que no es necesario. Es como si nos hubiéramos salido de la sala", han aclarado fuentes socialistas. Sin embargo, la Secretaría General ha registrado el voto en contra de los representantes del PSOE, un voto en contra que, de haber inhabilitado la tramitación, podría haber comportado un delito de prevaricación

El "matiz" del que hablan en el PSOE es el siguiente: según dicen, es "anómalo" que se incluyan las apreciaciones de un informe jurídico de los servicios técnicos de la Cámara. En cambio, se debería de adjuntar el informe por separado. "No hay precedentes de que se incluya un informe de los letrados como parte de la argumentación", aseguran fuentes del partido. 

Fuentes populares en el Senado, en cambio, señalan que el reglamento "no prevé qué debe incluir un informe de admisión a trámite". Pero defienden que "conviene" que se razone la decisión que en cada caso tome la Mesa. "Hemos cumplido a rajatabla el reglamento", zanjan. Ahora que la Mesa ha admitido a trámite la medida de gracia, la proposición de ley pasará a una Comisión que unirá la mitad de la de Justicia y la mitad de la Constitucional, una formula parecida a la que se llevó a cabo cuando se aprobó la aplicación del artículo 155. 

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