El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha encontrado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional una nueva fórmula con la que tratar de frenar la tramitación de la amnistía. El PP usará su mayoría absoluta en el Senado para plantear un conflicto de atribuciones contra el Congreso, por considerar que la ley de amnistía supone una "reforma encubierta de la Constitución" y no se ha tramitado de esa manera, tal y como establece el artículo 188 del Reglamento del Senado. La medida de gracia llevará así al primer "choque" entre Cámaras de toda la democracia, ya que el PP entiende, como defienden los letrados del Senado, que la amnistía debería de haberse tramitado como una reforma constitucional y no como una proposición de ley.

Los populares se han basado tanto en el informe de la Comisión de Venecia como en los de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado para defender la inconstitucionalidad de la norma. "Basta ya de mentiras: la Comisión de Venecia no avala su amnistía; los letrados del Senado dicen que la amnistía es inconstitucional en un informe demoledor y ustedes tienen en contra a todos, desde el Estado de Derecho europeo y español a la Constitución, a la legalidad, y a la inmensa mayoría de los españoles".

Para la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, la amnistía es "un traje a medida de Carles Puigdemont que se ha fraguado de tapadillo, esquivando informes y al dictado de sus beneficiarios y fuera de España". Así ha justificado la nueva ofensiva emprendida por su Grupo Parlamentario. "Escucharemos la opinión de todos los que ustedes han silenciado, porque esta amnistía no cumple con los principios fundamentales del Estado de Derecho, ni tiene cabida en un país de la Unión Europea, ni en nuestra Constitución", ha apuntado.

Tal y como explican fuentes parlamentarias, el primer paso para ello será plantearlo en un pleno de la Cámara Alta para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley. A partir de ese momento, la Cámara Baja tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días. "Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia", advierten desde el PP. 

En todo caso, esta nueva iniciativa no paralizará el plazo de dos meses que tiene el Senado para tramitar la ley. "Ustedes están acostumbrados a recurrir a tramitaciones fraudulentas. Por un lado, está la legalidad y por otro, Pedro Sánchez, porque ustedes quieren máximos poderes y mínimos controles", ha explicado García tras anunciar la ofensiva parlamentaria.

García también ha subrayado la "diferencia" que existe entre un Congreso controlado por el PSOE, porque "quien decide qué se aprueba es Carles Puigdemont", y un Senado liderado por el PP en el que se "legisla" y lo senadores no son "parlamentarios de segunda" porque no se "doblegan ante los desprecios" del Gobierno. 

A lo que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha replicado que el actual Gobierno es "plenamente respetuoso" con el Senado y muestra de ello es que Pedro Sánchez ha comparecido seis veces como presidente y ha atendido 70 preguntas en sesión de control, mientras que el expresidente popular Mariano Rajoy lo hizo "cero veces". Asimismo, ha acusado al PP de no emplear el Senado como una Cámara territorial sino como una Cámara de "confrontación con el Congreso, dilatoria y obstruccionista".