Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la herramienta por antonomasia para hacer política económica con la que cuenta el Gobierno. Desde el gasto en carreteras o las becas hasta los lápices que consume cada ministerio; los intereses de la deuda, la financiación regional o la factura de la luz de las embajadas, todo queda plasmado en los centenares de páginas de las cuentas públicas. Por tanto, es evidente que la decisión de Pedro Sánchez de renunciar a los Presupuestos de 2024 y mantener los de 2023 prorrogados tendrá consecuencias. La ausencia de cuentas públicas nuevas congelará el gasto y la inversión, afectará a las comunidades y pone en entredicho la condonación de la deuda autonómica comprometida por el PSOE.
Sin embargo, sus efectos a la hora de limitar la acción de gobierno serán limitados. El Ejecutivo podrá recurrir al decreto para seguir desplegando su política económica. Además, partidas clave como las nóminas de funcionarios y pensionistas o los fondos europeos no deberían verse afectadas. Eso sí, todo hace pensar que la capacidad de gasto público se verá mermada. Un extremo que podría tener incluso efectos parajódicos sobre las cuentas públicas y reducir el déficit público.
"El impacto global de esta prórroga de los presupuestos va a ser la congelación de toda una serie de gastos, inversión y de gasto en consumo público que estaba previsto en el presupuesto", resume Raymond Torres, director de Coyuntura en Funcas. Cuando hablamos de congelación, nos referimos a que el Gobierno tiene que ceñirse a las referencias de gasto fijadas para 2023. Aunque esto no es así para todas las partidas, como el caso de las pensiones, cuya revalorización queda garantizada.
Por ejemplo, el compromiso de elevar el gasto en defensa progresivamente hasta el 2% del PIB o de aumentar la inversión en políticas como la vivienda se vería frenado. Desde las becas de educación, hasta las ayudas a la dependencia o el Iprem —el indicador que se usa para calcular buena parte de las ayudas sociales— quedarían congelados en los mismos importes que en 2023.
Para poder modificar el gasto en estas partidas, el Ejecutivo tendría que recurrir a la vía del real decreto, con su consiguiente convalidación posterior en las Cortes. Es decir, que todos esos nuevos programas de gasto o aumento de inversión que se tenía pensado incluir en los Presupuestos tendrán que tramitarse por vías separadas, lo que añadiría complejidad al proceso. No obstante, el Ejecutivo ha recurrido en varias ocasiones a los llamados decretos omnibus, en los que se aprueban numerosas normas, algunas de ellas sin ningún tipo de relación entre sí.
"[La prórroga] Básicamente afectaría a los proyectos más novedosos, los que se iban a poner en marcha al hilo de programa de gobierno", explica Diego Martínez, profesor en la Universidad Pablo Olavide e investigador en Fedea. El especialista apunta a que, tras la generalización del uso del decreto, las prórrogas "ya no son un cerrojazo al gasto", sino que admiten "muchas modificaciones".
Financiación autonómica y condonación de la deuda
Uno de los puntos más sensibles de la prórroga es la afectación que produce a los gobiernos autonómicos y locales. Las entregas a cuenta a las administraciones o las inversiones que hace el Estado en las regiones se consignan en los Presupuestos. Por tanto, quedarían congeladas en los niveles de 2023, lo que perjudicaría a los presupuestos de estas administraciones que contarían con menos recursos.
Los gobiernos autonómicos de Canarias, Andalucía, Galicia o Aragón (por citar algunos) ya han expresado sus quejas al Ejecutivo central por esta razón. No obstante, fuentes de Hacienda recogidas por la agencia Europa Press señalan que el Gobierno actualizará las entregas a cuenta a través de una enmienda al proyecto de ley por el que se convalidarán las ayudas anticrisis. La misma vía que se ha escogido para subir el sueldo un 2% a los empleados públicos.
Además, hay que recordar que después de que el PP decidiera tumbar la senda de déficit para las administraciones públicas en el Senado las comunidades y los ayuntamientos tienen menos margen para gastar. Fuentes de Hacienda consultadas por 20minutos confirman que se aplicarán los objetivos de déficit y deuda del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril, que son más restrictivos.
Lo que parece más difícil de salvar a través de decreto es la condonación de la deuda autonómica en manos del Estado que el PSOE pactó con ERC para Cataluña y el resto de comunidades autónomas. Diego Martínez cree que, sin presupuestos, quedará completamente parada al menos en 2024, pues implica mover decenas de miles de millones de euros. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido a Sánchez que cumpla con lo pactado aunque no haya presupuestos.
Déficit e impuestos especiales
Otra de las cuestiones que queda en el aire es qué ocurrirá con los dos impuestos especiales a banca y energéticas, que el Ejecutivo tenía pensado convertir en permanentes a través de los Presupuestos. De igual modo, a nivel fiscal, cualquier subida o bajada de impuestos que el Ejecutivo tuviese en mente deberá aprobarse por otra vía.
En el plano de las finanzas públicas, el menor margen de gasto que tendrá el Gobierno podría traducirse incluso en una bajada más rápida del déficit de lo esperado. "Paradójicamente, la prórroga presupuestaria podría ayudar a reducir el déficit respecto a los presupuestos no prorrogados", sostiene Raymond Torres. No obstante, el director de Coyuntura de Funcas cree que, aun así, España cerrará 2024 con un déficit algo superior al 3% que exigen las reglas fiscales europeas para este año.
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