El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido renunciar a presentar proyecto de Presupuestos Generales del Estado este año, tras el adelanto de los comicios en Cataluña, según han adelantado fuentes gubernamentales y posteriormente ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La batalla electoral que se avecina en la comunidad autónoma las próximas semanas no auguraba un escenario propicio para la negociación, con dos de los principales socios del Ejecutivo —Junts y ERC— enfrentados en las urnas y que competirán a su vez con el PSC. De modo que Montero no presentará el proyecto de cuentas públicas y elaborará más adelante el de 2025, cuando la situación política se haya clarificado.
La propia Montero ya había deslizado esta tarde que la convocatoria electoral en Cataluña para el próximo 12 de mayo podía "alterar" la negociación con los socios parlamentarios y, por tanto, dificultar la tramitación de las cuentas públicas. "Actualmente, los presupuestos en España están prorrogados desde el 1 de enero. Lo que toca es leer los acontecimientos y, siendo realistas, aprovechar estos trabajos y preacuerdos para trabajar en los presupuestos de 2025", ha señalado la vicepresidenta en una entrevista concedida a la Cadena Ser. "La realidad indica claramente que tenemos que aprovechar todo el trabajo técnico, pero también las conversaciones, los preacuerdos todavía no cerrados con la mayoría de las formaciones políticas", ha agregado Montero.
Con las elecciones vascas en abril y las catalanas en mayo, la capacidad de negociación de la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno —de cuyo voto favorable depende el destino de las cuentas— se iba a ver muy limitada por las contiendas autonómicas. Con la negociación previsiblemente paralizada hasta mayo, la entrada en vigor de la ley de Presupuestos se habría retrasado con total probabilidad hasta después del verano. Presentar unas cuentas públicas perdía sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que la elaboración de los Presupuestos para 2025 tendría que haber comenzado a la vuelta de vacaciones.
La convocatoria electoral supone el punto final de unas cuentas que no han llegado a nacer, pero cuyo proceso de elaboración ha estado jalonado de obstáculos desde el principio. El Ejecutivo no ha sido capaz de aprobar una senda de déficit en las Cortes, como exige la ley de estabilidad presupuestaria. La mayoría del PP en el Senado tumbó hasta en dos ocasiones los límites de déficit y deuda que proponía Montero —un paso previo imprescindible para poder presentar Presupuestos—, lo que llevó a la ministra a tomar una decisión inédita y aplicar las referencias del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril.
La vicepresidenta se escudó en un informe de la Abogacía del Estado que avalaba su interpretación, pero la falta de precedentes y las dudas sobre la legalidad del movimiento dejaban las cuentas públicas en un limbo ya incluso antes de nacer.
Pese a todo, el Gobierno decidió seguir adelante. Tras el 'no' definitivo del PP en el Senado hace solo una semana, Montero activó su plan y pisó el acelerador para presentar el proyecto lo antes posible. Llegó incluso a reunir a las comunidades autónomas al Comité de Inversiones Públicas con esta idea de despejar trámites rápido para llevar cuanto antes el anteproyecto de ley a Consejo de Ministros. Después quedaba lo más difícil, negociar las cuentas con los socios parlamentarios para conseguir el sí de todos a una ley que se aprueba capítulo a capítulo.
¿Y ahora, qué?
La ausencia definitiva de Presupuestos para 2024 hará que las cuentas de 2023, prorrogadas el 27 de diciembre del año pasado, permanezcan en vigor también este año. Este escenario no es nuevo para España. El propio Sánchez ya sabe lo que es gobernar con presupuestos prorrogados. Las cuentas públicas de 2018, aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, estuvieron en vigor en 2018, 2019 y 2020.
Sin embargo, el contexto actual es diferente. En primer lugar, porque España se planta en 2024 —el año en el que vuelven a estar activas las reglas fiscales europeas tras cuatro años de parón— con unas cuentas públicas diseñadas para el año anterior. España se ha comprometido a acometer un ajuste fiscal para reducir el déficit hasta el 3% del PIB y tendrá que hacerlo sin cuentas públicas, la ley fundamental de política económica del país.
La falta de presupuestos pone en entredicho también el despliegue de los fondos europeos de recuperación, que deberán estar ejecutados por completo en agosto de 2026. Las cuentas públicas son el principal vehículo de ejecución de los fondos europeos y son el marco para poder desplegar los préstamos del plan de recuperación, que comenzarán a recibirse este año.
Quienes pueden estar tranquilos son los pensionistas y funcionarios. La revalorización de sus nóminas está garantizada aunque estén en vigor las cuentas de 2023. La prórroga presupuestaria tiene en cuenta el gasto extra que supone aumentar las pensiones un 3,8% este año conforme al IPC. En el caso de los funcionarios, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció el martes que se aprobará la subida del 2% que les corresponde este año fuera de los Presupuestos, que os. Se hará a través de una enmienda al decreto de medidas anticrisis que se tramita como proyecto de ley.
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