La mayoría popular en el Senado ha tumbado por segunda vez la senda de déficit del Gobierno, un trámite fundamental para que el Ejecutivo pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2024. Este segundo revés a los objetivos de estabilidad es definitivo, por lo que la senda de déficit que planteaba el Gobierno decaerá definitivamente.
Sin embargo, el Ejecutivo no da la batalla por perdida y seguirá adelante con el proceso presupuestario, aunque sea sin senda de déficit. En su lugar, aplicará los límites de déficit que se comunicaron a la UE el pasado mes de abril, que dejan menos margen de gasto a comunidades y ayuntamientos. Una decisión inédita, cuya legalidad ha sido cuestionada por el PP y algunos expertos, pero que está avalada jurídicamente por un informe de la Abogacía del Estado al que ha tenido acceso 20minutos.
Tras el rechazo definitivo en la Cámara Alta, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que llevará próximamente el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado a Consejo de Ministros. Lo hará con unos límites de déficit del 3% sobre el PIB para el Estado; del 0% para las comunidades autónomas; una exigencia de superávit del 0,1% para los ayuntamientos y un desequilibrio máximo del 0,2% para la Seguridad Social. Estas referencias son las que se remitieron a Bruselas en abril y que el Consejo de la UE dio por válidas.
Estas referencias son más estrictas que las que Montero pretendía sacar adelante en el Senado. Con el plan de Hacienda, a las comunidades autónomas se les permitía un margen de déficit del 0,1% y a los ayuntamientos se les exigía equilibrio presupuestario. La vicepresidenta estima que, al fracasar sus objetivos, comunidades autónomas y ayuntamientos han perdido unos 4.500 millones de margen de gasto. Precisamente, la ministra había basado su estrategia de presión al PP para conseguir su apoyo en el Senado en que votar en contra de la senda de déficit del Gobierno implicaba peores condiciones para la administración territorial, donde el PP acumula buena parte del poder.
La senda de déficit es importante porque define el margen para gastar con el que cuentan todas las administraciones públicas en sus presupuestos. Cuanto más estrechos son los objetivos, menos margen de gasto tienen las administraciones públicas.
Un informe que avala la visión de Montero
La decisión del Gobierno de seguir adelante con los objetivos de déficit que se remitieron a Bruselas en abril se fundamenta en un informe que la Abogacía del Estado ha elaborado a petición de Montero. El documento, al que ha tenido acceso 20minutos, señala que el Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos Generales y a cumplir con el déficit máximo fijado por la UE se hayan aprobado o no objetivos de estabilidad.
"A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo [de la Unión Europea]", sostiene el texto rubricado por la Abogacía del Estado. El Consejo de la UE valoró favorablemente estos objetivos en julio del año pasado, prosigue el documento.
En consecuencia, el informe concluye que la forma que tienen las administraciones públicas para cumplir con el mandato constitucional del artículo 135.2 —el precepto que les obliga a no incurrir en déficit estructural—es "adecuar su actividad al contenido del referido programa de estabilidad". Es decir, que la forma de adecuarse a las exigencias de Bruselas para las comunidades y los ayuntamientos será cumplir con los umbrales de déficit que establece el Programa de Estabilidad de abril. En particular, añade el texto, "la Administración del Estado cumplirá con el mandato constitucional elaborando un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado adecuado a los objetivos de estabilidad y deuda pública contenidos en el programa de estabilidad".
Finalmente, el informe de la abogacía concluye que la regla de gasto se aplica de forma automática "sin que requiera ningún tipo de aprobación. Ello no obstante, la determinación del gasto computable se adecuará a la senda establecida en el plan de reequilibrio".
Siguiente paso: Consejo de Ministros
La propia María Jesús Montero ha confirmado que el siguiente paso en el proceso presupuestario será la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de las cuentas públicas. Fuentes de su departamento consultadas por este periódico no aclaran los plazos que maneja el Ejecutivo, pero el tiempo apremia cada vez más y la intención del Gobierno es presentarlos lo antes posible. El Gobierno todavía tiene que terminar de cerrar los apoyos parlamentarios para sacar adelante las cuentas públicas, que se votan en el Congreso capítulo a capítulo y deben recibir todos el visto bueno por mayoría absoluta.
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