Han pasado poco más de 100 días de legislatura y el Gobierno de Pedro Sánchez vive su momento más turbulento. El caso Koldo ha supuesto un importante revés para un presidente que llegó a Moncloa gracias a una moción de censura armada en torno a la corrupción del Partido Popular. Un presidente que cuenta con apenas unos días para alcanzar un pacto para amnistiar a Carles Puigdemont por presunta malversación (corrupción) y por el presunto terrorismo que, desde este jueves, investiga el Tribunal Supremo.
La batalla por la amnistía, cimiento de la legislatura, se complica enormemente tras la imputación de Puigdemont. Y a la vez el PSOE se ve repentinamente salpicado por una trama corrupta cuyo "epicentro" fue el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, ahora un verso suelto que desde el grupo mixto podría ser una traba más en cada votación parlamentaria. La corruptela, además, se produjo en los peores meses de la pandemia. Y las sospechas se ciernen sobre otros cargos socialistas que acudieron a la trama para comprar mascarillas, en especial sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuya dimisión pide el PP.
El terrorismo, clave en la negociación de la amnistía
El auto que dictó la Sala de lo Penal del Supremo contra Puigdemont incide en la esencia de unas negociaciones que se han prorrogado ya en dos ocasiones: ¿Cómo pueden incluirse en la medida de gracia las acciones investigadas en la causa de Tsunami Democràtic y en la de los CDR? El texto original de la norma proponía amnistiar los delitos de terrorismo siempre que no estuvieran condenados en firme, como los supuestamente cometidos por el independentismo.
Pero la respuesta no acabó de convencer a Junts, que a finales de enero pactó una reformulación con el PSOE para amnistiar el terrorismo (condenado o no) solo cuando no haya supuesto "vulneraciones de los Derechos Humanos", en particular "las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".
De esta forma, PSOE y Junts creyeron pactar una norma que pasaría el filtro del Tribunal Constitucional y la Justicia europea y a su vez protegería al expresident catalán, al que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón situaba en la cúspide de la organización -presuntamente terrorista- Tsunami Democràtic. Pero en los días siguientes a alcanzarse este acuerdo el instructor dictó un auto en el que señalaba que las acciones de la plataforma fueron "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Esta consideración, criticada por los independentistas y el Ejecutivo, que mantienen que no hubo terrorismo en las protestas de Tsunami, ahora ha sido asumida por el Supremo. La Sala de lo Penal indicó en su auto que "la afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo es incompatible con la definición que del terrorismo" que existe en el Código Penal.
En la recta final de las negociaciones, este movimiento del Supremo puede hacer más irreconciliables las posturas del Gobierno y el partido de Carles Puigdemont. Junts se reafirma en su idea de que el Poder Judicial español tratará de colarse por cualquier fisura de la ley de amnistía. "El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", tuiteó Puigdemont tras conocer su imputación por terrorismo.
El Gobierno, por su parte, lleva un mes convencido de la imposibilidad de ampliar la medida de gracia. La norma, tal y como está redactada, es "constitucional" y "acorde al Derecho europeo", y además "cubrirá a todos" los implicados en el procés. Así lo han mantenido desde enero los miembros del Gobierno, herméticos en lo que respecta a las negociaciones.
El pasado viernes, al ser preguntado por el auto, el ministro de Justicia indicó (como es habitual) que no opinaría sobre las decisiones judiciales y no revelaría información sobre el curso de las negociaciones con Junts. Tras sostener en las últimas semanas que lo ocurrido en el procés "no fue terrorismo", Bolaños apuntó el viernes que el Supremo no ha calificado "ningún hecho como terrorismo". "Simplemente asumió la investigación de unos hechos que podrían comportar distintos delitos. Pongamos normalidad en lo que ha sido un trámite procesal", zanjó Bolaños.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, fue un paso más allá y aseguró que la imputación de Puigdemont "no provoca ninguna interferencia" en las negociaciones de la ley de amnistía. Y señaló también que "este país sabe perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es".
El Partido Popular, sin embargo, está convencido de que el auto del Supremo ahonda aún más en la "debilidad" del Gobierno, ya de por sí "en shock" por el estallido del caso Koldo, que de momento se ha cobrado el carnet de afiliado de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
Armengol, en el punto de mira
La detención de 14 individuos el pasado 20 de febrero ha desembocado en un escándalo de corrupción sin precedentes en los Gobiernos de Pedro Sánchez, un mandatario que siempre ha hecho alarde de su pulcritud frente a un PP con todo un historial de corruptelas. Una semana bastó para que el PSOE expulsara a José Luis Ábalos por la imputación de su exasesor, Koldo García. Con esta decisión, los socialistas pretendieron establecer un cortafuegos y construir un relato que salvara los muebles en un momento delicado.
María Jesús Montero lo explico así esta semana: Ante las "cuestiones ilícitas", lo importante es "preguntarse cuál es la reacción de las formaciones políticas". La de su partido, defendió, se sustenta en tres ejes: en primer lugar, "frente a destruir pruebas, facilitar toda la documentación de interés". Después, "pedir responsabilidades políticas". Y por último, "promover una comisión de investigación para que se esclarezca todo lo que pueda estar en cuestión".
El Ejecutivo utiliza este relato para defenderse a la par que aprovecha para contraatacar al Partido Popular tras conocerse que Koldo García presumía de haberse reunido con el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado y con un tal "Alberto" en la sede de la calle Génova. Sumar, también desgastado por una legislatura de batallas internas, rechaza la estrategia del PSOE. Según Yolanda Díaz, en asuntos de corrupción "no sirve el 'y tú más". Mientras los socialistas tratan de desviar el foco, la trama Koldo amenaza con cobrarse nuevas cabezas entre sus filas.
El exasesor de Ábalos y sus socios lograron adjudicaciones del ministerio de Ábalos, pero también de Interior y de los Gobiernos de Canarias y de Baleares, encabezados en 2020 por dos socialistas que en esta legislatura han accedido a cargos de primera línea: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
Ahora que José Luis Ábalos, ya en el grupo mixto, aparece en la investigación como presunto "intermediario" de la trama, las sospechas se ciernen también sobre la expresidenta Balear. El PP considera que la situación de Armengol es "absolutamente insostenible" y que, por tanto, debe dimitir como presidenta del Congreso de los Diputados.
El PSOE, de momento, quiere abrir una comisión de investigación en el Congreso y se ha mostrado dispuesto a que la presidenta de la Cámara comparezca como investigada. "Hay que poner el foco en la comisión de investigación para que todos puedan pronunciarse y se pueda entender qué pasó", apuntó el viernes la flamante portavoz socialista, Esther Peña.
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