El caso Koldo, presunta corruptela en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, se cobró esta semana la cabeza del exministro de Transportes José Luis Ábalos, suspendido cautelarmente como militante del PSOE y expulsado del Grupo Parlamentario Socialista. Y ahora es la presidenta del Congreso, por su implicación en la trama cuando gobernaba Baleares, quien se sitúa en el ojo del huracán.
Este viernes, el Partido Popular concluyó que la permanencia de Francina Armengol al frente de la Cámara Baja es "absolutamente insostenible" y reclamó "su dimisión inmediata". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recalcó que Armengol "no puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado" mientras se suceden las informaciones sobre irregularidades en su gestión de la pandemia al frente del Ejecutivo Balear. Y avisó de que si la presidenta del Congreso no dimite, el PSOE debe cesarla. Si esto no ocurre, será el PP el que impulse "iniciativas para seguir exigiendo esta dimisión".
El portavoz popular, Borja Sémper, cogió el relevo de Gamarra y pidió, también el viernes, que el PSOE aplique con Armengol "la misma vara de medir" que utilizó con Ábalos. "Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El PSOE debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares e inaceptables y supuestamente constitutivas de delito", resumió Sémper.
Desde Baleares, la presidenta del Govern, Marga Prohens, completaba la ofensiva pidiendo explicaciones a su predecesora en el cargo. "De lo contrario, no puede seguir ocupando su cargo", zanjó.
El Gobierno, que seis días después de estallar el escándalo pidió a Ábalos que abandonara el escaño, no por estar imputado, sino por "responsabilidad política", mantiene por el momento su defensa de Francina Armengol. Según arguyó el viernes la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la presidenta de la Cámara Baja cumplió "escrupulosamente el procedimiento" de compra de material sanitario cuando encabezaba el Govern balear.
En una intervención realizada desde Barcelona, Montero subrayó que el juez "no cuestiona" la legalidad de los contratos firmados por el Gobierno de Armengol, y aprovechó para devolver la bola al tejado del PP. Esta semana se supo que Koldo García presumía de reunirse con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con un tal "Alberto", una información que los socialistas, y en particular Montero, han utilizado para tratar de desviar el foco.
Armengol dio por buenas mascarillas defectuosas
Desde que estalló el caso Koldo con la detención de 14 individuos el martes 20 de febrero, las informaciones señalaron a cuatro administraciones que habían contratado mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa central de la corruptela. La principal es el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, "epicentro" de la trama gracias a la intermediación de Koldo García, según la investigación que dirige el juez Israel Moreno desde la Audiencia Nacional.
Pero también el Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias que entonces presidía el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y, por último, el Gobierno de Baleares que encabezaba Francina Armengol. Este viernes, a medida que salían a la luz más informaciones sobre las pesquisas de Moreno, se supo que Francina Armengol certificó por escrito en agosto de 2020 que las mascarillas entregadas por Soluciones de Gestión eran "satisfactorias".
Sin embargo, las mascarillas eran defectuosas y el Gobierno de Armengol, que pagó 3,7 millones de euros por ellas, contaba con un informe que lo advertía. La comunidad insular había recibido un millón y medio de FFP2 que, según el análisis que se efectuó a su llegada, eran de calidad insuficiente. Aún así, el Servicio de Salud de Baleares emitió un certificado de conformidad con el pedido a solicitud de Soluciones de Gestión.
Además, sabiendo de la mala calidad del material sanitario, el Ejecutivo autonómico que presidía Armengol cargó el gasto a los fondos europeos Feder en diciembre de 2020. A día de hoy, según publicó El Mundo, las mascarillas permanecen almacenadas en el municipio mallorquín de Marratxí. Para lograr que la UE pagara el contrato, el Gobierno balear tuvo que rellenar un formulario en el que aseguró que Soluciones de Gestión había cubierto "la totalidad de lo solicitado".
En julio de 2023, sin embargo, el Servicio de Salud de Baleares reclamó una compensación económica de 2,6 millones de euros a la empresa, una cifra que se deriva de la diferencia entre el precio de las mascarillas FFP2 y el de las mascarillas quirúrgicas. Pero el certificado que corroboraba la validez del encargo complica que esta demanda prospere. Además, según la investigación, José Luis Ábalos pudo intermediar en dicha reclamación durante una reunión con su exasesor en la marisquería madrileña La Chalana, cita en la que García habría tratado de "influir" en beneficio de la empresa proveedora.
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