Aquel 11 de marzo de 2004 iba a ser un jueves cualquiera de finales de invierno en Madrid, pero muy pronto empezó a mancharse de sangre y lágrimas hasta convertirse en el día más trágico de la historia de España desde los tiempos de la Guerra Civil. La primera bomba estalló a las 7.36 h de la mañana en la estación de Atocha y en pocos minutos, de forma casi simultánea, explotaron otras nueve, todas ellas escondidas en trenes de Cercanías repletos de viajeros en plena hora punta de un día laborable. La masacre fue inevitable: 192 muertos, cerca de 2.000 heridos y un país entero conmocionado por el dolor.
Los terroristas depositaron las bombas camufladas en mochilas dentro de cuatro trenes de Cercanías distintos cuando pararon en la estación de Alcalá de Henares. Los cuatro trenes de la muerte partieron de ese apeadero rumbo a Madrid en un corto intervalo de tiempo (7.01 h, 7.04 h, 7.10 h y 7.14 horas) con las bombas programadas para explotar cuando llegaran a Atocha provocando así el mayor número de víctimas posible.
El plan funcionó a la perfección con el primer tren porque cuando estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha explotaron en menos de un minuto tres bombas que llevaba ocultas en los vagones 6, 5 y 4, provocando 34 muertos en el acto. Hubo una cuarta que no llegó a estallar y que más tarde sería explosionada por los Tedax.
Prácticamente al unísono, y antes de que llegaran a Atocha, explotaron las bombas introducidas en los otros tres Cercanías: en la estación de El Pozo del Tío Raimundo estallaron dos artefactos cuando el convoy de dos pisos emprendía la marcha causando 65 muertos (en ese tren había dos más que fallaron), otra bomba explotó en un tren en Santa Eugenia con el resultado de 14 fallecidos y las cuatro mochilas del cuarto Cercanías estallaron cuando se encontraba a la altura de la calle Téllez, muy cerca ya de Atocha, causando 63 muertos de forma casi inmediata. El resto de víctimas mortales, hasta llegar a las 192, se contabilizarían en las horas y días posteriores debido a los graves daños sufridos por los heridos.
Entre la primera y la última explosión habían transcurrido menos de cinco minutos. La hecatombe duró muy poco, apenas concedió tiempo para digerir o comprender lo que estaba ocurriendo, pero dejó un escenario apocalíptico: decenas de cadáveres desmembrados, heridos sangrando, mutilados tirados por los suelos, gritos de angustia, llantos... y un penetrante olor a muerte imposible de olvidar.
Madrid se convirtió en un ir y venir de ambulancias, las sirenas se escuchaban sin descanso por todas las calles y a los hospitales no dejaban de llegar heridos. Los servicios de emergencias se vieron rápidamente desbordados, pero pronto emergió la solidaridad de los madrileños, de muchos ciudadanos anónimos que no dudaron en echar una mano: taxistas que evacuaron a heridos en sus vehículos transformados en improvisadas ambulancias; vecinos que llevaron agua, comida y mantas para los afectados; médicos y enfermeros fuera de servicio que atendieron a las víctimas; colas en los bancos de sangre para donar plasma... incluso hubo quienes ayudaron a trasladar a heridos con sus propias manos desde las vías de la calle Téllez al improvisado hospital de campaña instalado en el cercano polideportivo Daoiz y Velarde.
La autoría del atentado: de ETA al terrorismo islámico
De la solidaridad de la gente se pasó en poco tiempo a la lucha en la arena política. A tres días de las elecciones generales, el Gobierno del entonces presidente José María Aznar responsabilizó a ETA del atentado desde el primer momento, cuando todavía podían existir dudas razonables sobre la autoría, pero siguió alimentando esa hipótesis durante dos días, aun sabiendo que todos los indicios apuntaban ya al terrorismo yihadista.
La banda terrorista ETA todavía estaba operativa en España en 2004 y era lógico pensar en ella como responsable de un atentado en nuestro país, pero la magnitud del ataque de aquel 11-M hizo sospechar pronto que detrás podía estar el terrorismo yihadista, para nada desconocido por entonces, pues un año antes había atentado contra intereses españoles en Casablanca, el 11-S aún estaba fresco en la retina de los ciudadanos y Osama Bin Laden era un personaje habitual en los telediarios. Es más, el terrorista saudí había amenazado solo unos meses antes a todos los países partícipes en la Guerra de Irak, entre ellos España.
Aun así, las primeras reacciones políticas señalaron a ETA, incluso el lehendakari Juan José Ibarretxe realizó una declaración institucional afirmando que los etarras no eran "vascos" sino "alimañas y asesinos"; y el entonces candidato del PSOE a la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, habló del "atentado más horrendo que haya cometido nunca ETA". En esa línea se expresaron todos y cada uno de los políticos que condenaron públicamente el atentado en las primeras horas tras la masacre. Solo se desmarcó Arnaldo Otegi, quien declaró que no contemplaba "ni como mera hipótesis" la autoría de ETA y responsabilizó a la "resistencia árabe".
Poco a poco, políticos, ciudadanos y, lo más importante, los cuerpos de Policía que investigaban el atentado también fueron desechando la hipótesis etarra y el Gobierno se quedó solo defendiendo esa vía de investigación. Mientras el ministro del Interior, Ángel Acebes, comparecía para afirmar que "sin ninguna duda" había sido ETA, se hallaba cerca de la estación de Alcalá una furgoneta Renault Kangoo con restos de Goma-2 ECO, detonadores y una cinta-casete en árabe con versos del Corán. Cuando Aznar salía en televisión señalando a ETA, los Tedax de la Policía Nacional ya habían analizado dos de las tres bombas que no estallaron en los trenes e informado de que el explosivo hallado era Goma-2 ECO y no el habitual Titadyn utilizado por ETA.
Había, además, otros indicios que descartaban la pista etarra: la furgoneta sospechosa no tenía la matrícula doblada, no hubo ninguna llamada previa avisando del atentado y tampoco hubo reivindicación del mismo, todo ello contrario al modus operandi de la banda.
A las 15.00 horas de aquel fatídico jueves, los investigadores ya habían descartado "por completo" la hipótesis de ETA, según reveló años después el jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, pero el Gobierno no informó del hallazgo de la Kangoo con versículos del Corán hasta pasadas las 20.00 h. Acebes dijo que se había abierto "una segunda vía de investigación", pero insistía en que la "prioritaria" seguía siendo ETA. Incluso hubo llamadas de Moncloa a medios de comunicación recalcando la autoría etarra y también se presionó a la ONU para que emitiera un comunicado de condena mencionando explícitamente a la banda vasca.
Pero la realidad se impuso. Aquella misma noche Al Qaeda se atribuyó el atentado en una carta enviada al periódico británico Al Quds Al Arabi, una reivindicación a la que Moncloa no dio ninguna validez porque al día siguiente Acebes seguía afirmando en televisión que "la principal línea de investigación" era ETA, banda que por la tarde llegó a negar su autoría a través de una llamada anónima al periódico Gara.
España respondió al atentando con multitudinarias manifestaciones en todas las principales ciudades ese viernes por la tarde. En la de Madrid, con más de dos millones de personas en la calle, un grito unánime de condena del terrorismo se unió bajo una pregunta: "¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?". La gente exigía saber la verdad.
Aquella tarde, los terroristas del 11-M reivindicaron el atentado a través de un vídeo grabado en una cinta que depositaron en una papelera cercana a la mezquita de la M-30. Una llamada anónima a Telemadrid alertó de la existencia de esa cinta Panasonic. "Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Es una respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán y habrá más si Dios quiere", afirmaba en árabe un hombre con el rostro oculto y que se autodefinía como "portavoz militar de Al Qaeda en Europa".
Acebes no compareció hasta pasadas las doce de la noche para informar del contenido de esa cinta. Dijo que era "una reivindicación realizada por un varón, en árabe y con acento marroquí", cuya identidad no había podido ser "acreditada" por los servicios de inteligencia y que, por lo tanto, había que tomar "con toda cautela".
El sábado 13 de marzo, jornada de reflexión y día del funeral de Estado por las víctimas, fueron detenidos tres marroquíes que colaboraron con los atentados, entre ellos Jamal Zougam, uno de los autores materiales, después de que la Policía siguiera el rastro de la tarjeta SIM de un teléfono móvil utilizado por los terroristas como temporizador. Era ya una certeza que el atentado era obra del terrorismo yihadista.
Aquel día se produjeron crispadas concentraciones frente a las sedes del PP de muchas ciudades, la más numerosa en la calle Génova de Madrid, que alteró el devenir de una víspera de elecciones. Los concentrados, convocados a través de mensajes SMS y con los ánimos exacerbados, señalaron al Gobierno por ocultar la verdad y lo responsabilizaron del atentado por haber metido a España en la Guerra de Irak.
El PSOE no desaprovechó la ocasión y Alfredo Pérez Rubalcaba compareció ante los medios en plena jornada de reflexión para exigirle al Gobierno "saber la verdad" y pedirle que no mintiera a los españoles. El PP había errado en su estrategia de mantener viva la hipótesis de ETA hasta el día de las elecciones y el domingo las urnas dieron una clara victoria a Zapatero, con una altísima participación ciudadana, a pesar de que las encuestas daban en campaña una ligera ventaja a Mariano Rajoy.
La inmolación de los terroristas en Leganés
Ajenos a la batalla política, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siguieron investigando en los días posteriores a las elecciones y acorralaron a los verdaderos terroristas del 11-M: una célula yihadista que llevaba años anclada en España.
Los Tedax no tardaron en determinar que los explosivos habían salido de una mina asturiana, Mina Conchita, y esa pista llevó a la detención de un grupúsculo de delincuentes comunes, encabezados por el exminero José Emilio Suárez Trashorras, que fueron quienes facilitaron la Goma-2 ECO a los yihadistas a cambio de varios kilos de hachís. La Policía también localizó un chalet en el municipio madrileño de Chinchón en el que los terroristas prepararon las bombas antes del atentado.
Pero la célula yihadista era, sin duda, la gran preocupación de los investigadores porque todavía tenía en su poder una gran cantidad de explosivos y podía volver a atentar en cualquier momento. Lo intentó, de hecho, en un ataque frustrado contra el AVE, que habría provocado una matanza similar a la del 11-M. Afortunadamente, un trabajador de Renfe localizó el 2 de abril la bomba colocada en la vía de la línea Madrid-Sevilla, a la altura de Mocejón (Toledo), y dio parte a la Guardia Civil.
Al día siguiente, la Policía localizó en Leganés el piso en el que estaban refugiados los yihadistas y rápidamente desplegó un gran operativo para acordonar la zona y desalojar a los vecinos, aunque un terrorista, Abdelmajid Bouchar, logró escapar y no sería detenido hasta el año 2005, en Serbia. Los siete terroristas restantes se atrincheraron en el interior del piso y, al verse rodeados y sin escapatoria, se inmolaron provocando una gran explosión cuando los GEO iniciaban el asalto al inmueble, lo que causó la muerte de un agente de operaciones especiales, el subinspector Javier Torronteras.
Los terroristas inmolados y que formaban la llamada célula de Leganés eran Jamal Ahmidan 'El Chino', Serhane Ben Abdelmajid 'El Tunecino', Allekema Lamari, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad, Asrih Rifaat y Abdennabi Kounjaa. La identificación de estos yihadistas abrió nuevas líneas de investigación y propició más de un centenar de detenciones en los días y semanas posteriores.
Cinco meses de juicio y 21 condenados
El juicio por el 11-M se celebró en 2007 en un pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, con 29 acusados sentados en el banquillo (15 marroquís, nueve españoles, dos sirios, un argelino, un libanés y un egipcio) y más de 600 testigos. Presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, el proceso duró casi cinco meses y la sentencia, dictada el 31 de octubre, condenó a 21 acusados y absolvió a ocho.
La sentencia consideró probado que los autores materiales del atentado fueron los siete yihadistas que se suicidaron en Leganés, junto a Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, condenados ambos a 42.922 años de cárcel, las dos máximas penas impuestas por el tribunal. Además, los jueces determinaron que Trashorras fue "colaborador necesario" de la célula yihadista al facilitarle los explosivos, por lo que fue condenado a 34.715 años de prisión. El resto recibieron penas de entre dos y 18 años de cárcel. La Audiencia Nacional también dejó claro en la sentencia que "ninguna prueba avala la tesis" de que ETA participó en el atentado.
La sentencia de la Audiencia Nacional fue modificada en parte en 2008 por el Tribunal Supremo, que absolvió a cuatro condenados, rebajó cinco penas y condenó a un absuelto. De todos los condenados por el 11-M, solo tres permanecen en prisión 20 años después de la masacre: Jamal Zougam, Othman el Gnaoui y Suárez Trashorras.
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