La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia por un importe de 22,9 millones de euros, de los cuales los empresarios se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones. Al respecto, la Fiscalía ha matizado que los hechos no guardan relación con el llamado 'caso Koldo'.
Entre los investigados se encuentran el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna. En un comunicado, el ministerio fiscal ha explicado que dicha investigación se inició tras la presentación de denuncia por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la AEAT, que obserrvó una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
Ramírez ha confirmado a EFE que la querella se dirige con él, contra Bravo de Laguna, Christian Cerpa Espino y Noel Jammal Fernández, pero ha aclarado que el juzgado que se ha hecho cargo de la causa solo ha admitido la acusación de fraude a Hacienda.
Los hechos denunciados son "inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda preciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación", señala la juez en el auto de admisión de la querella, cuyo fallo ha sido facilitado por el propio Miguel Ángel Ramírez.
Las entidades y empresarios investigados
Las entidades mercantiles 'Damco Trading Services, SA' y 'Tanoja Services, SL', ambas con domicilio fiscal en Madrid, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la emergencia sanitaria por covid-19 para el suministro de material sanitario destinado a los hospitales canarios.
De esta manera, Damco facturó al SCS un total de 15.891.610 euros en el año 2020 y 2.786.000 euros en 2021; mientras que Tanoja Services facturó al SCS en 2021 unos 4.230.000 euros. El comunicado de la Fiscalía agrega que parte de las cantidades recibidas por ambas entidades fueron después transferidas a otras dos entidades mercantiles.
Noel Jammal Fernández aparece como el administrador único de las dos compañías que están siendo investigadas, Damco Trading Services y Tanoja Services, y que tienen domicilio fiscal en Madrid.
En cuanto a Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna, presidente del partido Unidos por Gran Canaria, la Fiscalía los vincula a dos entidades mercantiles a las que cree que se transfirieron los fondos ingresados por Damco Trading Services y Tanoja Services. A Christian Cerpa Espino también se le relaciona con el destino final del dinero presuntamente malversado.
Sin embargo, el ministerio fiscal ha señalado que ninguno de los perceptores de los importes transferidos justificó la realización de actividad alguna de la que deriven los ingresos de que fueron beneficiarios.
Ramírez ha asegurado que él no vendió material alguno al Servicio Canario de Salud, sino que su papel fue de intermediario en la operación, como representante en las Islas de Damco Trading Services y Tanoja Services, sociedades de Noel Jammal Fernández, en una operación para la que subcontrató a Bravo de Laguna y Cerpa. Así, ha insistido en que "todas las mercancías que se pidieron fueron entregadas" y que confía en demostrar que no se cometió ilícito alguno.
Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el SCS contrató a estas empresas para que le suministraran mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes de nitrilo e hisopos -bastoncillos de uso hospitalario con los que tomaban las muestras para las pruebas de Covid-, entre otro material sanitario.
Los expedientes precisan que parte del dinero utilizado para la compra de este material sanitario procedía de fondos europeos. Ello motivó que la Fiscalía de Las Palmas elevara una consulta a la Fiscalía Europea para conocer si quería hacerse cargo de la instrucción, pero esta decidió que la investigación siga su curso en el juzgado grancanario que ha admitido a trámite la querella, han precisado fuentes del Ministerio Público.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, también por la compra de cubrebocas.
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